Confronta problemas con las metas que le impuso la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y que debe completar para el año 2015.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) confronta problemas para cumplir con la ley que estableció el porcentaje mandatorio para el uso de energía renovable en el país, así como con las metas que le impuso la estadounidense Agencia de Protección Ambiental (EPA) y que debe completar para el año 2015.
La información se ofreció este martes, durante una audiencia pública de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes, que evalúa el cumplimiento de la AEE de las guías que establece la Ley 82 de 2010, sobre la entrada de energía renovable al sistema.
La ingeniero Sonia Miranda Vega, directora de Planificación y Protección Ambiental en la AEE, informó que su corporación pública contrató los servicios de una compañía que hará un estudio de integración de proyectos de energía renovable a su sistema.
El estudio, explicó, debe evaluar y cuantificar el impacto que tiene sobre el sistema eléctrico la integración de niveles significativos y específicos de energía renovable “de naturaleza variable e intermitente”.
Debe también determinar el impacto económico sobre el despacho y los costos de producción; los niveles óptimos y límites máximos de penetración, basados en las condiciones existentes del sistema; evaluar o identificar tecnologías o alternativas que permitan optimizar la red eléctrica para atender los niveles de penetración de la energía renovable y determinar el impacto económico y cuantificar los costos de producción requeridos.
Miranda Vega detalló la situación con los contratos de producción de energía renovable y expuso los problemas que provocó a la AEE la forma en que se manejó este asunto.
Indicó que existen al presente 63 contratos suscritos de generación de energía renovable que se distribuyen en 46 que producirían energía mediante tecnología solar fotovoltaica, diez que lo harían mediante tecnología eólica, tres que convertirían desperdicios sólidos en energía eléctrica, y cuatro que recuperarían los gases del vertedero para la producción de energía.
Además, dijo que existen ya firmados “varios acuerdos maestros, de los cuales restan por contratar 600MW de energía en ocho de estos”.
Planteó que “la capacidad contratada en los 63 proyectos representa aproximadamente un 51% de la demanda máxima actual del sistema eléctrico. Si tomamos en consideración la capacidad adicional contratada en los acuerdos maestros, esto representaría alrededor de 69% de la demanda máxima actual”.
La portavoz de la AEE expuso que los contratos “contienen varias cláusulas contractuales que resultan poco favorables en el precio de energía que proveemos a nuestros clientes”.
Entre esas cláusulas mencionó que el precio base de energía es muy alto comparado con otras jurisdicciones, y que dicho precio base tiene además un escalador de 2% anual.
Presentó como ejemplo el de un proyecto solar fotovoltaico con un contrato de 20 años, en el que el costo de la energía comprada por la Autoridad comenzaría en 18.5 centavos por kilovatio hora y al final del término sería de 25.79 centavos.
“Además del impacto económico de estos contratos, existen otras implicaciones de naturaleza técnica que pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico”, sostuvo Miranda.
“Otras implicaciones están relacionadas al desplazamiento de unidades convencionales de generación. Según la Autoridad ha manifestado recientemente en diferentes foros, el sistema eléctrico de la Autoridad no está diseñado y construido para manejar el total de la capacidad contratada”, declaró la ingeniero.
El presidente de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, César Hernández Alfonzo, no estuvo conforme con la explicación de la AEE y cuestionó la razón por la que no se haya avanzado y cumplido con la ley que estableció los por cientos mandatorios de energía a producirse a través de fuentes renovables y que la corporación no pueda cumplir con los nuevos estándares de calidad de aire que entrarán en efecto en el 2015, impuestos por la EPA.
“La ley existe y hay que considerarla. Todavía no entiendo por qué no se consideran sus disposiciones para poder cumplir con las agencias reguladoras. No entiendo la resistencia a utilizar nuevas fuentes de energía para estar en cumplimiento e integrar la energía renovable dentro del sistema”, declaró el legislador.
La excarcelación de López Rivera ha sido apoyada por los congresistas Luis Gutiérrez, Nydia Velázquez y José Serrano.
Treinta y dos figuras públicas de diversos trasfondos e ideologías políticas unirán esfuerzos el próximo miércoles 29 de mayo en una peculiar protesta simbólica dirigida a poner de manifiesto las condiciones en que ha vivido encerrado por los pasados 32 años el preso político Oscar López Rivera.
La actividad, en que figuras como el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, la líder estadista Miriam Ramírez de Ferrer y el expelotero Carlos Delgado permancerán no más de 45 minutos "presos", coincide con la fecha en que López Rivera cumple 32 años años de encierro.
