El acusado mientras es sacado del tribunal en la noche de hoy. (jose.reyes@gfrmedia.com)
El testimonio de la agente Aquino continuará el próximo martes a la 1:30 p.m.
La exabogada de Roberto Quiñones Rivera, acusado por la muerte de su pareja consensual Yexeira Torres Pacheco, saldó una deuda que él tenía pendiente para finales del 2011, con la empresa Caribbean Self Storage en Carolina, por el alquiler de un espacio, y removió de allí unas pertenencias que le quedaban a su cliente, trascendió durante la continuación de la vista de supresión de evidencia.
Sheila Ramos Hernández, gerente de Caribbean Self Storage, ahora Extra Space Storage, explicó que luego del allanamiento que hizo la Policía el 11 de noviembre de 2011, en dos espacios para almacenamiento que aparecían alquilados a nombre de Quiñones Rivera, decidieron subastar lo que quedó en el espacio numerado “2225”, porque reflejaba una deuda.
Entre los artículos vendidos en subasta había telas de tapicería, una silla de auto y sillones, dijo Ramos Hernández hoy en la vista que preside la jueza Berthaida Seijo, del tribunal de Carolina.
A preguntas de Seijo, la testigo precisó que las pertenencias que quedaban en el espacio “4814” –entre las cuales había una lavadora y secadora- fueron removidas de allí por la anterior representante legal de Quiñones Rivera, a quien no pudo identificar.
La licenciada Patricia Miranda fue quien representó al expolicía en el caso por apropiación ilegal y falsificación de documentos, por el cual Quiñones Rivera fue declarado culpable y está cumpliendo actualmente 42 meses en prisión.
Según Ramos Hernández, la abogada -de quien no se ofreció nombre- llegó en compañía de un hombre a los almacenes. Luego de que ella saldara la deuda del espacio “4814”, se le permitió acceder al lugar que se mantenía en “over-lock”, sacar los artículos y trasladarlos a otro espacio que fue alquilado ese mismo día.
No precisó a nombre de quién fue arrendado ese nuevo espacio, pero aseguró que no era Quiñones Rivera.
A preguntas de Jorge Gordon Menéndez, abogado de Quiñones Rivera, la testigo reconoció que la abogada no presentó autorización de su cliente para acceder a los espacios de almacenamiento, y que ni ella ni el hombre que le acompañaba figuraban en el contrato de arrendamiento como personas autorizadas a entrar.
“Como era la abogada (de Quiñones Rivera) se le permitió entrar”, dijo la gerente, quien descartó haber hecho gestiones para corroborar con el ahora acusado si había autorizado a su representante legal a trasladar sus cosas.
Por otro lado, la testigo afirmó no haber recibido ninguna reclamación del exagente por habérsele permitido el acceso a la abogada.
Luego de Ramos Hernández, ocupó la silla de los testigos la policía Lorimel Aquino, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), quien acogió asumió la pesquisa sobre la desaparición de Yexeira el 31 de octubre de 2011.
Según Aquino, ese día entrevistó a Iris Pacheco, madre de la joven bailarina, quien un día antes había presentado en la Comandancia de Carolina la querella de persona desaparecida.
“Ella me indica que desde el 24 de octubre (de 2011) no sabía de su hija, que la última vez que la vio fue a bordo de la guagua de la pareja consensual en la que irían a realizar un trabajo de tapicería a Bayamón”, relató la oficial, quien describió la guagua como una Ford, Econoline, blanca y del año 1999.
El mismo día, indicó, entrevistó también a Israel Serrano Colón, padrastro de Yexeira, y al agente José González, quien fue el que tomó la querella el día anterior. También intentó localizar algún familiar de Quiñones Rivera y dio con unos tíos de él en Canóvanas.
Sin embargo, no logró conseguir información referente a Yexeira y el acusado.
Aquino dijo haber pasado por la casa que la pareja compartía en Villa Carolina, donde dejó citaciones a Quiñones Rivera. También preparó el “requisitorio de persona desaparecida”, que fue colocada en todos los cuarteles de la Policía y divulgada a los medios de comunicación.
Finalmente, relató que el 2 de noviembre, la madre de Yexeira le proveyó en número de tablilla de la guagua Econoline. Dicha información fue incluida en el registro de persona desaparecida del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés).
