Se dispuso, además, que “tendrá la responsabilidad de ejercer todas las funciones y responsabilidades de la Administración que le sean delegadas por la Junta de Gobierno”. (david.villafane@gfrmedia.com)
Esta legislación pasa ahora a la consideración del Senado.
La Cámara de Representantes aprobó una medida legislativa que le concede más poderes y facultades a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, y que se los quita al administrador, Miguel Hernández Vivoni. Esta legislación pasa ahora a la consideración del Senado.
Además, en la sesión cameral de este miércoles, también se aprobó el proyecto que autoriza la emisión de una licencia de conducir provisional a los extranjeros residentes en la Isla que no hayan legalizado su residencia legal y la legislación que elimina la Oficina del Inspector General (OIG).
El proyecto sobre la AVP enmienda las funciones del Administrador y dispone que él sea “el funcionario ejecutivo de la Administración que responderá directamente a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, y llevará a cabo cualquier gestión, directriz o encomienda que dicha Junta le asigne”.
Se dispuso, además, que “tendrá la responsabilidad de ejercer todas las funciones y responsabilidades de la Administración que le sean delegadas por la Junta de Gobierno”.
La controversia en torno a este proyecto gira porque la pasada administración nombró como administrador y por un periodo de siete años a Hernández Vivoni, quien fue el secretario de la Vivienda bajo el gobierno de Luis Fortuño. La confirmación del funcionario, luego de pasadas las elecciones, tuvo entonces la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado.
El proyecto no destituye a Hernández Vivoni, pero pasa a manos de la Junta los principales poderes que él ostentaba como administrador.
Por otra parte, el Proyecto de la Cámara 900 enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y deroga la Ley 79 de 2005, conocida como la Ley de Requisitos para obtener permiso (licencia) para conducir vehículos de motor en Puerto Rico, para crear una nueva licencia de conducir provisional.
Para obtener esta licencia será elegible “toda persona extranjera que haya residido en Puerto Rico, por un periodo mayor a un año; que no posea una tarjeta de seguro social ni un documento que verifique que no es elegible o no se le aplica asignarle un número de seguro social; y que no posea documentación que demuestre que es ciudadano de los Estados Unidos de América, o documentación expedida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de América (United States Citizenship and Immigration Services) que autorice su presencia en los Estados Unidos de América”.
Los requisitos para la expedición de dicha licencia, incluyen poseer una licencia de aprendizaje provisional expedida conforme a esta misma Ley y poseer un pasaporte vigente de su país de ciudadanía o una identificación consular vigente expedida por un consulado de su país de ciudadanía con el propósito de identificar a la persona.
Otro de los proyectos y resoluciones aprobados por la Cámara es el que deroga la Ley que creó la Oficina del Inspector General y transfiere esas funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
La Legislación, además de derogar la Ley 42-2010, que fue la que creó la OIG, añade un nuevo artículo a la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para asignarle nuevas funciones de auditoría operacional, gerencial o administrativa en las agencias del gobierno y en sus corporaciones públicas “para determinar el grado de éxito y eficiencia alcanzado por los programas, proyectos, o actividades gubernamentales y para evitar o combatir todo desperdicio, gastos excesivos y la duplicidad en el uso de fondos públicos”.
También le asigna coordinar y ampliar los esfuerzos gubernamentales para promover la integridad y eficiencia en el manejo de fondos públicos, estatales y federales y le confiere el poder de citar testigos, tomar juramentos o declaraciones, tomar testimonios y requerir la producción de libros, fotografías, expedientes y documentos para completar o desarrollar cualquier investigación que esté llevando a cabo.
Todas estas medidas pasan ahora a la consideración del Senado.
Hoy fue el cuarto día del juicio que se sigue contra Aida de los Santos Pineda, acusada de asesinar a Georgina Ortiz Ortiz, esposa del juez. (juan.martinez@gfrmedia.com)
Hoy fue el cuarto día del juicio que se sigue contra Aida de los Santos Pineda, acusada de asesinar a Georgina Ortiz Ortiz, esposa del juez.
El exjuez del Tribunal Supremo de Puerto rico, Carlos Irizarry Yunqué, nunca figuró como sospecho del asesinato de su esposa Georgina Ortiz Ortiz, pero el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) le tomó una muestra bucal para efectos de comparación a petición de la agente investigadora del caso, Ormarie Roque.
En el cuarto día del juicio que se sigue contra Aida de los Santos Pineda, quien está acusada de asesinar a Ortiz Ortiz el 17 de agosto de 2010, el técnico de huellas, David Betancourt, y la técnico de control y custodia del ICF, Yamaira Falú Carrasquillo, también declararon que se hicieron pruebas bucales para identificar ADN a otras 11 personas, incluyendo a la acusada, por petición de Roque.