“El evento 32 x Oscar pretende llamar la atención sobre la crueldad que representa mantener prisionero a López Rivera, apartado de su tierra y su familia, quien además ha mantenido una conducta ejemplar en prisión, y destacar la deshonra que significa para una nación democrática mantener encarcelado a un ser humano íntegro, que luchó y fue condecorado por su participación en la Guerra de Vietnam y que luego abrazó sus ideales por la patria puertorriqueña”, expresó en un comunicado de prensa Fernando Cabanillas, portavoz de la campaña de derechos humanos 32 x Oscar.
Aparte de los ya mencionados, participarán el padre Ángel Darío Carrero; el alcalde de Yauco, Abel Nazario; la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; la escritora Mayra Montero; el actor y cineasta Jacobo Morales; el ex candidato a la gobernación, Juan Dalmau; la exsenadora Norma Burgos y la senadora María de Lourdes Santiago.
También dirán presente los artistas Nicky Quijano, Rafael Trelles, René Monclova, Carmen Nydia Velázquez y Víctor Alicea. Igualmente, se han unido a la causa el reverendo Ángel Luis Rivera Agosto y la exsenadora Velda González, entre otros.
La excarcelación de López Rivera ha sido apoyada por los congresistas Luis Gutiérrez, Nydia Velázquez y José Serrano. En el 2010, el comisionado residente Pedro Pierluisi también solicitó la liberación del puertorriqueño
Según se explica en el comunicado, los presos simbólicos por Oscar se encerrarán, turnándose por períodos no mayores de 45 minutos, desde las 12:01 a.m. del miércoles hasta las 12:00 a.m. de ese día, como parte de la campaña de derechos humanos que exige la excarcelación del puertorriqueño.
Las celdas, que recrean con exactitud las dimensiones y el aspecto del módulo donde está encarcelado Oscar, se levantarán en cinco plazas: la Plaza de Armas del Viejo San Juan, la Plaza de Colón, en Mayagüez, la plaza Las Delicias, en Ponce, y las plazas públicas de Caguas y Arecibo.
Oscar López Rivera, de 70 años y natural de San Sebastián, fue acusado de lo que se conoce como conspiración sediciosa por sus vínculos con el grupo clandestino Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). En 1980, fue sentenciado a 78 años de cárcel.
Doce de esos 32 años los pasó en confinamiento solitario, sin poder tener contacto con su familia, se indica en el comunicado.
López Rivera es el prisionero político puertorriqueño que más tiempo ha estado tras las rejas en los Estados Unidos. Esto, tras la liberación en el 2010 de Carlos Alberto Torres, quien cumplió una sentencia de 30 años de cárcel, también por conspiración sediciosa.
En 1999, López Rivera rechazó un indulto del entonces presidente Bill Clinton en solidaridad con otros presos como Carlos Alberto Torres que no recibieron la oferta. El perdón también implicaba que tenía que cumplir 10 años más en la cárcel.
López Rivera nunca fue acusado ni hallado culpable de causar daño o muerte a persona alguna. Sin embargo, en el 2011 la Junta de Libertad bajo Palabra de Estados Unidos le negó la opción de ese tipo de excarcelación, declarando que tendría que cumplir otros 15 años antes de ser elegible para una reconsideración.
El secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, ordenó la tarde del martes a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor que inicie una investigación sobre las imputaciones de un posible fraude electoral en el Municipio de Cataño.
“Varios medios noticiosos reportaron hoy denuncias sobre un posible fraude electoral en el Municipio de Cataño. Por tal razón, le he solicitado al fiscal Alberto Valcárcel Ruiz que, junto a su equipo de trabajo, proceda a investigar esta denuncia con la misma celeridad y énfasis que le hemos brindado a la investigación sobre el fraude cometido en las primarias del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo, en el 2012”, señaló Sánchez Betances en un comunicado de prensa. Valcárcel Ruiz es el director de la mencionada división.
Más temprano, el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez indicó que de acuerdo con reportes de El Nuevo Día, existe evidencia testifical que supuestamente involucra a familiares y allegados del alcalde de Cataño, José Rosario, que hoy ocupan cargos en el ayuntamiento o son contratistas del municipio.
Declaraciones juradas de funcionarios electorales y otros miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) sostienen que, al menos 16 electores, se inscribieron con direcciones falsas para poder votar en Cataño por el Partido Popular Democrático (PPD).
Meléndez recordó que esos electores fueron recusados efectivamente previo a las elecciones de noviembre, pero los ciudadanos presuntamente recurrieron a las Juntas de Inscripción Permanentes que se habilitan de manera temporera días antes del evento electoral para poder reinscribirse nuevamente como votantes de Cataño con otras direcciones falsas.
