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martes, 21 de mayo de 2013

Justicia ordena investigación sobre presunto fraude electoral en Cataño

05/21/2013 | 07:19 p.m.

Luis Sánchez Betances, secretario de Justicia (Archivo) 
El secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, ordenó la tarde del martes a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor que inicie una investigación sobre las imputaciones de un posible fraude electoral en el Municipio de Cataño.
“Varios medios noticiosos reportaron hoy denuncias sobre un posible fraude electoral en el Municipio de Cataño. Por tal razón, le he solicitado al fiscal Alberto Valcárcel Ruiz que, junto a su equipo de trabajo, proceda a investigar esta denuncia con la misma celeridad y énfasis que le hemos brindado a la investigación sobre el fraude cometido en las primarias del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo, en el 2012”, señaló Sánchez Betances en un comunicado de prensa. Valcárcel Ruiz es el director de la mencionada división.
Más temprano, el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez indicó que de acuerdo con reportes de El Nuevo Día, existe evidencia testifical que supuestamente involucra a familiares y allegados del alcalde de Cataño, José Rosario, que hoy ocupan cargos en el ayuntamiento o son contratistas del municipio.
Declaraciones juradas de funcionarios electorales y otros miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) sostienen que, al menos 16 electores, se inscribieron con direcciones falsas para poder votar en Cataño por el Partido Popular Democrático (PPD).
Meléndez recordó que esos electores fueron recusados efectivamente previo a las elecciones de noviembre, pero los ciudadanos presuntamente recurrieron a las Juntas de Inscripción Permanentes que se habilitan de manera temporera días antes del evento electoral para poder reinscribirse nuevamente como votantes de Cataño con otras direcciones falsas.
"El fraude era evidente. Había la intención de violentar el Código Electoral de Puerto Rico... Había un plan, un esquema concertado. Estas personas no solamente fueron electores en Cataño, también fueron funcionarios de colegio que tuvieron acceso a papeletas y contar votos", señaló el representante novoprogresista.
En ese grupo que trabajó como funcionarios de colegio, figura una hermana del alcalde de Cataño, según Meléndez.
Con 7,902 votos a su favor, Rosario prevaleció en la contienda por la alcaldía en los pasados comicios por 95 votos ante el candidato del PNP, Félix "El Cano" Delgado, según los resultados de la CEE.

Lluvia provoca inundación de varias carreteras

05/21/2013 | 06:56 p.m.

Varias calles y carreteras se vieron afectadas esta tarde debido a las fuertes lluvias. (dennis.pichardo@gfrmedia.com) 
Varias calles y carreteras se vieron afectadas esta tarde debido a las fuertes lluvias.
El director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Miguel A. Ríos Torres, actualizó el informe de calles y carreteras anegadas por la lluvia de las pasadas horas, principalmente en la zona metro de San Juan.
En Guaynabo, se inundó la calle 20 de la urbanización Ponce de León; la calle California; la carretera PR-833, kilómetro 12.8 cerca de Willie’s Pinchos; avenida Los Filtros en dirección hacia Bayamón; la carretera PR-177 a la altura de Borinquen Gardens; y la avenida Esmeralda intersección con la calle Crisalda.
En Cupey, Río Piedras, se inundó la carretera PR-844, y la carretera de Paseo de Cupey. También hubo quebradas fuera de su cauce en la urbanización Cupey, detrás del motel Del Valle y la urbanización Caldas en el mismo sector.
Ríos Torres agregó en una comunicación escrita, que en Río Piedras se inundó la carretera frente al hospital San Gerardo, la calle Loíza en la urbanización Cerezal, y la avenida 65 Infantería frente a la tienda Burlington.
En Bayamón, la calle 17, bloque 15, en la urbanización Santa Rosa en Bayamón, una vivienda se inundó; también se anegó la avenida West Main, el bloque 51 de la urbanización Santa Rosa; y la avenida teniente Nelson Martínez de la urbanización Alturas de Flamboyán.
También se registraron varias calles intransitables en la urbanización San Francisco en Río Piedras, la avenida De Diego, y sector Matadero en Puerto Nuevo.
En Cataño, hubo inundación en una casa en la calle 19 de la urbanización Las Vegas.
En Mayagüez, ocurrió deslizamiento de terreno en la carretera PR-105 kilometro 4.

lunes, 20 de mayo de 2013

Causa para arresto contra maestro de música por maltrato a alumno

05/20/2013 | 08:01 p.m.

