Vila Biaggi, sin embargo, recalcó que la decisión de la creación de más plazas de peaje no está determinada todavía. (Archivo)
Aclaró que lo que se ha explorado no implica un alza a los peajes existentes operados bajo la ACT, sino de crear plazas de peajes nuevas, como por ejemplo en la PR-30.
La creación de más plazas de peaje en tramos de carreteras como la PR-30, en el Este, figura entre las medidas consideradas para allegar más capital a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), admitió la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi.
"Estamos en un proceso de evaluación de medidas necesarias para allegar fondos a la ACT que tiene una deuda con el Banco Gubernamental de Fomento de más de $2,200 millones", sostuvo la funcionaria.
"Entre las posibilidades que se están considerando está la reestructuración de algunas vías donde no existen plazas de peaje actualmente", sostuvo Vila al explicar que así se lograrían aportaciones "para su mantenimiento y uso".
Aclaró que lo que se ha explorado no implica un alza a los peajes existentes operados bajo la ACT, sino de crear plazas de peajes nuevas, como por ejemplo en la PR-30.
"Si usted viaja de Humacao a San Juan o Caguas por un tramo considerable del expreso no pasa por plazas de peaje", aunque se desplaza por un trayecto extenso, comentó este martes la funcionaria al reconocer que es una medida explorada como potencial legislación.
En el pasado cuatrienio, además de agudizarse las deudas en la ACT, el gobierno privatizó el expreso de Diego o ruta PR-22, que discurre desde San Juan hasta Hatillo. Al quedar bajo la jurisdicción de la empresa Metropistas esa importante vía, el Gobierno dejó de recibir millones de dólares por concepto de los peajes que operan en esa ruta.
Vila Biaggi, sin embargo, recalcó que la decisión de la creación de más plazas de peaje no está determinada todavía.
"No estamos diciendo que eso es lo que vamos a hacer sino que está dentro de las posibilidades", argumentó.
Confirma despidos tras dopajes
La funcionaria reconoció a preguntas de periodistas que cuatro empleados de La Fortaleza que arrojaron resultados positivos en pruebas de dopaje administradas hace unas semanas fueron despedidos definitivamente de sus puestos.
Al principio Vila Biaggi dijo que cuatro empleados cuyos nombres no se han revelado fueron "separados de sus puestos", pero luego, a preguntas reiteradas de la prensa, aclaró que quedaron "despedidos", tras cursarle cartas firmadas por Harold González, administrador de La Fortaleza.
La acción, según Vila Biaggi, se tomó de acuerdo a disposiciones del Reglamento de Personal de Confianza de La Fortaleza y tras ofrecerles a esas personas la opción de referirlos a un programa de ayuda contra la adicción a drogas. Dejó entrever las cuatro personas que no se interesaron en esa alternativa y ya cesaron en sus cargos.
Explicó que las pruebas de dopaje se le hicieron a 317 empleados de la mansión ejecutiva y repudió rumores circulados por redes sociales en el sentido de que Arturo Ríos Escribano, asesor laboral del Gobernador, tuvo resultados positivos en el dopaje.
"Eso es falso", sentenció al condenar que se pretenda mancillar y dañar la reputación de un recurso "sumamente valioso y responsable".
Explicó que hace tales manifestaciones porque fue autorizada personalmente por el abogado, quien se desempeña como asesor de asuntos laborales, a raíz de mensajes anónimos transmitidos por una cuenta de Twitter.
Explicó que no requerirá a los empleados cuyos nombres se han especulado en redes sociales que divulguen el resultado de sus pruebas de dopaje porque eso es un asunto confidencial y quedan a discreción de cada individuo hacer público ese tipo de información.
Aclaró también que en un momento se habló de cinco empleados con resultados positivos al dopaje, pero esa persona adicional fue un potencial empleado, una persona que estaba en proceso de ser reclutada para laborar en La Fortaleza, pero cuando se conoció el resultado positivo no fue contratada.