El testimonio de Aquino continuará el próximo martes a la 1:30 p.m.
“Aquí hay un elemento también de empatía con el país. Si tú tienes un alcalde que está reduciendo el déficit, que lo ha eliminado versus un alcalde que continuamente aumenta su déficit, pues yo creo que ahí el país, no el secretario de Justicia debe evaluarlo”, señaló el también presidente del PPD. (Suministrada)
El mandatario declaró que le corresponde al pueblo evaluar a aquellos alcaldes que, con déficits en sus municipios, se aumentan los sueldos.
La evaluación sobre los aumentos salariales de 19 alcaldes que anunció el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, recibió el apoyo del gobernador Alejandro García Padilla, quien insistió en que no se trata de una investigación contra los ejecutivos municipales de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista.
Sánchez Betances, al hacer este anuncio, afirmó que si se ignoraron los siete criterios establecidos por ley como guías para aprobar los aumentos, esas mejoras de sueldo serían "nulas" y los alcaldes que se han beneficiado tendrían que devolver dinero al erario.
“No es una investigación contra los alcaldes. El secretario de Justicia fue muy claro de que es una solicitud (supoena) civil de documentos para evaluar si las asambleas municipales cumplieron con los requisitos de la Ley de Municipios Autónomos a la hora de aprobar los aumentos de sueldo”, sostuvo el Gobernador.
“Si la asamblea municipal cumplió con los requisitos no hay problema. La Constitución dice claramente que nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Me parece inaudito que haya oposición a que nosotros evaluemos si se ha cumplido con la ley”, dijo este miércoles García Padilla al concluir una actividad en Camuy.
El mandatario declaró que le corresponde al pueblo evaluar a aquellos alcaldes que, con déficits en sus municipios, se aumentan los sueldos.
“Aquí hay un elemento también de empatía con el país. Si tú tienes un alcalde que está reduciendo el déficit, que lo ha eliminado versus un alcalde que continuamente aumenta su déficit, pues yo creo que ahí el país, no el secretario de Justicia debe evaluarlo”, señaló el también presidente del PPD.
Sánchez Betances explicó que los requerimientos de información entregados por agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) a los presidentes de 19 asambleas municipales estipulan un término de diez días para someter al Departamento de Justicia “toda la documentación relacionada con el proceso de aumento de salario a sus respectivos alcaldes”.
Al culminar la evaluación de esos documentos, como parte de una investigación civil que comprende alzas salariales legisladas de 2006 hasta el presente, “podremos determinar si, al momento de aprobar dichos aumentos, se tomaron en consideración siete criterios plasmados en la Ley de Municipios Autónomos validados por nuestro Tribunal Supremo, además del reglamento aplicable”, explicó el Secretario de Justicia.
Precisó que los requerimientos de información se sometieron temprano a las legislaturas municipales de Arroyo, Barranquitas, Cabo Rojo, Canóvanas, Cayey, Cidra, Corozal, Culebra, Hatillo, Juana Díaz, Lares, Mayagüez, Orocovis, Guayanilla, Río Grande, Santa Isabel, Vega Alta, Vega Baja y Villalba.
El llamamiento lo hizo específicamente al secretario general del PNP, José Torres Zamora, y al Directorio. (Archivo)
Roberto Mejill Ortiz solicitó hoy que su colectividad establezca como requisito compulsorio hacerse la prueba de dopaje con muestra de cabello.
Roberto Mejill Ortiz, precandidato a la vicepresidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP), solicitó hoy que su colectividad establezca como requisito compulsorio hacerse la prueba de dopaje con muestra de cabello para poder aspirar a ocupar puestos dentro de sus estructuras, así como para aparecer bajo la insignia de la Palma en la papeleta de cualquier evento eleccionario.
El llamamiento lo hizo específicamente al secretario general del PNP, José Torres Zamora, y al Directorio.
Mejill Ortiz informó por escrito que se hizo la prueba capilar de dopaje de manera voluntaria para incluirla en los documentos que presentará al PNP como parte del proceso para elegir los candidatos a vicepresidente. Al presente, la prueba de dopaje con muestra de orina es la única que exige el partido.