"El fraude era evidente. Había la intención de violentar el Código Electoral de Puerto Rico... Había un plan, un esquema concertado. Estas personas no solamente fueron electores en Cataño, también fueron funcionarios de colegio que tuvieron acceso a papeletas y contar votos", señaló el representante novoprogresista.
En ese grupo que trabajó como funcionarios de colegio, figura una hermana del alcalde de Cataño, según Meléndez.
Con 7,902 votos a su favor, Rosario prevaleció en la contienda por la alcaldía en los pasados comicios por 95 votos ante el candidato del PNP, Félix "El Cano" Delgado, según los resultados de la CEE.
Varias calles y carreteras se vieron afectadas esta tarde debido a las fuertes lluvias. (dennis.pichardo@gfrmedia.com)
Varias calles y carreteras se vieron afectadas esta tarde debido a las fuertes lluvias.
El director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Miguel A. Ríos Torres, actualizó el informe de calles y carreteras anegadas por la lluvia de las pasadas horas, principalmente en la zona metro de San Juan.
En Guaynabo, se inundó la calle 20 de la urbanización Ponce de León; la calle California; la carretera PR-833, kilómetro 12.8 cerca de Willie’s Pinchos; avenida Los Filtros en dirección hacia Bayamón; la carretera PR-177 a la altura de Borinquen Gardens; y la avenida Esmeralda intersección con la calle Crisalda.
En Cupey, Río Piedras, se inundó la carretera PR-844, y la carretera de Paseo de Cupey. También hubo quebradas fuera de su cauce en la urbanización Cupey, detrás del motel Del Valle y la urbanización Caldas en el mismo sector.
Ríos Torres agregó en una comunicación escrita, que en Río Piedras se inundó la carretera frente al hospital San Gerardo, la calle Loíza en la urbanización Cerezal, y la avenida 65 Infantería frente a la tienda Burlington.
En Bayamón, la calle 17, bloque 15, en la urbanización Santa Rosa en Bayamón, una vivienda se inundó; también se anegó la avenida West Main, el bloque 51 de la urbanización Santa Rosa; y la avenida teniente Nelson Martínez de la urbanización Alturas de Flamboyán.
También se registraron varias calles intransitables en la urbanización San Francisco en Río Piedras, la avenida De Diego, y sector Matadero en Puerto Nuevo.
En Cataño, hubo inundación en una casa en la calle 19 de la urbanización Las Vegas.
En Mayagüez, ocurrió deslizamiento de terreno en la carretera PR-105 kilometro 4.
Supuestamente, los hechos ocurrieron en el 2011, cuando el perjudicado tenía 9 años y cursaba el cuarto grado.
El juez Harry Massanet, del Tribunal de San Juan, determinó este lunes causa para arresto contra el maestro Iván Maraver Marrero, de la escuela Loaíza Cordero en Santurce, por violaciones a la Ley 177 de Maltrato a Menores por hechos ocurridos durante el 2011, cuando el perjudicado tenía 9 años y cursaba el cuarto grado.
El Departamento de Justicia informó en un comunicado de prensa, que la vista preliminar quedó señalada para el 4 de junio próximo, en la sala 605, del juez Enrique Silva.
Contra Maraver Marrero pesa también un cargo de agresión menos grave, en relación con el mismo estudiante. El juicio, por este último cargo quedó reseñalado para vista de status el 25 de junio, en la sala 1101 del Centro Judicial de San Juan.
Inicialmente, el ministerio público, representado por los fiscales Gretchen Pérez Catinchi y Dwight Santiago, imputó al profesor de música del instituto para niños y niñas no videntes un cargo de maltrato a menores, un cargo de actos lascivos y un cargo de amenaza a testigos.
Sin embargo, en la vista de causa para arresto realizada el pasado 17 de abril, un magistrado determinó causa por el cargo de amenaza a testigos.
El magistrado no encontró causa por el delito original de actos lascivos, pero redujo el cargo a agresión simple, que por tratarse de un delito menos grave, pasó directamente a la etapa de juicio en la sala de la jueza Gisela Alfonso Fernández.
Según la prueba del ministerio público, el maestro supuestamente agarró a su estudiante por los genitales cuando el menor, que ahora tiene 11 años, regresaba del baño.
Pese a esta situación, el niño no reveló el supuesto incidente y continuó tomando sus clases con el maestro.
Dos años después, el menor decidió revelar el supuesto incidente cuando uno de sus compañeros le confesó en una guagua escolar que el educador lo había agredido físicamente.
Un representante popular, que se opone al P del S 238, subió a las gradas para hablar con la pastora Wanda Rolón.
El cabildeo en torno al Proyecto del Senado 238 se dividía este lunes en la noche en dos grupos principales, mientras la sesión de la Cámara se mantenía en receso desde las 5:00 p.m.