Según el proyecto de ley aprobado con 43 votos a favor y cuatro en contra, muchas aseguradoras tienen pagos en retraso por servicios que les ha provisto la ASEM. (Archivo)
La medida revertiría una ley aprobada el pasado cuatrienio que puso en manos de Puertos ese proceso.
La Cámara de Representantes aprobó, en la sesión ordinaria de este lunes, un proyecto de ley mediante el cual cualquier aseguradora o proveedor de servicios de salud que desee contratar con el gobierno tendrá que certificar que no mantiene deudas con la Administración de Servicios Médicos (ASEM), que opera el Centro Médico en Río Piedras.
Durante las vistas públicas sobre el presupuesto, la administradora de ASEM, Ana Rius, recordó que esa agencia funciona con un déficit operacional desde el 2008, y que al presente arrastra deudas ascendentes a $124,5 millones con suplidores y agencias del gobierno.
Al mismo tiempo, según el proyecto de ley aprobado con 43 votos a favor y cuatro en contra, muchas aseguradoras tienen pagos en retraso por servicios que les ha provisto la ASEM.
"Es inaceptable que una entidad aseguradora aspire a acceder a la millonaria contratación gubernamental de la reforma de salud mientras se niega a pagar sus deudas al principal centro hospitalario del país", reza la exposición de motivos de la medida.
Según la pieza legislativa, con la certificación de que las compañías aseguradoras no mantienen deudas con la ASEM, "se asegura que las arcas del erario no se vean afectadas con deudas recurrentes sin saldar, y por otro lado, se da un incentivo adicional para que las mismas sean satisfechas so pena de no poder obtener contrato alguno" con el gobierno hasta que demuestre que cumplió con sus obligaciones.
Según el proyecto, la certificación negativa de deuda deberá expedirse, al menos, 60 días antes de la vigencia de cualquier contrato de la compañía de seguros con la Administración de los Servicios de Salud para la reforma de salud.
De otra parte, y con la oposición de la delegación del Partido Nuevo Progresista, la Cámara dio paso a un proyecto de ley que enmendaría la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria de Barcos Cruceros para que los incentivos dirigidos a ese sector sean administrados por la Compañía de Turismo y no por la Autoridad de los Puertos, que es la entidad que hasta ahora otorga los fondos para cumplir con las ayudas.
La medida revertiría una ley aprobada el pasado cuatrienio que puso en manos de Puertos ese proceso.
"La Compañía de Turismo ofrece un sinnúmero de incentivos a los diferentes sectores de la industria turística, por lo que cuenta con los recursos y experiencia para ofrecer, manejar y otorgar los incentivos a la industria de barcos cruceros", indica la exposición de motivos de la medida.
El proyecto, sin embargo, permite que la JRT intervenga en un caso y emita una opinión sobre aspectos técnicos que requieran su pericia sobre el tema de las telecomunicaciones. (angel.rivera@gfrmedia.com)
La medida, aprobada con 18 votos a favor y seis en contra, revierte las disposiciones de una ley aprobada en el 2005.
El Senado aprobó hoy un proyecto de ley que elimina la jurisdicción exclusiva que actualmente tiene la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) para atender pleitos de clase incoados por consumidores en contra de compañías de telecomunicaciones o de televisión por cable.
La medida, aprobada con 18 votos a favor y seis en contra, revierte las disposiciones de una ley aprobada en el 2005 al restituirle al Tribunal de Primera Instancia la facultad primaria para adjudicar ese tipo de controversias y, además, elimina el tope de $5 millones que el mismo estatuto estableció como límite de las compensaciones a las que tendrían derecho los miembros de una clase que prevalezcan en un caso.
"Esta Asamblea Legislativa entiende que certificar un pleito de clase es un asunto de derecho sustantivo, y el foro con la pericia e infraestructura necesaria para atender dichos pleitos es el Tribunal General de Justicia. Ello también reconoce que la rigurosidad del foro judicial salvaguarda el derecho al debido proceso que les asiste a las compañías de telecomunicaciones y cable televisión que se exponen a perder un interés propietario", reza la medida de los senadores populares Eduardo Bhatia, Ramón Luis Nieves y Ramón Ruiz.