“Esta es una de mis propuestas para renovar mi partido y según lo propongo así lo ejecuto. Aquí están mis pruebas de dopaje. Tenemos la obligación de adecentar el gobierno y tenemos que comenzar por la selección de líderes limpios en todo el sentido de la palabra. Quien no esté dispuesto a dejar claro que no tiene problemas con ningún tipo de adicción, mejor que no aspire”, manifestó Mejill Ortiz.
El proceso de delegados para elegir al nuevo vicepresidente del PNP se efectuará el próximo 10 de noviembre.
La pareja, que ha guardado silencio en todo momento, fue arrestada el lunes en la tarde en el apartamento en el que residen en el caserío Santa Rosa en Rincón. (GFR Media/Olimpo Ramos)
El fiscal Néstor Márquez presentó la prueba y el juez Morales le fijó $15 milllones de fianza a cada uno.
El juez José Morales, del tribunal de Aguadilla, determinó causa para arresto este martes en la noche contra la pareja que maltrató presuntamente a un niño de seis años y quien fue abandonado dentro del cilindro de una lavadora fuera de servicio en una playa en Rincón.
Contra Javier Álvarez Luciano, de 37 años, se presentaron con cargos por tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y maltrato contra su hijastro. A su pareja, Janeliz Lecona López y madre del menor, se le acusó por un cargo de negligencia, por maltrato y por conspiración.
El fiscal Néstor Márquez presentó la prueba y el juez Morales le fijó $15 milllones de fianza a cada uno.
SALVAJE ATAQUE A MENOR EN RINCÓN
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De pura casualidad, un pequeño fue encontrado golpeado, con heridas abiertas e inconsciente.
Los hechos de este caso se remontan a la tarde de este lunes, cuando ciudadanos encontraron al niño dejado a su suerte, con una fractura en un brazo, moretones y una herida abierta en la cabeza en el interior del cilindro de una lavadora.
La pareja, que ha guardado silencio en todo momento, fue arrestada el lunes en la tarde en el apartamento en el que residen en el caserío Santa Rosa en Rincón.
CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE NIÑO ENCONTRADO EN BASURERO
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Conferencia de prensa Hospital Pediátrico
El menor tiene fracturas en el cráneo y en el brazo derecho, informó el pediatra Ricardo García, por lo que está sedado y con respirador artificial en la unidad de intensivo del Centro Médico en Río Piedras.
La primera dama estuvo acompañada por la secretaria auxiliar del Departamento de Educación Especial, Doris Zapata. (Suministrada)
Para conocer el progreso de los trabajos de restauración en los salones.
La primera dama, Wilma Pastrana Jiménez, regresó hoy a la Escuela Segunda Unidad Carmelo Serrano Cubano en San Sebastián, para conocer el progreso de los trabajos de restauración en los salones que sufrieron daños estructurales a causa de un incendio provocado por dos jóvenes a inicios de la semana pasada. El personal a cargo de la reconstrucción laboraba durante la tarde en la reparación del sistema eléctrico y la pintura de los tres salones.
“Afortunadamente, los estudiantes del Programa de Educación Especial que reciben atención en estos salones podrán regresar a sus clases a partir de la próxima semana. Le damos gracias a los trabajadores y trabajadoras de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y de la Autoridad de Edificios Públicos, quienes han laborado aquí por largas horas y durante el fin de semana”, expresó Pastrana Jiménez a través de un comunicado de prensa,
La primera dama, quien estuvo acompañada por la secretaria auxiliar del Departamento de Educación Especial, Doris Zapata, aprovechó su visita para regalarle material orgánico a la escuela, con el que podrán mantener el huerto que utilizan para la enseñanza de labrar la tierra.
El gran mérito de Kodak es haber popularizado la fotografía, con su lema "apriete el botón y nosotros hacemos el resto". (Archivo)
La empresa no volverá a dedicarse a la fabricación de productos fotográficos para el consumo, sino a la impresión comercial.
Madrid.- Habrá sido el fátum de los clásicos el que tenía preparado para los amantes de la fotografía la paradoja de que casi el mismo día que se ha recordado el 188 aniversario de la aparición de la primera foto, haya desaparecido la empresa que cambió por completo el mundo fotográfico: Kodak ha muerto.
