El acusado mientras es sacado del tribunal en la noche de hoy. (jose.reyes@gfrmedia.com)
El testimonio de la agente Aquino continuará el próximo martes a la 1:30 p.m.
La exabogada de Roberto Quiñones Rivera, acusado por la muerte de su pareja consensual Yexeira Torres Pacheco, saldó una deuda que él tenía pendiente para finales del 2011, con la empresa Caribbean Self Storage en Carolina, por el alquiler de un espacio, y removió de allí unas pertenencias que le quedaban a su cliente, trascendió durante la continuación de la vista de supresión de evidencia.
Sheila Ramos Hernández, gerente de Caribbean Self Storage, ahora Extra Space Storage, explicó que luego del allanamiento que hizo la Policía el 11 de noviembre de 2011, en dos espacios para almacenamiento que aparecían alquilados a nombre de Quiñones Rivera, decidieron subastar lo que quedó en el espacio numerado “2225”, porque reflejaba una deuda.
Entre los artículos vendidos en subasta había telas de tapicería, una silla de auto y sillones, dijo Ramos Hernández hoy en la vista que preside la jueza Berthaida Seijo, del tribunal de Carolina.
A preguntas de Seijo, la testigo precisó que las pertenencias que quedaban en el espacio “4814” –entre las cuales había una lavadora y secadora- fueron removidas de allí por la anterior representante legal de Quiñones Rivera, a quien no pudo identificar.
La licenciada Patricia Miranda fue quien representó al expolicía en el caso por apropiación ilegal y falsificación de documentos, por el cual Quiñones Rivera fue declarado culpable y está cumpliendo actualmente 42 meses en prisión.
Según Ramos Hernández, la abogada -de quien no se ofreció nombre- llegó en compañía de un hombre a los almacenes. Luego de que ella saldara la deuda del espacio “4814”, se le permitió acceder al lugar que se mantenía en “over-lock”, sacar los artículos y trasladarlos a otro espacio que fue alquilado ese mismo día.
No precisó a nombre de quién fue arrendado ese nuevo espacio, pero aseguró que no era Quiñones Rivera.
A preguntas de Jorge Gordon Menéndez, abogado de Quiñones Rivera, la testigo reconoció que la abogada no presentó autorización de su cliente para acceder a los espacios de almacenamiento, y que ni ella ni el hombre que le acompañaba figuraban en el contrato de arrendamiento como personas autorizadas a entrar.
“Como era la abogada (de Quiñones Rivera) se le permitió entrar”, dijo la gerente, quien descartó haber hecho gestiones para corroborar con el ahora acusado si había autorizado a su representante legal a trasladar sus cosas.
Por otro lado, la testigo afirmó no haber recibido ninguna reclamación del exagente por habérsele permitido el acceso a la abogada.
Luego de Ramos Hernández, ocupó la silla de los testigos la policía Lorimel Aquino, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), quien acogió asumió la pesquisa sobre la desaparición de Yexeira el 31 de octubre de 2011.
Según Aquino, ese día entrevistó a Iris Pacheco, madre de la joven bailarina, quien un día antes había presentado en la Comandancia de Carolina la querella de persona desaparecida.
“Ella me indica que desde el 24 de octubre (de 2011) no sabía de su hija, que la última vez que la vio fue a bordo de la guagua de la pareja consensual en la que irían a realizar un trabajo de tapicería a Bayamón”, relató la oficial, quien describió la guagua como una Ford, Econoline, blanca y del año 1999.
El mismo día, indicó, entrevistó también a Israel Serrano Colón, padrastro de Yexeira, y al agente José González, quien fue el que tomó la querella el día anterior. También intentó localizar algún familiar de Quiñones Rivera y dio con unos tíos de él en Canóvanas.
Sin embargo, no logró conseguir información referente a Yexeira y el acusado.
Aquino dijo haber pasado por la casa que la pareja compartía en Villa Carolina, donde dejó citaciones a Quiñones Rivera. También preparó el “requisitorio de persona desaparecida”, que fue colocada en todos los cuarteles de la Policía y divulgada a los medios de comunicación.
Finalmente, relató que el 2 de noviembre, la madre de Yexeira le proveyó en número de tablilla de la guagua Econoline. Dicha información fue incluida en el registro de persona desaparecida del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés).
El testimonio de Aquino continuará el próximo martes a la 1:30 p.m.
“Aquí hay un elemento también de empatía con el país. Si tú tienes un alcalde que está reduciendo el déficit, que lo ha eliminado versus un alcalde que continuamente aumenta su déficit, pues yo creo que ahí el país, no el secretario de Justicia debe evaluarlo”, señaló el también presidente del PPD. (Suministrada)
El mandatario declaró que le corresponde al pueblo evaluar a aquellos alcaldes que, con déficits en sus municipios, se aumentan los sueldos.
La evaluación sobre los aumentos salariales de 19 alcaldes que anunció el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, recibió el apoyo del gobernador Alejandro García Padilla, quien insistió en que no se trata de una investigación contra los ejecutivos municipales de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista.
Sánchez Betances, al hacer este anuncio, afirmó que si se ignoraron los siete criterios establecidos por ley como guías para aprobar los aumentos, esas mejoras de sueldo serían "nulas" y los alcaldes que se han beneficiado tendrían que devolver dinero al erario.
“No es una investigación contra los alcaldes. El secretario de Justicia fue muy claro de que es una solicitud (supoena) civil de documentos para evaluar si las asambleas municipales cumplieron con los requisitos de la Ley de Municipios Autónomos a la hora de aprobar los aumentos de sueldo”, sostuvo el Gobernador.
“Si la asamblea municipal cumplió con los requisitos no hay problema. La Constitución dice claramente que nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Me parece inaudito que haya oposición a que nosotros evaluemos si se ha cumplido con la ley”, dijo este miércoles García Padilla al concluir una actividad en Camuy.
El mandatario declaró que le corresponde al pueblo evaluar a aquellos alcaldes que, con déficits en sus municipios, se aumentan los sueldos.
“Aquí hay un elemento también de empatía con el país. Si tú tienes un alcalde que está reduciendo el déficit, que lo ha eliminado versus un alcalde que continuamente aumenta su déficit, pues yo creo que ahí el país, no el secretario de Justicia debe evaluarlo”, señaló el también presidente del PPD.
Sánchez Betances explicó que los requerimientos de información entregados por agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) a los presidentes de 19 asambleas municipales estipulan un término de diez días para someter al Departamento de Justicia “toda la documentación relacionada con el proceso de aumento de salario a sus respectivos alcaldes”.
Al culminar la evaluación de esos documentos, como parte de una investigación civil que comprende alzas salariales legisladas de 2006 hasta el presente, “podremos determinar si, al momento de aprobar dichos aumentos, se tomaron en consideración siete criterios plasmados en la Ley de Municipios Autónomos validados por nuestro Tribunal Supremo, además del reglamento aplicable”, explicó el Secretario de Justicia.
Precisó que los requerimientos de información se sometieron temprano a las legislaturas municipales de Arroyo, Barranquitas, Cabo Rojo, Canóvanas, Cayey, Cidra, Corozal, Culebra, Hatillo, Juana Díaz, Lares, Mayagüez, Orocovis, Guayanilla, Río Grande, Santa Isabel, Vega Alta, Vega Baja y Villalba.
