No se encontró causa para juicio contra el profesor de la UPR, José Molinelli Freytes, por supuesta apropiación de servicios públicos para su uso personal.
José Molinelli Freytes (Archivo)
El juez Enrique Silva Avilés, del Tribunal de San Juan, no encontró causa para juicio contra el profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Molinelli Freytes, por supuesta apropiación de servicios públicos para su uso personal y una violación a la Ley de Ética Gubernamental que impide a un empleado público utilizar sus deberes y facultades para obtener beneficios y privilegios prohibidos por Ley.
Los cargos estaban relacionados a la contratación de la firma Geosistemas, de Molinelli Freytes, para realizar un trabajo relacionado al programa de las Comunidades Especiales y al supuesto uso de un empleado suyo en la UPR para realizar trabajos para su compañía en el horario de trabajo de la institución.
Ante la determinación del magistrado, el fiscal Martín Ramos Junquera, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, informó que acudirá en alzada.
La vista preliminar en alzada se pautó para el 25 de septiembre.
Durante el proceso criminal en su contra, el profesor universitario estuvo representado por el abogado Harry Anduze Montaño.
Diversos sectores repudiaron las acusaciones contra Molinelli Freytes y otros empleados públicos que colaboraron con la administración de la entonces gobernadora Sila María Calderón, argumentando que estas acciones estaban motivados por presiones político-partidistas.
En octubre de 2012, la jueza Laura Lis López Roche no encontró causa para juicio contra Luz Nereida Laboy Santos, exayudante de la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales por tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Además, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) exoneró a la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales, Linda Colón, y al reelecto alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, acusados por alegadas irregularidades en el proyecto.
En su informe final el FEI, afirmó que “luego de haber examinado en forma objetiva la evidencia recopilada, entendemos que la redacción del informe del Departamento de Justicia puede tener el efecto de tratar de inducir a error al lector, al exponer conclusiones incorrectas”.
El informe en cuestión fue firmado por el fiscal Francisco Sánchez Rodríguez y validado por el secretario de Justicia, Guillermo Somoza.
Sánchez Rodríguez, quien originalmente formaba parte del caso contra Molinelli Freytes, fue suspendido de empleo y sueldo por el Departamento de Justicia después de que Colón radicó una querella en su contra.
Ayer, precisamente inició otro proceso criminal contra el alcalde de San Lorenzo, José Ramón Román Abreu, por supuestas irregularidades vinculadas a un proyecto de Comunidades Especiales.
La vista para encontrar causa para arresto contra el ejecutivo municipal, así como el administrador municipal Gilbert Hernández Orozco, el director de finanzas Pedro González Rodríguez y el contratista Iván Andújar González continúa el próximo lunes en el Tribunal de San Juan.
Los fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz y Manuel Núñez Corrada acusan a los tres funcionarios públicos de malversación de fondos públicos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsificados y una violación al artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
En el caso de Andújar González, lo acusan de apropiación ilegal agravada de $92,506.50, falsedad ideológica y de posesión y traspaso de documentos falsificados.
Los abogados de la defensa alegan que estos cargos responden a motivaciones político partidistas porque surgieron después de una querella que radicó el representante novoprogresista, José Aponte, en la antesala de las pasadas elecciones.
La construcción de la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta se remonta a 1957, pero fue concebida como una prisión para varones. (Archivo)
Corrección encaminó un proyecto para construir una nueva institución diseñada especialmente para confinadas.
Al reconocer que la cárcel de mujeres en Vega Alta "no provee para un verdadero ambiente de rehabilitación", el secretario de Corrección y Rehabilitación (DCR), José Negrón Fernández, dijo que su administración encaminó un proyecto para construir una nueva institución diseñada especialmente para confinadas.
La propuesta fue sometida a la Administración de Alianzas Público Privadas, y el pasado lunes se efectuó una primera reunión, como parte de la primera etapa de consulta sobre la viabilidad del proyecto, explicó Negrón Fernández.
A esos efectos, designó un comité para atender el proyecto que supone una segunda etapa de diseñar una estructura teniendo en cuenta las necesidades de la población penal femenina y eventualmente proceder con la licitación para construir la nueva institución.
Negrón Fernandez recordó que la construcción de la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta se remonta a 1957, pero fue concebida como una prisión para varones. La instalación, según admitió, no permite el adecuado manejo de las prisioneras, a base de su nivel de custodia.
Por esa razón, la logística operacional es compleja, porque por ejemplo, se supone que las de máxima custodia no interactúen con las de mínima. En tal sentido, dijo que segmentar el uso de la cancha, los servicios de capellanía y otros por niveles se convierte frecuentemente en "un quítate tu para ponerme yo".
El proyecto de la nueva institución es evaluado por Grace Santana, directiva de la Administración de Alianzas Público Privadas, y la expectativa es poder crear una estructura con los más altos parámetros correccionales, agregó el funcionario.
Las mujeres confinadas, según Negrón Fernández, también han estado limitadas por años en los servicios de educación superior, pero recientemente un programa de estudios en Bayamón, fue modificado para aceptar féminas.
También destacó que el área de visitas a las prisioneras en Vega Alta, fue modificado para disponer de un área con mobiliario para la niñez y juegos, de forma tal que las confinadas que tienen hijos o hijas pequeños puedan recibirlos en un lugar más acogedor para los menores.
Ese espacio fue creado gracias a donaciones de empleados del DCR e inaugurado en mayo pasado, cuando visitó la prisión la primera dama, Wilma Pastrana.
Negrón Fernández se mostró comprometido a impulsar opciones de rehabilitación centradas en un modelo salubrista para toda la población penal, en la que nueve de cada diez personas tiene problemas de adicción a sustancias controladas o alcohol.
También dijo, a preguntas de periodistas, que indagará si está en curso una investigación sobre irregularidades en la Corporación de Empresas, Adiestramiento y Empleo (CEAT) por presuntas prácticas fraudulentas ocurridas durante el pasado cuatrienio.
Aclaró que no tiene información oficial sobre supuestas irregularidades, pero dijo que comentarios han hecho referencia a venta de productos comprados a suplidores privados y vendidos como si fueran productos hechos por los confinados.