Un grupo incluyó a emisarios de La Fortaleza que insistían en procurar que la medida para combatir el discrimen en el empleo contra personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero sea aprobada sin mayores cambios a los insertados en el Senado.
Sin embargo, un segundo grupo procuraba insertarle enmiendas sustanciales para hacer constar que sus disposiciones aplicarán exclusivamente al ámbito laboral y cambiar sustancialmente la exposición de motivos, así como parte del alcance original, según lo propuesto por el senador popular Ramón Luis Nieves.
Durante la tarde, entre otras propuestas consideradas para adelantar el trámite legislativo de la medida, se comentó un plan para modificar drásticamente sus disposiciones e intentar que fueran similares al Proyecto de la Cámara 1725 aprobado en el cuatrienio pasado.
Sin embargo, revivir una versión de esa medida, que enmendó la Carta de Derecho de los Jóvenes, no fue recibida con simpatía por líderes del sector religioso encabezado por la pastora Wanda Rolón.
Un representante popular, que se opone al P del S 238, subió a las gradas para hablar con Rolón y otros de sus colaboradores con el objetivo de informarles sobre propuestas de enmienda que estaban en curso a las 6:00 p.m. centradas en disposiciones del Proyecto 1725.
Después de esa hora hubo un segundo caucus no anunciado de los populares, que abandonaron por una hora el hemiciclo de la Cámara y comenzaron a regresar a las 7:00 p.m. Sin embargo, la sesión no se había reiniciado entonces y el presidente del cuerpo Jaime Perelló no había pisado el hemiciclo.
Perelló se mantuvo en sus oficinas desde el mediodía cuando encabezó el primer caucus para discutir el alcance del Proyecto 238 y otras medidas que tenía previsto bajar a la consideración del cuerpo en horas, pero sus espectativas parecían esfumarse con el paso de las horas de un largo 20 de mayo.
Tuvo la oposición de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista y del Partido Independentista Puertorriqueño.
El Senado aprobó este lunes un proyecto de ley que permitiría a los registradores de la propiedad desempeñarse simultáneamente en otro puesto gubernamental, y que también otorgaría al Departamento de Justicia discreción para designar registradores de la propiedad especiales de necesitarse más asistencia en la inscripción de los títulos o escrituras de propiedades.
La ratificación de la medida ocurrió horas después de que el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, advirtiera en las vistas de presupuesto en la Cámara de Representantes sobre las "graves consecuencias" económicas que tiene el atraso en la inscripción de documentos en el Registro de la Propiedad.
Según Sánchez Betances, para el mes de marzo, había 260,000 documentos pendientes de inscripción.
La pieza legislativa de la autoría del senador popular, Aníbal José Torres, fue aprobada con la oposición de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
"Este es el inicio de una reforma integral del derecho inmobiliario", señaló Torres al presentar el informe que recomendó la aprobación de la pieza.
El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) resaltó que la intención de su proyecto es darle a la secretaría de Justicia la "flexibilidad" necesaria para administrar los recursos del Registro de la Propiedad de la manera que entienda maximizaría la efectividad de esa dependencia pública.
La medida permite que, cuando "lo entienda conveniente", el secretario de Justicia autorice extender nombramientos de registrador especial a abogados de esa agencia o de otras instrumentalidades públicas que cumplan con los requisitos dspuestos en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad.
"Los abogados nombrados en virtud de este artículo tendrán las atribuciones de un registrador de la propiedad. Esta designación será por un término mínimo de dos meses, el cual podrá ser prorrogado por un término de 12 meses adicionales, si la necesidad del servicio aún persiste", reza el proyecto legislativo.
Además, el secretario de Justicia podrá otorgar una dispensa a los registradores de la propiedad para que ocupen simultáneamente alguna otra posición en el gobierno "cuando ambos cargos o puestos no sean incompatibles ni exista la posibilidad de conflicto de intereses".
Actualmente, estos funcionarios solo pueden desempeñarse paralelamente en tareas docentes o académicas.
"La prohibición... limita injustificadamente la aportación intelectual y profesional que los registradores pueden ofrecer al gobierno", sostuvo Torres.
La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, dijo favorecer algunas disposiciones del proyecto, pero objetó que se eliminara la obligación en todos los Registros de la Propiedad de mantener estadísticas completas y detalladas de todos los bienes inmuebles o derechos sobre la propiedad que se inscriban en las oficinas.
El proyecto de ley, según aprobado, confiere al titular de Justicia la discreción de llevar las estadísticas que "entienda pertinentes y necesarias" para el funcionamiento del Registro de la Propiedad.