En testimonios separados, ambos señalaron que en la solicitud de análisis de Irizarry Yunqué y de otra persona identificada por su nombre de Ronaldo Pichardo, del 3 de septiembre de 2010, no se identificada a de los Santos como sospechosa del crimen.
Pero el nombre de la empleada doméstica apareció como sospechosa en la solicitud de análisis de su prueba bucal y de las muestras de cabello, realizadas el 10 de septiembre de 2010.
Ese documento, según Betancourt, establece que de los Santos se sometió a la prueba "voluntariamente".
Ante un jurado compuesto mayormente de mujeres, el técnico de huellas explicó que visitó el apartamento 5B del condominio Laguna Terrace en el Condado, San Juan, un día después de que el exjuez encontró el cuerpo ensangrentado de su esposa en el suelo de la residencia familiar.
Relató, a preguntas de la fiscal Elba Acevedo Pérez, que intentó levantar posibles huellas latentes utilizando polvo de grafito negro. Como parte de su trabajo trató de levantar huellas en las superficies lisas y en las áreas que normalmente tocan las personas como las puertas, las perillas y los interruptores de luz, pero que no identificó huellas en el apartamento donde ocurrió el crimen.
"En este caso, no fue positivo el levantamiento de huellas", afirmó el perito, quien también rindió un informe con sus hallazgos, que se admitió como prueba en el caso.
Entonces en el contrainterrogatorio del abogado Juan Nevárez García, quien representa a la acusada junto a los abogados Lucille Borges Capó, Aarón Fernández Flores y Jesús Peluyera Santiago, reconoció que no trató de levantar huellas en todas partes como en el marco de madera de la puerta del baño, donde había sangre, porque se trata de una superficie porosa donde el químico tiene dificultad para penetrar.
Aseguró que trató de levantar huellas con el polvo de grafito en timbre del apartamento y el tope de la cocina, pero que en su informe no documentó en detalle los lugares que trabajó para huellas.
El informe solo consigna, según leyó, que se trabajó el interior apartamento. Explicó que tampoco se tomaron fotos de los lugares donde intentó levantar huellas porque solo se toman fotografías de los puntos donde se identifica una huella.
A preguntas del abogado, el perito también pareció confundirse al indicar que tomó la muestra bucal de Irizarry Ortiz, pero que no lo vio físicamente en el ICF.
Nevárez García preguntó a Falú Carrasquillo si el nombre del exjuez había aparecido como sospechoso del crimen.
"No", respondió la mujer.
Fiscalía no sienta al hijo de la víctima
En la mañana, la fiscal Acevedo Pérez le informó a la jueza Eloína Torres Cancel que no sentará a José Palau Ortiz, hijo de la víctima, como testigo en el caso, pero que lo ponía a disposición de la defensa.
Luego de entrevistar al hombre, los abogados de la defensa determinaron sentar a Palau Ortiz como testigo de la defensa. El hombre quedó citado para el 24 de junio próximo.
Posterior a la renuncia de Palau Ortiz como testigo de cargo, el agente del Cuartel de Loíza, Carlos Pérez Rosado, declaró que al llegar al apartamento de la pareja la tarde del 17 de agosto de 2010, encontró al exjuez lloroso y sentado en una butaca cercana al lugar donde yacía el cuerpo de su esposa.
Además, indicó que la escena del crimen parecía alterada por la forma en que se encontraba el cadáver, el cuchillo y las chanclas de la víctima.
"Lo vi lloroso. Me entrevisto con el viejito, que estaba triste, destrozado y llorando", relató el décimo testigo del ministerio público.
Pérez Rosado relató que llegó al condominio alertado por una comunicación del Centro de Mando, que informó sobre un aparente suicidio.
Esta comunicación surgió en respuesta a la llamada que hizo el vecino Frank Funtane desde su celular informando sobre "una persona que aparentemente se había suicidado".
Esta afirmación del agente contradice el testimonio ofrecido en sala por Funtane la semana pasada, quien aseguró que "llamé a la Policía desde mi celular y digo que creo que había habido un asesinato".
Desde que inició el juicio, el jueves pasado, han surgido algunas contradicciones entre las declaraciones de los testigos.
Pérez Rosado también apuntó que el 17 de agosto, Irizarry Yunqué vestía una chaqueta gris, una camisa blanca y zapatos negros. Su ropa no tenía manchas de sangre.
El asunto de la vestimenta del exjuez, quien fue la persona que descubrió el cuerpo de su esposa y no se encuentra en la lista de testigos, surgió el lunes cuando Borges Capó cuestionó a la nieta de Irizarry Yunqué, Lida Isis Egele Irizarry, sobre una chaqueta que sobresalía de un armario. Esa pregunta parecía sugerir que el exjuez se pudo haber cambiado de ropa.
