Esposada de manos y pies, la mujer escuchó las palabras del magistrado sin hacer gesto. (teresa.canino@gfrmedia.com)
Ahogada en llanto la abuela del bebé Carlos Humberto Santiago Rodríguez abandonó este viernes en la noche el Tribunal de San Juan, luego de escuchar al juez Enrique Silva Avilés determinar causa para juicio contra Xiomara Rodríguez Flores por la muerte de su propio hijo.
“Se hizo justicia con mi nieto”, soltó la mujer, mientras salía de la sala 608 acompañada de su hijo Humberto Santiago, padre del bebé muerte. “Para mí ella no es una madre porque una madre no hace lo que ella hizo”, agregó.
Minutos antes, el juez Silva Avilés, quien anunció su dictamen contra Rodríguez Flores, 24 años, por un cargo de asesinato y dos cargos de maltrato de menores, dispuso el 29 de mayo para la lectura de acusación, y el 30 de junio para el inicio del juicio en su fondo.
Esposada de manos y pies, la mujer escuchó las palabras del magistrado sin hacer gesto. Separado por los abogados y al otro extremo del escritorio de la defensa, su entonces pareja José Miranda López,43 años, también esposado, escuchó al juez determinar causa en su contra por un cargo de destrucción de evidencia y dos cargos de maltrato de menores.
Originalmente, el ministerio público, representado por los fiscales Deborah Benzaquen Parkes y Mario Rivera Géigel, imputaron al hombre un cargo de encubrimiento.
Sin embargo, el juez modificó el cargo a uno de destrucción de evidencia luego de escuchar las argumentaciones del abogado José Roselló Rivera, quien planteó que no se presentó evidencia de que su cliente conocía la forma en que murió el bebé, y del fiscal Rivera Géigel, quien aseguró que el hombre debía conocer que el bebé murió en circunstancias sospechosas y que por eso ocultó su cuerpo en el congelador de la nevera de la casa en Puerto Nuevo, San Juan.
La decisión del juez Silva Avilés se conoció este viernes, a las 6:30 p.m., tras culminar el testimonio de la fiscal Nancy Morales Cruz, quien entrevistó y tomó las declaraciones juradas a la pareja.
Morales Cruz, en la declaración directa que ofreció a su colega Rivera Géigel, declaró que en una primera declaración jurada Rodríguez Flores confesó que dio un biberón de leche y majado de yautía y batata al bebé de cinco meses y que luego lo observó ahogarse en su propio vómito.
Después en una segunda declaración jurada, la mujer supuestamente reconoció que como el pequeño realizaba unos sonidos mientras se ahogaba lo apretó contra una almohada durante cinco o diez minutos.
“(Lo hizo) porque ella tenía mucho coraje con el bebé porque lloraba y tenía miedo que José se despertara por el llanto del bebé”, indicó la fiscal Morales Cruz.
La fiscal convertida en testigo también explicó que en su declaración jurada Miranda López le indicó que le había dado un cantazo a Carlitos en la pierna izquierda porque lloraba y que al otro hijo de su compañera Joel Omar, lo arrodilló en varias ocasiones en el cajón de la leche por “malcriado”.
Apuntó que el hombre despertó y encontró al bebé muerto y que por temor a el cuerpo de descompusiera decidió colocarlo en el congelador.
En su contrainterrogatorio, Roselló Rivera cuestionó a la fiscal sobre las condiciones en que entrevistó a Miranda López y le leyó las advertencias de ley.
A preguntas del abogado de la defensa, Morales Cruz indicó que tras completar la entrevista con el acusado determinó que no había tenido participación en la muerte del bebé.
“Bajo la premisa que lo pone, tendría que decir que sí”, respondió la testigo.
También aseguró que nunca amenazó al acusado con someterle cargos de asesinato en concierto y común acuerdo con Rodríguez Flores para lograr su declaración.
La testigo, además, señaló que interrumpió el final de la entrevista con el ahora acusado cuando él le indicó que encontró al bebé boca abajo sobre una almohada.
Con esta información, Morales Cruz volvió a entrevistar a la acusada y en ese intercambio es que reveló que tapó al bebé con la almohada entre cinco a diez minutos.
Al final de la declaración jurada, Miranda López también indicó a la fiscal Morales Cruz que se enteró de la forma en que murió el bebé por boca de un peridista.