Como si se hubiera velado una película y se perdieran todas las imágenes, algo que siempre produce tristeza, se ha quedado el universo de la foto con la desaparición de Kodak.
Es verdad que la empresa ha superado la suspensión de pagos, pero ya no volverá a dedicarse a la fabricación de productos fotográficos para el consumo, sino a la impresión comercial.
Para muchos esta marca está vinculada a sus primeras fotos, a su adolescencia y juventud, los primeros revelados con sus emociones inherentes; cierta emoción por ver los primeros resultados, todo un mundo de recuerdos.
Sin embargo, el mundo empresarial, no solo el de la foto, se conmovió cuando el 19 de enero del pasado año la firma de Rochester (Nueva York), fundada por George Eastman, presentó suspensión de pagos con una deuda superior a los 6.000 millones de euros.
Era el principio del fin de una empresa que hoy preside el español Antonio Pérez.
George Eastman fue un auténtico pionero, hijo de un inmigrante inglés que llegó a Salisbury (Massachussets), nació en Waterville (Nueva York) en 1854, y tras una niñez de pobreza, abandonó la escuela para trabajar desde los 14 años de mensajero y limpiador por un sueldo ínfimo que le permitió, sin embargo, ahorrar algunos dólares para dedicarlos a sus inventos.
El propio nombre de la empresa, a la que se llamó el gigante amarillo, fue un invento, ya que Kodak fue inscrita con tal denominación en 1888 por dos motivos: uno que tenía dos veces la letra "k", la preferida de Eastman, y el otro porque además es fácil de pronunciar en cualquier idioma.
Pese a lo que se pueda creer, los problemas de Kodak no están en no haber estado a la altura de los tiempos digitales, pues la firma es la inventora de la cámara digital (1975), sino en que no ha rentabilizado muchos de sus negocios.
El gran mérito de esta empresa es haber popularizado la fotografía, con su lema "apriete el botón y nosotros hacemos el resto". Y, en efecto, el usuario llevaba el rollo y el resto corría de la cuenta de Kodak, un cambio revolucionario en los hábitos de revelado que hasta ese momento imperaban.
Fabricante de material sensible, de cámaras de todo tipo, creadora de formatos como el 620 milímetros y los chasis de 126 y 110 milímetros, Kodak se extendió a lo largo de todo el mundo.
España no fue ajena a la presencia de la empresa y aquí se fabricó una de las cámaras más exitosa: la instamatic, tan sencilla de usar que no requería prácticamente conocimientos sobre fotografía.
Los vendedores, durante muchos años, ni siquiera preguntaban a los usuarios qué película querían y directamente le ponían en las manos una caja amarilla en cualquiera de esos formatos.
Hoy las películas de Kodak ya empiezan a ser difíciles de encontrar, especialmente algunas emulsiones, y su precio en los mercados fotográficos está subiendo de forma considerable.
Kodak espera salir oficialmente de la suspensión de pagos el próximo 3 de septiembre, con un recorte muy importante en su plantilla que quedará en unos 8.500 empleados, la mitad de los 17.000 con los que contaba cuando decidió acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de EE.UU.
Los abogados de los acusados señalaron que fiscalía Federal no les había entregado el informe de autopsia ni los informes de los agentes de la Policía estatal que investigaron el caso del asesinato de Gómez Saladín.
El portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Moisés Quiñones, se limitó a decir que el caso está bajo investigación, por lo que no pueden hacer comentarios al respecto.
El informe de la autopsia de José Enrique Gómez Saladín, publicista asesinado en noviembre pasado, está listo desde el 19 de diciembre de 2012, pero contrario a lo que trascendió la semana pasada en una vista en el Tribunal federal, nunca ha sido solicitado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) por la fiscalía Federal.
Así lo reveló la directora ejecutiva del ICF, Edda L. Rodríguez Morales, quien negó informaciones que alegaban que el informe de autopsia no estaba listo y que por eso Fiscalía Federal no lo había provisto a la defensa de los acusados Rubén Delgado Ortiz, Edwin "Bebo" Torres Osorio, Alejandra "Pochi" Berríos Cotto y Lenisse "Prieta" Aponte Aponte, como parte del descubrimiento de prueba.