Iván Maraver Marrero  
Supuestamente, los hechos ocurrieron en el 2011, cuando el perjudicado tenía 9 años y cursaba el cuarto grado.
El juez Harry Massanet, del Tribunal de San Juan, determinó este lunes causa para arresto contra el maestro Iván Maraver Marrero, de la escuela Loaíza Cordero en Santurce, por violaciones a la Ley 177 de Maltrato a Menores por hechos ocurridos durante el 2011, cuando el perjudicado tenía 9 años y cursaba el cuarto grado.
El Departamento de Justicia informó en un comunicado de prensa, que la vista preliminar quedó señalada para el 4 de junio próximo, en la sala 605, del juez Enrique Silva.
Contra Maraver Marrero pesa también un cargo de agresión menos grave, en relación con el mismo estudiante. El juicio, por este último cargo quedó reseñalado para vista de status el 25 de junio, en la sala 1101 del Centro Judicial de San Juan.
Inicialmente, el ministerio público, representado por los fiscales Gretchen Pérez Catinchi y Dwight Santiago, imputó al profesor de música del instituto para niños y niñas no videntes un cargo de maltrato a menores, un cargo de actos lascivos y un cargo de amenaza a testigos.
Sin embargo, en la vista de causa para arresto realizada el pasado 17 de abril, un magistrado determinó causa por el cargo de amenaza a testigos.
El magistrado no encontró causa por el delito original de actos lascivos, pero redujo el cargo a agresión simple, que por tratarse de un delito menos grave, pasó directamente a la etapa de juicio en la sala de la jueza Gisela Alfonso Fernández.
Según la prueba del ministerio público, el maestro supuestamente agarró a su estudiante por los genitales cuando el menor, que ahora tiene 11 años, regresaba del baño.
Pese a esta situación, el niño no reveló el supuesto incidente y continuó tomando sus clases con el maestro.
Dos años después, el menor decidió revelar el supuesto incidente cuando uno de sus compañeros le confesó en una guagua escolar que el educador lo había agredido físicamente.

Fuerzas divididas en la Cámara en torno a futuro del Proyecto 238

05/20/2013 | 07:45 p.m.
Un representante popular, que se opone al P del S 238, subió a las gradas para hablar con la pastora Wanda Rolón.
El cabildeo en torno al Proyecto del Senado 238 se dividía este lunes en la noche en dos grupos principales, mientras la sesión de la Cámara se mantenía en receso desde las 5:00 p.m.
Un grupo incluyó a emisarios de La Fortaleza que insistían en procurar que la medida para combatir el discrimen en el empleo contra personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero sea aprobada sin mayores cambios a los insertados en el Senado.
Sin embargo, un segundo grupo procuraba insertarle enmiendas sustanciales para hacer constar que sus disposiciones aplicarán exclusivamente al ámbito laboral y cambiar sustancialmente la exposición de motivos, así como parte del alcance original, según lo propuesto por el senador popular Ramón Luis Nieves.
Durante la tarde, entre otras propuestas consideradas para adelantar el trámite legislativo de la medida, se comentó un plan para modificar drásticamente sus disposiciones e intentar que fueran similares al Proyecto de la Cámara 1725 aprobado en el cuatrienio pasado.
Sin embargo, revivir una versión de esa medida, que enmendó la Carta de Derecho de los Jóvenes, no fue recibida con simpatía por líderes del sector religioso encabezado por la pastora Wanda Rolón.
Un representante popular, que se opone al P del S 238, subió a las gradas para hablar con Rolón y otros de sus colaboradores con el objetivo de informarles sobre propuestas de enmienda que estaban en curso a las 6:00 p.m. centradas en disposiciones del Proyecto 1725.
Después de esa hora hubo un segundo caucus no anunciado de los populares, que abandonaron por una hora el hemiciclo de la Cámara y comenzaron a regresar a las 7:00 p.m. Sin embargo, la sesión no se había reiniciado entonces y el presidente del cuerpo Jaime Perelló no había pisado el hemiciclo.
Perelló se mantuvo en sus oficinas desde el mediodía cuando encabezó el primer caucus para discutir el alcance del Proyecto 238 y otras medidas que tenía previsto bajar a la consideración del cuerpo en horas, pero sus espectativas parecían esfumarse con el paso de las horas de un largo 20 de mayo.