El proyecto, sin embargo, permite que la JRT intervenga en un caso y emita una opinión sobre aspectos técnicos que requieran su pericia sobre el tema de las telecomunicaciones.
Al defender la pieza legislativa, el senador Nieves afirmó que cuando se le confirió la jurisdicción exclusiva a la JRT en el 2005, a la ley se le incluyeron presuntamente de manera inadvertida algunas enmiendas, entre ellas el que tuviera vigencia retroactiva. Ello, según el legislador, para favorecer a una compañía de telefonía que entonces enfrentaba un pleito de clase en el tribunal y que al trasladar el pleito al foro administrativo se exponía solo a pagar compensaciones más bajas.
Aunque lo criticó enérgicamente, el proyecto de ley aprobado este jueves también incluye una cláusula retroactiva al establecer que su vigencia será inmediata y, además, "surtirá efecto sobre cualquier procedimiento pendiente a esta fecha o que se radique con posterioridad a la misma".
La senadora novoprogresista Margarita Nolasco presentó infructuosamente una enmienda para establecer que la pieza tendría vigencia prospectiva.
"Esta enmienda en la parte de retroactividad no afecta los derechos sustantivos de las partes... La Junta (Reglamentadora de Telecomunicaciones) no ha tomado determinaciones sobre los efectos sustantivos de las partes en los cinco pleitos de clase que tiene", señaló Nieves.
Nolasco también rechazó la medida por entender que beneficiaría a los abogados José Andreu García y José Andreu Fuentes, vinculados con figuras del Partido Popular Democrático y quienes representan legalmente a las clases en dos casos actualmente ante la consideración de la JRT.
"No cabe duda de que esta ley ha sido hecha a la medida para beneficiar al bufete de abogados que actualmente tiene importantes pleitos de clase pendientes ante la Junta Reglamentadora, y pretenden que este Senado los beneficie, no solo eliminando la jurisdicción de la Junta Reglamentadora, sino engrosando sus arcas personales con la eliminación de los topes establecidos, abriendo la puerta a honorarios millonarios", sostuvo la legisladora del Partido Nuevo Progresista.
De otra parte, el Alto Cuerpo dio paso de manera unánime a un proyecto de ley que establecería un programa de retiro temprano voluntario en la Autoridad de los Puertos.
Según la pieza legislativa, podrían acogerse al beneficio aquellos empleados que hayan comenzado a cotizar bajo las disposiciones de la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno antes del 1 de abril de 1990, y que al 30 de junio de este año tengan, al menos, 20 años de servicio.
De igual forma, el Senado aprobó con 21 votos a favor y tres en contra un proyecto que enmendaría el Código de Rentas Internas para imponer un arbitrio a la venta del tabaco para mascar.
Los recaudos por ese gravamen estarían destinados en partes iguales a la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música, la Corporación de las Artes Musicales, el Fondo Especial de Control de Tabaco del Departamento de Salud y el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.
La medida, aprobada por unanimidad, enmienda la Ley de la Policía de Puerto Rico, para equiparar la situación de los dependientes de agentes muertos fuera de servicio con la de aquellos que mueren en servicio. (Archivo)
La medida enmienda la Ley de la Policía de Puerto Rico para equiparar la situación de los dependientes de agentes muertos fuera de servicio con la de aquellos que mueren en servicio.
La Cámara de Representantes aprobó este jueves legislación para extender a 12 meses el pago de mensualidades a las viudas, viudos o dependientes de policías que mueran por causas naturales o accidentes no relacionados con su trabajo.
La medida, aprobada por unanimidad, enmienda la Ley de la Policía de Puerto Rico, para equiparar la situación de los dependientes de agentes muertos fuera de servicio con la de aquellos que mueren en servicio.