"Toda la evidencia recuperada en la escena fue analizada conforme a la solicitud del Ministerio Público y del patólogo forense que hizo el casos", señaló Rodríguez Morales en declaraciones escritas.
"Los informes correspondientes ya fueron completados y publicados según nuestros procedimientos. La autopsia fue realizada el 4 de diciembre de 2012 y ha estado disponible para el fiscal desde el 19 de diciembre de 2012. La única solicitud que tenemos, la cual se recibió en el día de hoy viernes, de parte de la fiscalía Federal ha sido el reporte de la escena del crimen y ya les fue entregado", leen el resto de las declaraciones de la directora ejecutiva del ICF.
El portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Moisés Quiñones, se limitó a decir que el caso está bajo investigación, por lo que no pueden hacer comentarios al respecto.
El 13 de agosto pasado, se celebró una vista de status ante el juez federal Daniel R. Domínguez, en la cual el fiscal federal Vernon Benet Miles indicó que no habían completado la entrega de piezas de evidencia a la defensa porque supuestamente habían solicitado la prueba, pero no se la habían entregado.
Los abogados de los acusados señalaron que fiscalía Federal no les había entregado el informe de autopsia ni los informes de los agentes de la Policía estatal que investigaron el caso del asesinato de Gómez Saladín.
Se citó otra vista de estatus para el 22 de octubre. Este caso podría ser evaluado para certificarlo para la pena de muerte, excepto para Torres Osorio, quien se indicó está cooperando con las autoridades.
Los hechos de este caso ocurrieron en la madrugada del 30 de noviembre de 2012, poco después que Gómez Saladín llamara a su esposa para decirle que estaba saliendo de una actividad en un hotel en el Condado, en San Juan, pero nunca llegó a su hogar.
Según la declaración de agentes federales, entrevistaron a los coacusados y estos revelaron que habían planificado cometer un robo y desarrollaron un esquema en el cual Aponte y Berríos se meterían en el carro de la víctima y después Torres y Delgado se unirían a ellas para discutirles por una supuesta deuda y harían que la víctima la pagara.
Supuestamente, Gómez recogió a las dos féminas en su carro en la calle Padial, en Caguas. Alegadamente, las féminas le dijeron a Gómez Saladín que le debían dinero a los sujetos, que también se montaron en el auto, y el publicista pasó por una máquina ATH del Banco Popular y retiró $400, y se los dio a Delgado. Acto seguido, le pegaron en la cabeza y lo montaron en el asiento de atrás y fueron a comprar gasolina, según el pliego acusatorio.
Los acusados lo llevaron a un lugar solitario en Cayey, donde le ordenaron ponerse de rodillas, mientras le agredían con objetos que encontraron en el lugar. Luego lo impregnaron de gasolina y lo prendieron en fuego, pero Gómez Saladín se quitó la ropa y comenzó a rodar por el suelo. Al apagar el fuego, siguieron golpeándolo hasta causarle la muerte.
Los acusados dejaron el cuerpo en el lugar y fueron en su vehículo hasta otra ATH y retiraron $100 más de la cuenta de la víctima. Después quemaron el carro y continuaron tratando de sacar dinero en al menos cinco otras ocasiones.
Los implicados fueron identificados por las cámaras de vigilancia de las máquinas de retiro de dinero.
A segunda, Puerto Rico se enfrenta a Canadá, partido pautado para iniciar a las 8:30 de la noche. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Con una victoria de infarto de Brasil sobre República Dominicana, quedó inaugurada esta noche la edición 2013 de la Copa Jenaro “Tuto” Marchand en el coliseo Roberto Clemente de San Juan.
Un tapeo de Alex García mientras sonaba la chicharra le dio a los brasileños el triunfo, 78-77, sobre los dominicanos, quienes le plantaron cara al campeón defensor del torneo. Los dos puntos de García vinieron luego de que Larry Taylor fallara un ataque al canasto a toda prisa, pues Brasil había sacado el balón con 4.8 segundos por jugar.
Antes de esa jugada, Dominicana había puesto a celebrar a sus fanáticos en las gradas del Clemente con un canasto de tres de James Feldeine que, por un instante, pareció darle el triunfo a los quisqueyanos.