Senado aprueba enmiendas a Ley del Registro de la Propiedad

05/20/2013 | 07:43 p.m.
Tuvo la oposición de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista y del Partido Independentista Puertorriqueño.
El Senado aprobó este lunes un proyecto de ley que permitiría a los registradores de la propiedad desempeñarse simultáneamente en otro puesto gubernamental, y que también otorgaría al Departamento de Justicia discreción para designar registradores de la propiedad especiales de necesitarse más asistencia en la inscripción de los títulos o escrituras de propiedades.
La ratificación de la medida ocurrió horas después de que el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, advirtiera en las vistas de presupuesto en la Cámara de Representantes sobre las "graves consecuencias" económicas que tiene el atraso en la inscripción de documentos en el Registro de la Propiedad.
Según Sánchez Betances, para el mes de marzo, había 260,000 documentos pendientes de inscripción.
La pieza legislativa de la autoría del senador popular, Aníbal José Torres, fue aprobada con la oposición de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
"Este es el inicio de una reforma integral del derecho inmobiliario", señaló Torres al presentar el informe que recomendó la aprobación de la pieza.
El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) resaltó que la intención de su proyecto es darle a la secretaría de Justicia la "flexibilidad" necesaria para administrar los recursos del Registro de la Propiedad de la manera que entienda maximizaría la efectividad de esa dependencia pública.
La medida permite que, cuando "lo entienda conveniente", el secretario de Justicia autorice extender nombramientos de registrador especial a abogados de esa agencia o de otras instrumentalidades públicas que cumplan con los requisitos dspuestos en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad.
"Los abogados nombrados en virtud de este artículo tendrán las atribuciones de un registrador de la propiedad. Esta designación será por un término mínimo de dos meses, el cual podrá ser prorrogado por un término de 12 meses adicionales, si la necesidad del servicio aún persiste", reza el proyecto legislativo.
Además, el secretario de Justicia podrá otorgar una dispensa a los registradores de la propiedad para que ocupen simultáneamente alguna otra posición en el gobierno "cuando ambos cargos o puestos no sean incompatibles ni exista la posibilidad de conflicto de intereses".
Actualmente, estos funcionarios solo pueden desempeñarse paralelamente en tareas docentes o académicas.
"La prohibición... limita injustificadamente la aportación intelectual y profesional que los registradores pueden ofrecer al gobierno", sostuvo Torres.
La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, dijo favorecer algunas disposiciones del proyecto, pero objetó que se eliminara la obligación en todos los Registros de la Propiedad de mantener estadísticas completas y detalladas de todos los bienes inmuebles o derechos sobre la propiedad que se inscriban en las oficinas.
El proyecto de ley, según aprobado, confiere al titular de Justicia la discreción de llevar las estadísticas que "entienda pertinentes y necesarias" para el funcionamiento del Registro de la Propiedad.

viernes, 17 de mayo de 2013

A juicio la pareja que escondió a bebé muerto en el congelador

05/17/2013 | 08:49 p.m.


Esposada de manos y pies, la mujer escuchó las palabras del magistrado sin hacer gesto. (teresa.canino@gfrmedia.com) 