“Esta ley es una de justicia para todos los policías, ya que, aunque el o la agente del orden público falleciera en circunstancias que no fueran en el cumplimiento del deber, siempre y cuando mantuviera una conducta regida por la probidad moral en su sus funciones, su familia no quedará desprovista de un beneficio tan importante como resulta ser el pago de 12 mensualidades de lo que era su salario bruto como miembro de la uniformada”, dice la exposición de motivos de la medida.
La Cámara también aprobó legislación para conceder al Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico la autonomía para establecer y administrar su propio sistema de admisiones.
La medida, que enfrentó la oposición del grueso de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), remueve de la Policía de Puerto Rico la administración del sistema de admisiones y reclutamiento para el Colegio.
En el informe positivo que recomienda la aprobación de este proyecto, se consigna la oposición del superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, quién le indicó a la comisión de Seguridad Pública, que evaluó la misma, que la selección de candidatos a la Policía tiene que recaer en primera instancia en la figura del Superintendente.
También avaló la Cámara una resolución para evaluar la posibilidad de crear en Puerto Rico un Negociado contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y las Armas Ilegales.
Se dispuso, además, que “tendrá la responsabilidad de ejercer todas las funciones y responsabilidades de la Administración que le sean delegadas por la Junta de Gobierno”. (david.villafane@gfrmedia.com)
Esta legislación pasa ahora a la consideración del Senado.
La Cámara de Representantes aprobó una medida legislativa que le concede más poderes y facultades a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, y que se los quita al administrador, Miguel Hernández Vivoni. Esta legislación pasa ahora a la consideración del Senado.
Además, en la sesión cameral de este miércoles, también se aprobó el proyecto que autoriza la emisión de una licencia de conducir provisional a los extranjeros residentes en la Isla que no hayan legalizado su residencia legal y la legislación que elimina la Oficina del Inspector General (OIG).
El proyecto sobre la AVP enmienda las funciones del Administrador y dispone que él sea “el funcionario ejecutivo de la Administración que responderá directamente a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, y llevará a cabo cualquier gestión, directriz o encomienda que dicha Junta le asigne”.
Se dispuso, además, que “tendrá la responsabilidad de ejercer todas las funciones y responsabilidades de la Administración que le sean delegadas por la Junta de Gobierno”.
La controversia en torno a este proyecto gira porque la pasada administración nombró como administrador y por un periodo de siete años a Hernández Vivoni, quien fue el secretario de la Vivienda bajo el gobierno de Luis Fortuño. La confirmación del funcionario, luego de pasadas las elecciones, tuvo entonces la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado.
El proyecto no destituye a Hernández Vivoni, pero pasa a manos de la Junta los principales poderes que él ostentaba como administrador.
Por otra parte, el Proyecto de la Cámara 900 enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y deroga la Ley 79 de 2005, conocida como la Ley de Requisitos para obtener permiso (licencia) para conducir vehículos de motor en Puerto Rico, para crear una nueva licencia de conducir provisional.
Para obtener esta licencia será elegible “toda persona extranjera que haya residido en Puerto Rico, por un periodo mayor a un año; que no posea una tarjeta de seguro social ni un documento que verifique que no es elegible o no se le aplica asignarle un número de seguro social; y que no posea documentación que demuestre que es ciudadano de los Estados Unidos de América, o documentación expedida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de América (United States Citizenship and Immigration Services) que autorice su presencia en los Estados Unidos de América”.
Los requisitos para la expedición de dicha licencia, incluyen poseer una licencia de aprendizaje provisional expedida conforme a esta misma Ley y poseer un pasaporte vigente de su país de ciudadanía o una identificación consular vigente expedida por un consulado de su país de ciudadanía con el propósito de identificar a la persona.