Brasil se había mantenido en comando a través de todo el partido. Ganó el primer parcial por 20-16, la primera mitad por 40-33, y entró al cuarto parcial con ventaja de 57-53.
Por los suramericanos, Guillherme Giovannoni fue el mejor con 15 puntos, mientras que Arthur Silva y Marcelinho Huertas añadieron 14 cada uno. En causa perdida, Francisco García anotó 17 puntos por los dominicanos.
A segunda, Puerto Rico se enfrenta a Canadá, partido pautado para iniciar a las 8:30 de la noche.
Esta medida no se llevó a debate, explicaron la portavoz de la minoría, Jenniffer González Colón, y el presidente cameral Jaime Perelló, porque se había trabajado sobre la pieza en conjunto y se llegó a un consenso. (ana.abruna@gfrmedia.com)
Esta reglamenta la conducta de sus legisladores, tanto en el plano oficial como en su vida privada.
La Cámara de Representantes aprobó este jueves su código de ética, que reglamenta la conducta de sus legisladores, tanto en el plano oficial como en su vida privada.
La Resolución de la Cámara 614 obtuvo 40 votos a favor y ocho en contra.
Esta medida no se llevó a debate, explicaron la portavoz de la minoría, Jenniffer González Colón, y el presidente cameral Jaime Perelló, porque se había trabajado sobre la pieza en conjunto y se llegó a un consenso.
La adopción de un código de ética estricto fue una de los compromisos de la reforma legislativa que prometió el gobernador Alejandro García Padilla en su pasada campaña.
“Yo estoy muy satisfecho con lo que hemos aprobado y más satisfecho estoy de que la gran mayoría de los miembros de la minoría parlamentaria votaron a favor de la medida. Los que se abstuvieron o votaron en contra tendrán que explicarle al país, pero la gran mayoría le votó a favor empezando por su portavoz y su portavoz alterno”, sostuvo Perelló tras la aprobación del código.
González Colón coincidió con Perelló al resaltar que hubo “apertura durante las reuniones en las que se evaluaron aquellos puntos en los que diferíamos para llegar a un acuerdo y hoy con mi voto a favor avalé la propuesta presentada”.
El reglamento, aprobado casi nueve meses de iniciado el presente cuatrienio, según se había anticipado, les devolverá la participación a los ciudadanos, mediante la creación de un panel preliminar que determinaría si existen causas para investigar querellas contra miembros y funcionarios del cuerpo. Dicho organismo estará compuesto por tres representantes y cuatro ciudadanos en representación del interés públicos.
Tres de estos miembros, según el código, serán nombrados por el presidente de la cámara baja, y el cuarto por la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP). El Partido Independentista Puertorriqueño no tiene legislador cameral, sí en el Senado.
“Tenemos ya que identificar a esas personas que cumplan con los requisitos nuestros y del país. Ya a la minoría parlamentaria lo le pedí que me tenían que hacer una terna, que está en el código de ética. Así que yo espero, en los próximos días ya haber identificado (a esas personas). Igualmente, voy a pedir a diferentes grupos que me puedan recomendar personas probadas en el nivel público”, detalló Perelló.
Según el nuevo código, esas figuras deben ser personas con integridad moral, que no ocupen cargos, empleos o contratos en la Asamblea Legislativa, que no hayan sido legisladores ni candidatos a puestos electivos en los cuatro años que preceden a su nombramiento. A su vez, estos deben ser confirmados por la mayoría de los componentes de la Cámara.
De la misma forma, el código garantiza el acceso al público de los estados financieros de los representantes y le exige a aquellos miembros del cuerpo que deseen asumir responsabilidades adicionales a las de su cargo tienen que consultar a la Comisión de Ética, previo a comenzar en a ejecutar las mismas, y luego anualmente.
Aunque el reglamento señala que todo aquel que obtenga acceso a parte o la totalidad de un informe financiero de algún representante podrá usar la información obtenida “para propósitos relacionados con las Reglas de Ética de la Cámara, quedando expresamente prohibido algún beneficio particular o propósito ajeno a lo antes expuesto”. De incumplir con lo dispuesto la persona podría ser sancionada.