Ahogada en llanto la abuela del bebé Carlos Humberto Santiago Rodríguez abandonó este viernes en la noche el Tribunal de San Juan, luego de escuchar al juez Enrique Silva Avilés determinar causa para juicio contra Xiomara Rodríguez Flores por la muerte de su propio hijo.
“Se hizo justicia con mi nieto”, soltó la mujer, mientras salía de la sala 608 acompañada de su hijo Humberto Santiago, padre del bebé muerte. “Para mí ella no es una madre porque una madre no hace lo que ella hizo”, agregó.
Minutos antes, el juez Silva Avilés, quien anunció su dictamen contra Rodríguez Flores, 24 años, por un cargo de asesinato y dos cargos de maltrato de menores, dispuso el 29 de mayo para la lectura de acusación, y el 30 de junio para el inicio del juicio en su fondo.
Esposada de manos y pies, la mujer escuchó las palabras del magistrado sin hacer gesto. Separado por los abogados y al otro extremo del escritorio de la defensa, su entonces pareja José Miranda López,43 años, también esposado, escuchó al juez determinar causa en su contra por un cargo de destrucción de evidencia y dos cargos de maltrato de menores.
Originalmente, el ministerio público, representado por los fiscales Deborah Benzaquen Parkes y Mario Rivera Géigel, imputaron al hombre un cargo de encubrimiento.
Sin embargo, el juez modificó el cargo a uno de destrucción de evidencia luego de escuchar las argumentaciones del abogado José Roselló Rivera, quien planteó que no se presentó evidencia de que su cliente conocía la forma en que murió el bebé, y del fiscal Rivera Géigel, quien aseguró que el hombre debía conocer que el bebé murió en circunstancias sospechosas y que por eso ocultó su cuerpo en el congelador de la nevera de la casa en Puerto Nuevo, San Juan.
La decisión del juez Silva Avilés se conoció este viernes, a las 6:30 p.m., tras culminar el testimonio de la fiscal Nancy Morales Cruz, quien entrevistó y tomó las declaraciones juradas a la pareja.
Morales Cruz, en la declaración directa que ofreció a su colega Rivera Géigel, declaró que en una primera declaración jurada Rodríguez Flores confesó que dio un biberón de leche y majado de yautía y batata al bebé de cinco meses y que luego lo observó ahogarse en su propio vómito.
Después en una segunda declaración jurada, la mujer supuestamente reconoció que como el pequeño realizaba unos sonidos mientras se ahogaba lo apretó contra una almohada durante cinco o diez minutos.
“(Lo hizo) porque ella tenía mucho coraje con el bebé porque lloraba y tenía miedo que José se despertara por el llanto del bebé”, indicó la fiscal Morales Cruz.
La fiscal convertida en testigo también explicó que en su declaración jurada Miranda López le indicó que le había dado un cantazo a Carlitos en la pierna izquierda porque lloraba y que al otro hijo de su compañera Joel Omar, lo arrodilló en varias ocasiones en el cajón de la leche por “malcriado”.
Apuntó que el hombre despertó y encontró al bebé muerto y que por temor a el cuerpo de descompusiera decidió colocarlo en el congelador.
En su contrainterrogatorio, Roselló Rivera cuestionó a la fiscal sobre las condiciones en que entrevistó a Miranda López y le leyó las advertencias de ley.
A preguntas del abogado de la defensa, Morales Cruz indicó que tras completar la entrevista con el acusado determinó que no había tenido participación en la muerte del bebé.
“Bajo la premisa que lo pone, tendría que decir que sí”, respondió la testigo.
También aseguró que nunca amenazó al acusado con someterle cargos de asesinato en concierto y común acuerdo con Rodríguez Flores para lograr su declaración.
La testigo, además, señaló que interrumpió el final de la entrevista con el ahora acusado cuando él le indicó que encontró al bebé boca abajo sobre una almohada.
Con esta información, Morales Cruz volvió a entrevistar a la acusada y en ese intercambio es que reveló que tapó al bebé con la almohada entre cinco a diez minutos.
Al final de la declaración jurada, Miranda López también indicó a la fiscal Morales Cruz que se enteró de la forma en que murió el bebé por boca de un peridista.
Samari Benítez Santiago, de la Sociedad para la Asistencia Legal y abogada de Rodríguez Floores, cuestionó a la testigo sobre el trato que dio a su representada desde el inicio de la investigación y la forma en que tomó sus admisiones en dos declaraciones juradas.
Benítez Santiago, quien comparte labores de la defensa con la abogada Yaritza Torres Medina, inició con una línea de preguntas que buscaban resaltar que Morales Cruz nunca trató a Rodríguez Flores como una víctima de violencia doméstica, pese a que esta investigación empezó como un posible caso de violencia doméstica.
 Morales Cruz indicó -a preguntas de la abogada- que no pidió que llevaran a la acusada a un albergue y que de su investigación no surgió evidencia que permitiera someter cargos por violencia doméstica.
 Rodríguez Flores pasó la noche en el Cuartel General de Hato Rey, luego que las autoridades la llevaron a ese lugar para entrevistarla el 18 de diciembre de 2012.
La abogada de la defensa también estableció una línea de preguntas para demostrar que Morales Cruz pidió que llevaran a su clienta al Centro Metropolitano de Investigaciones (CEMI) porque las condiciones del lugar propiciaban la toma de una declaración jurada.
“Yo la cité allí porque ese es mi lugar de trabajo”, respondió la fiscal.
En esa línea de preguntas, la fiscal comparó la declaración jurada de Rodríguez Flores y la de Miranda López apuntando que la declaración jurada de su clienta no incluía una mención a su escolaridad o su capacidad para entender el proceso.
En la declaración jurada de Miranda López también se consignó una pregunta donde se establecía que sabía escribir y leer, se le advertía que sus declaraciones podrían usarse para someterles cargos y se le explicaba en qué consistía el perjurio.
 Esta información, sin embargo, no se incluyó en la declaración jurada de Rodríguez Flores.
Benítez Santiago, además, presentó a su cliente como una mujer que vivía sometida a su compañero y a quien describió como una “follower” o seguidora y que podía sufrir el síndrome de la mujer maltratada.
“¿Él no la dejó llamar a la Policía?”, preguntó la abogada.
“Ella dijo que él no se lo permitió”, respondió Morales Cruz.