Otro de los proyectos y resoluciones aprobados por la Cámara es el que deroga la Ley que creó la Oficina del Inspector General y transfiere esas funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
La Legislación, además de derogar la Ley 42-2010, que fue la que creó la OIG, añade un nuevo artículo a la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para asignarle nuevas funciones de auditoría operacional, gerencial o administrativa en las agencias del gobierno y en sus corporaciones públicas “para determinar el grado de éxito y eficiencia alcanzado por los programas, proyectos, o actividades gubernamentales y para evitar o combatir todo desperdicio, gastos excesivos y la duplicidad en el uso de fondos públicos”.
También le asigna coordinar y ampliar los esfuerzos gubernamentales para promover la integridad y eficiencia en el manejo de fondos públicos, estatales y federales y le confiere el poder de citar testigos, tomar juramentos o declaraciones, tomar testimonios y requerir la producción de libros, fotografías, expedientes y documentos para completar o desarrollar cualquier investigación que esté llevando a cabo.
Todas estas medidas pasan ahora a la consideración del Senado.
Hoy fue el cuarto día del juicio que se sigue contra Aida de los Santos Pineda, acusada de asesinar a Georgina Ortiz Ortiz, esposa del juez. (juan.martinez@gfrmedia.com)
Hoy fue el cuarto día del juicio que se sigue contra Aida de los Santos Pineda, acusada de asesinar a Georgina Ortiz Ortiz, esposa del juez.
El exjuez del Tribunal Supremo de Puerto rico, Carlos Irizarry Yunqué, nunca figuró como sospecho del asesinato de su esposa Georgina Ortiz Ortiz, pero el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) le tomó una muestra bucal para efectos de comparación a petición de la agente investigadora del caso, Ormarie Roque.
En el cuarto día del juicio que se sigue contra Aida de los Santos Pineda, quien está acusada de asesinar a Ortiz Ortiz el 17 de agosto de 2010, el técnico de huellas, David Betancourt, y la técnico de control y custodia del ICF, Yamaira Falú Carrasquillo, también declararon que se hicieron pruebas bucales para identificar ADN a otras 11 personas, incluyendo a la acusada, por petición de Roque.
En testimonios separados, ambos señalaron que en la solicitud de análisis de Irizarry Yunqué y de otra persona identificada por su nombre de Ronaldo Pichardo, del 3 de septiembre de 2010, no se identificada a de los Santos como sospechosa del crimen.
Pero el nombre de la empleada doméstica apareció como sospechosa en la solicitud de análisis de su prueba bucal y de las muestras de cabello, realizadas el 10 de septiembre de 2010.
Ese documento, según Betancourt, establece que de los Santos se sometió a la prueba "voluntariamente".
Ante un jurado compuesto mayormente de mujeres, el técnico de huellas explicó que visitó el apartamento 5B del condominio Laguna Terrace en el Condado, San Juan, un día después de que el exjuez encontró el cuerpo ensangrentado de su esposa en el suelo de la residencia familiar.
Relató, a preguntas de la fiscal Elba Acevedo Pérez, que intentó levantar posibles huellas latentes utilizando polvo de grafito negro. Como parte de su trabajo trató de levantar huellas en las superficies lisas y en las áreas que normalmente tocan las personas como las puertas, las perillas y los interruptores de luz, pero que no identificó huellas en el apartamento donde ocurrió el crimen.
"En este caso, no fue positivo el levantamiento de huellas", afirmó el perito, quien también rindió un informe con sus hallazgos, que se admitió como prueba en el caso.
Entonces en el contrainterrogatorio del abogado Juan Nevárez García, quien representa a la acusada junto a los abogados Lucille Borges Capó, Aarón Fernández Flores y Jesús Peluyera Santiago, reconoció que no trató de levantar huellas en todas partes como en el marco de madera de la puerta del baño, donde había sangre, porque se trata de una superficie porosa donde el químico tiene dificultad para penetrar.
Aseguró que trató de levantar huellas con el polvo de grafito en timbre del apartamento y el tope de la cocina, pero que en su informe no documentó en detalle los lugares que trabajó para huellas.