Perelló explicó que dichas sanciones están contenidas en el Código Penal de Puerto Rico, y que las mismas se aplicarían en caso de que alguien utilice la información obtenida con otro propósito que no sea medir los ingresos o la conducta ética del legislador.
“Se trata de una información que hay acceso libre de ella, tiene que haber una protección para que el que la tenga no la utilice en violación a la ley, en contra del legislador, no por su gestión oficial, sino por algún otro asunto, como por ejemplo, motivos personales”, sostuvo el dirigente cameral popular.
Esta sería la primera vez que la información financiera se abre al público en general, sin requerir de la aprobación del legislador, y la misma estaría disponible en la Secretaría de la Cámara de Representantes.
“Lo puede ver allí, obviamente hay una información sensitiva que se excluye (como lo es el número de seguro social e información de identificación personal), lo puede ver allí, e incluso si quiere copia de la información financiera que ve allí, se le provee, obviamente borrando todo lo sensitivo. Es una apertura real a los que somos los más fiscalizados en el pueblo de Puerto Rico y yo no quería dejar la más mínima duda sobre la transparencia que yo prometí y prometimos nosotros como delegación a principios de cuatrienio, se dio”, sentenció al resaltar que la espera por el mismo valió la pena, debido a sus intenciones de que fuera una proyecto de aprobación bipartita.
Perelló subrayó que la copia de los documentos entregados, sin la información sensitiva del representante podría utilizarse para propósitos de publicación en un medio, no así el original.
Sobre aquellos legisladores que desempeñen o quieran desempeñar funciones extra legislativas, según permitido por la Reforma Legislativa firmada en mayo pasado, el código señala que ninguno de sus miembros puede tener un empleo, contrato o negocio con responsabilidades, que aunque legalmente permitidas, resulten incompatibles con su responsabilidad como legislador.
Contrario al Senado -donde los senadores solo tienen que notificar a la Comisión de Ética que harán un trabajo extra legislativo- Perelló reiteró que en la Cámara tendrán que solicitar una opinión previa a cualquier contratación para estar seguros de que el mismo cumple con el código de ética. Dicha solicitud debe ser atendida en un término de diez días. La pieza legislativa menciona que dicha obligación es de naturaleza continua y que el representante debe pasar por el mismo proceso cada vez que pretenda asumir responsabilidades distintas.
A principios de julio, el portavoz de la mayoría popular, Charlie Hernández, se vio involucrado en un escándalo cuando trascendió que obtuvo un contrato de consultoría con la Asociación de Legislaturas Municipales a pesar de que votó a favor de una medida para asignarle dinero a esa entidad, como parte del proyecto del presupuesto del país.
El líder cameral, explicó por otro lado, que el código provee 15 días adicionales a los 30 que ya ofrecían como término para radicar una querella en contra de un legislador, pero que el querellante debe tener “conocimiento propio, personal y directo de los hechos que alega”.
Una querella podría sustentarse sin el requisito antes mencionado en caso de que existan pruebas que demuestren que el legislador ha podido cometer una violación de admisiones públicas, documentos públicos, documentos ordinarios de negocios o documentos expedidos por una agencia del gobierno, indicó Perelló.
“Dimos 45 días adicionales en que la persona adviene conocimiento de la situación para poder radicar la querella”, sostuvo.
El reglamento señala que los representantes no deber realizar acciones o actividades que lo coloque en un conflicto de intereses ni aceptar pagos o bienes de valor económico por realizar las responsabilidades que les exige su cargo.
Además, en la sesión ordinaria de este jueves, los legisladores aprobaron de manera unánime un proyecto que prohíbe la rotulación y el mercadeo legal del pollo y sus productos derivados.
El P. de la C. 1062 tipifica como delito que se identifiquen y se promuevan estos productos como carne fresca cuando hayan sido congelados y posteriormente descongelados, cuando en algún momento su temperatura interna haya sido menor de 26 grados Fahrenheit, y cuando haya sido expuesta a cualquier manejo que violente las leyes federales y estatales.
De convertirse en ley, quienes violenten estas disposiciones se exponen a una multa de $1,000 por una primera falta, y sanciones de hasta $10,000 por infracciones subsiguientes. De igual forma, podrían ser condenados a un año de prisión.