Samari Benítez Santiago, de la Sociedad para la Asistencia Legal y abogada de Rodríguez Floores, cuestionó a la testigo sobre el trato que dio a su representada desde el inicio de la investigación y la forma en que tomó sus admisiones en dos declaraciones juradas.
Benítez Santiago, quien comparte labores de la defensa con la abogada Yaritza Torres Medina, inició con una línea de preguntas que buscaban resaltar que Morales Cruz nunca trató a Rodríguez Flores como una víctima de violencia doméstica, pese a que esta investigación empezó como un posible caso de violencia doméstica.
Morales Cruz indicó -a preguntas de la abogada- que no pidió que llevaran a la acusada a un albergue y que de su investigación no surgió evidencia que permitiera someter cargos por violencia doméstica.
Rodríguez Flores pasó la noche en el Cuartel General de Hato Rey, luego que las autoridades la llevaron a ese lugar para entrevistarla el 18 de diciembre de 2012.
La abogada de la defensa también estableció una línea de preguntas para demostrar que Morales Cruz pidió que llevaran a su clienta al Centro Metropolitano de Investigaciones (CEMI) porque las condiciones del lugar propiciaban la toma de una declaración jurada.
“Yo la cité allí porque ese es mi lugar de trabajo”, respondió la fiscal.
En esa línea de preguntas, la fiscal comparó la declaración jurada de Rodríguez Flores y la de Miranda López apuntando que la declaración jurada de su clienta no incluía una mención a su escolaridad o su capacidad para entender el proceso.
En la declaración jurada de Miranda López también se consignó una pregunta donde se establecía que sabía escribir y leer, se le advertía que sus declaraciones podrían usarse para someterles cargos y se le explicaba en qué consistía el perjurio.
Esta información, sin embargo, no se incluyó en la declaración jurada de Rodríguez Flores.
Benítez Santiago, además, presentó a su cliente como una mujer que vivía sometida a su compañero y a quien describió como una “follower” o seguidora y que podía sufrir el síndrome de la mujer maltratada.
“¿Él no la dejó llamar a la Policía?”, preguntó la abogada.
“Ella dijo que él no se lo permitió”, respondió Morales Cruz.
La ADEA es la entidad intermediaria entre los agricultores y las agencias gubernamentales que adquieren los productos agrícolas. (Archivo)
Durante el pasado cuatrienio se estableció una línea de crédito de $20 millones que podría utilizar la ADEA para “adelantar” el pago a los agricutores.
El programa de comedores escolares del Departamento de Educación adeuda $28,1 millones a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), lo que coloca en peligro el objetivo del gobernador Alejandro García Padilla de aumentar sustancialmente las ventas de agricultores locales a dicho programa.
La ADEA es la entidad intermediaria entre los agricultores y las agencias gubernamentales que adquieren los productos agrícolas. Tiene la responsabilidad de cobrar a las agencias para pagar de esa forma a los productores.
Ante la tardanza en pagos por parte de las agencias, durante el pasado cuatrienio se estableció una línea de crédito de $20 millones que podría utilizar la ADEA para “adelantar” el pago a los agricutores.
Según expuso este viernes ante la comisión cameral de Hacienda el administrador de ADEA, Gabriel Figueroa Herrera, las deudas de comedores escolares se concentran en los años 2011, con $7,9 millones, y 2012, con sobre los $20 millones.
Debido a ello, la presente administración del Departamento de Educación reclama que no tiene el dinero para pagar esos atrasos y ofrecen un plan de pago de largo plazo para cubrirla, mientras se comprometen a pagar la facturación corriente.
Agregó que en lo que va del presente año 2013, Educación le ha pagado $2 millones de los $5 millones ya facturados por el servicio corriente.
Figueroa estimó que la ADEA concluirá el presente año fiscal con una deficiencia de $22 millones, a pesar de que tiene deudas por cobrar que totalizan los $58 millones y deudas por pagar por $23 millones.
El vicepresidente de la comisión cameral de Hacienda, César Hernández Alfonzo, quien presidió la audiencia pública, el expresidente de ese comité, Antonio Silva Delgado, coincidieron en la necesidad de legislar para garantizar que se separe por ley el dinero para pagar por las compras a los agricultores, reconociendo que de mantenerse el presente patrón, peligra todo programa que busque aumentar las ventas de estos productos al gobierno.
Hernández Alfonzó comentó que en esa dirección se está evaluando algo para legislar esas garantías.