La defensa ha enfilado sus cañones hacia el exjuez desde el inicio del juicio en un intento por vincularlo al crimen de su esposa.
El agente aseguró que pese a que la llamada que recibió alertaba sobre un posible suicidio, al llegar a la escena le pareció "sospecho" la forma en que cayó el cuerpo, que se encontraba boca abajo.
"Alguien que intenta suicidarse no deja las chancletas al lado", indicó el agente sobre la base para sospechar que la escena se había alterado por la persona que cometió el crimen.
"El cuchillo básicamente estaba en sus manos, (cuando uno comete suicidio) no cae en las manos, cae retirado", agregó.
El agente también descartó el robo como móvil del crimen porque todo en el lugar estaba en orden y la víctima tenía sus prendas, incluyendo un reloj de oro marca Cartier.
La medida es de la autoría del senador popular Ángel Rosa.
Un proyecto de ley bajo estudio en el Senado busca reactivar la economía de los centros urbanos al eliminar las restricciones de algunos contratos de alquiler de espacios comerciales que impiden que el mismo arrendatario establezca un negocio similar a cierta distancia de ese establecimiento.
La medida de la autoría del senador popular Ángel Rosa enmendaría la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio para eliminar "cualquier restricción" en los contratos de alquiler que impida al arrendatario operar negocios con fines similares si tal limitación afecta un local a dos millas de distancia o menos de la propiedad objeto del arrendamiento o si no se excluyen de la prohibición aquellos establecimientos que se ubican en los centros urbanos.
El proyecto busca erradicar la práctica de algunos centros comerciales que incluyen en sus contratos de alquiler cláusulas que prohíben a los arrendatarios mantener negocios "bajo el mismo nombre comercial o razón social, dentro de un perímetro determinado" en el acuerdo contractual.
Esta situación, según la exposición de motivos de la medida, ha provocado que algunos comerciantes opten por cerrar sus tiendas en los cascos urbanos y mantener únicamente aquellas localizadas en los centros comerciales a las afueras del pueblo.
Sin embargo, tanto el Departamento de Justicia como la organización Space Mart Retail and Real Estate Solutions, que brinda servicios a centros comerciales, advirtieron en vistas públicas que el empobrecimiento de los centros urbanos no responde exclusivamente a esas cláusulas contractuales, sino que inciden otros factores como la seguridad, la disponibilidad de estacionamientos, la transportación, los cambios en el gusto de los consumidores y la limpieza y ornato de los espacios.
El Departamento de Justicia, por voz de Betsy Asencio, secretaria auxiliar de asesoramiento de la agencia, cuestionó si la pieza legislativa atiende el verdadero problema.
"Resulta loable la intención del legislador que persigue rescatar el comercio en los centros urbanos tradicionales en estos tiempos de crisis económica. No obstante, entendemos que no surge de la exposición de motivos un análisis empírico que sustente la enmienda propuesta", afirmó el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, en su ponencia escrita.
El Departamento de Justicia rechazó la medida ante la Comisión senatorial de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica, que dirige Rosa, al señalar que el estado de derecho ha reconocido la legalidad de las cláusulas de algunos contratos que limitan la competencia.
Sin embargo, el titular de Justicia reconoció que nada impide que la Asamblea Legislativa determine la ilegalidad de esas disposiciones contractuales.
"Aunque las restricciones incluidas en contratos de arrendamiento de bienes inmuebles sobre la operación de negocios por el mismo arrendatario en otros locales no signifiquen en balance un impedimento para el desarrollo de la competencia, el estado puede erradicar dichas conductas como asunto de orden público para conservar o revitalizar los centros urbanos tradicionales de los municipios", enfatizó el secretario.
A pesar de que advirtió sobre las otras variables que afectan el desarrollo económico de los centros urbanos, Arnaldo Oliveras, presidente de la organización que ofrece servicios de consultoría, arrendamiento, entre otros, a centros comerciales e inquilinos, respaldó el proyecto por entender que beneficia a los pequeños y medianos comerciantes que buscan expandir sus operaciones.
"Muchos de los arrendatarios más pequeños no cuentan con el poderío suficiente en la negociación para evitar que se les imponga una restricción de radio", como se denomina a la limitación en torno a la localización de dos comercios similares.
"Al no poder expandir sus operaciones, no pueden desarrollar el potencial de sus negocios ni desarrollarlo a capacidad óptima, eliminando así la creación de empleos adicionales, ingresos adicionales a otros centros comerciales dentro del radio de distancia, entre otras variables que en nada promueven la economía local", subrayó Oliveras, también director regional del Caribe para el Concilio Internacional de Centros Comerciales.
La Asociación de Alcaldes y la Asociación de Industriales también comparecieron a la vista para apoyar el proyecto de ley.