Educación debe $28,1 millones por compras a agricultores

05/17/2013 | 07:44 p.m.


La ADEA es la entidad intermediaria entre los agricultores y las agencias gubernamentales que adquieren los productos agrícolas. (Archivo) 
Durante el pasado cuatrienio se estableció una línea de crédito de $20 millones que podría utilizar la ADEA para “adelantar” el pago a los agricutores.
El programa de comedores escolares del Departamento de Educación adeuda $28,1 millones a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), lo que coloca en peligro el objetivo del gobernador Alejandro García Padilla de aumentar sustancialmente las ventas de agricultores locales a dicho programa.
La ADEA es la entidad intermediaria entre los agricultores y las agencias gubernamentales que adquieren los productos agrícolas. Tiene la responsabilidad de cobrar a las agencias para pagar de esa forma a los productores.
Ante la tardanza en pagos por parte de las agencias, durante el pasado cuatrienio se estableció una línea de crédito de $20 millones que podría utilizar la ADEA para “adelantar” el pago a los agricutores.
Según expuso este viernes ante la comisión cameral de Hacienda el administrador de ADEA, Gabriel Figueroa Herrera, las deudas de comedores escolares se concentran en los años 2011, con $7,9 millones, y 2012, con sobre los $20 millones.
 Debido a ello, la presente administración del Departamento de Educación reclama que no tiene el dinero para pagar esos atrasos y ofrecen un plan de pago de largo plazo para cubrirla, mientras se comprometen a pagar la facturación corriente.
Agregó que en lo que va del presente año 2013, Educación le ha pagado $2 millones de los $5 millones ya facturados por el servicio corriente.
Figueroa estimó que la ADEA concluirá el presente año fiscal con una deficiencia de $22 millones, a pesar de que tiene deudas por cobrar que totalizan los $58 millones y deudas por pagar por $23 millones.
El vicepresidente de la comisión cameral de Hacienda, César Hernández Alfonzo, quien presidió la audiencia pública, el expresidente de ese comité, Antonio Silva Delgado, coincidieron en la necesidad de legislar para garantizar que se separe por ley el dinero para pagar por las compras a los agricultores, reconociendo que de mantenerse el presente patrón, peligra todo programa que busque aumentar las ventas de estos productos al gobierno.
Hernández Alfonzó comentó que en esa dirección se está evaluando algo para legislar esas garantías.