Tuvo la oposición de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista y del Partido Independentista Puertorriqueño.
El Senado aprobó este lunes un proyecto de ley que permitiría a los registradores de la propiedad desempeñarse simultáneamente en otro puesto gubernamental, y que también otorgaría al Departamento de Justicia discreción para designar registradores de la propiedad especiales de necesitarse más asistencia en la inscripción de los títulos o escrituras de propiedades.
La ratificación de la medida ocurrió horas después de que el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, advirtiera en las vistas de presupuesto en la Cámara de Representantes sobre las "graves consecuencias" económicas que tiene el atraso en la inscripción de documentos en el Registro de la Propiedad.
Según Sánchez Betances, para el mes de marzo, había 260,000 documentos pendientes de inscripción.
La pieza legislativa de la autoría del senador popular, Aníbal José Torres, fue aprobada con la oposición de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
"Este es el inicio de una reforma integral del derecho inmobiliario", señaló Torres al presentar el informe que recomendó la aprobación de la pieza.
El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) resaltó que la intención de su proyecto es darle a la secretaría de Justicia la "flexibilidad" necesaria para administrar los recursos del Registro de la Propiedad de la manera que entienda maximizaría la efectividad de esa dependencia pública.
La medida permite que, cuando "lo entienda conveniente", el secretario de Justicia autorice extender nombramientos de registrador especial a abogados de esa agencia o de otras instrumentalidades públicas que cumplan con los requisitos dspuestos en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad.
"Los abogados nombrados en virtud de este artículo tendrán las atribuciones de un registrador de la propiedad. Esta designación será por un término mínimo de dos meses, el cual podrá ser prorrogado por un término de 12 meses adicionales, si la necesidad del servicio aún persiste", reza el proyecto legislativo.
Además, el secretario de Justicia podrá otorgar una dispensa a los registradores de la propiedad para que ocupen simultáneamente alguna otra posición en el gobierno "cuando ambos cargos o puestos no sean incompatibles ni exista la posibilidad de conflicto de intereses".
Actualmente, estos funcionarios solo pueden desempeñarse paralelamente en tareas docentes o académicas.
"La prohibición... limita injustificadamente la aportación intelectual y profesional que los registradores pueden ofrecer al gobierno", sostuvo Torres.
La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, dijo favorecer algunas disposiciones del proyecto, pero objetó que se eliminara la obligación en todos los Registros de la Propiedad de mantener estadísticas completas y detalladas de todos los bienes inmuebles o derechos sobre la propiedad que se inscriban en las oficinas.
El proyecto de ley, según aprobado, confiere al titular de Justicia la discreción de llevar las estadísticas que "entienda pertinentes y necesarias" para el funcionamiento del Registro de la Propiedad.
La ratificación de la medida ocurrió horas después de que el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, advirtiera en las vistas de presupuesto en la Cámara de Representantes sobre las "graves consecuencias" económicas que tiene el atraso en la inscripción de documentos en el Registro de la Propiedad.
Según Sánchez Betances, para el mes de marzo, había 260,000 documentos pendientes de inscripción.
La pieza legislativa de la autoría del senador popular, Aníbal José Torres, fue aprobada con la oposición de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
"Este es el inicio de una reforma integral del derecho inmobiliario", señaló Torres al presentar el informe que recomendó la aprobación de la pieza.
El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) resaltó que la intención de su proyecto es darle a la secretaría de Justicia la "flexibilidad" necesaria para administrar los recursos del Registro de la Propiedad de la manera que entienda maximizaría la efectividad de esa dependencia pública.
La medida permite que, cuando "lo entienda conveniente", el secretario de Justicia autorice extender nombramientos de registrador especial a abogados de esa agencia o de otras instrumentalidades públicas que cumplan con los requisitos dspuestos en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad.
"Los abogados nombrados en virtud de este artículo tendrán las atribuciones de un registrador de la propiedad. Esta designación será por un término mínimo de dos meses, el cual podrá ser prorrogado por un término de 12 meses adicionales, si la necesidad del servicio aún persiste", reza el proyecto legislativo.
Además, el secretario de Justicia podrá otorgar una dispensa a los registradores de la propiedad para que ocupen simultáneamente alguna otra posición en el gobierno "cuando ambos cargos o puestos no sean incompatibles ni exista la posibilidad de conflicto de intereses".
Actualmente, estos funcionarios solo pueden desempeñarse paralelamente en tareas docentes o académicas.
"La prohibición... limita injustificadamente la aportación intelectual y profesional que los registradores pueden ofrecer al gobierno", sostuvo Torres.
La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, dijo favorecer algunas disposiciones del proyecto, pero objetó que se eliminara la obligación en todos los Registros de la Propiedad de mantener estadísticas completas y detalladas de todos los bienes inmuebles o derechos sobre la propiedad que se inscriban en las oficinas.
El proyecto de ley, según aprobado, confiere al titular de Justicia la discreción de llevar las estadísticas que "entienda pertinentes y necesarias" para el funcionamiento del Registro de la Propiedad.
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