El informe solo consigna, según leyó, que se trabajó el interior apartamento. Explicó que tampoco se tomaron fotos de los lugares donde intentó levantar huellas porque solo se toman fotografías de los puntos donde se identifica una huella.
A preguntas del abogado, el perito también pareció confundirse al indicar que tomó la muestra bucal de Irizarry Ortiz, pero que no lo vio físicamente en el ICF.
Nevárez García preguntó a Falú Carrasquillo si el nombre del exjuez había aparecido como sospechoso del crimen.
"No", respondió la mujer.
Fiscalía no sienta al hijo de la víctima
En la mañana, la fiscal Acevedo Pérez le informó a la jueza Eloína Torres Cancel que no sentará a José Palau Ortiz, hijo de la víctima, como testigo en el caso, pero que lo ponía a disposición de la defensa.
Luego de entrevistar al hombre, los abogados de la defensa determinaron sentar a Palau Ortiz como testigo de la defensa. El hombre quedó citado para el 24 de junio próximo.
Posterior a la renuncia de Palau Ortiz como testigo de cargo, el agente del Cuartel de Loíza, Carlos Pérez Rosado, declaró que al llegar al apartamento de la pareja la tarde del 17 de agosto de 2010, encontró al exjuez lloroso y sentado en una butaca cercana al lugar donde yacía el cuerpo de su esposa.
Además, indicó que la escena del crimen parecía alterada por la forma en que se encontraba el cadáver, el cuchillo y las chanclas de la víctima.
"Lo vi lloroso. Me entrevisto con el viejito, que estaba triste, destrozado y llorando", relató el décimo testigo del ministerio público.
Pérez Rosado relató que llegó al condominio alertado por una comunicación del Centro de Mando, que informó sobre un aparente suicidio.
Esta comunicación surgió en respuesta a la llamada que hizo el vecino Frank Funtane desde su celular informando sobre "una persona que aparentemente se había suicidado".
Esta afirmación del agente contradice el testimonio ofrecido en sala por Funtane la semana pasada, quien aseguró que "llamé a la Policía desde mi celular y digo que creo que había habido un asesinato".
Desde que inició el juicio, el jueves pasado, han surgido algunas contradicciones entre las declaraciones de los testigos.
Pérez Rosado también apuntó que el 17 de agosto, Irizarry Yunqué vestía una chaqueta gris, una camisa blanca y zapatos negros. Su ropa no tenía manchas de sangre.
El asunto de la vestimenta del exjuez, quien fue la persona que descubrió el cuerpo de su esposa y no se encuentra en la lista de testigos, surgió el lunes cuando Borges Capó cuestionó a la nieta de Irizarry Yunqué, Lida Isis Egele Irizarry, sobre una chaqueta que sobresalía de un armario. Esa pregunta parecía sugerir que el exjuez se pudo haber cambiado de ropa.
La defensa ha enfilado sus cañones hacia el exjuez desde el inicio del juicio en un intento por vincularlo al crimen de su esposa.
El agente aseguró que pese a que la llamada que recibió alertaba sobre un posible suicidio, al llegar a la escena le pareció "sospecho" la forma en que cayó el cuerpo, que se encontraba boca abajo.
"Alguien que intenta suicidarse no deja las chancletas al lado", indicó el agente sobre la base para sospechar que la escena se había alterado por la persona que cometió el crimen.
"El cuchillo básicamente estaba en sus manos, (cuando uno comete suicidio) no cae en las manos, cae retirado", agregó.
El agente también descartó el robo como móvil del crimen porque todo en el lugar estaba en orden y la víctima tenía sus prendas, incluyendo un reloj de oro marca Cartier.
La medida es de la autoría del senador popular Ángel Rosa.
Un proyecto de ley bajo estudio en el Senado busca reactivar la economía de los centros urbanos al eliminar las restricciones de algunos contratos de alquiler de espacios comerciales que impiden que el mismo arrendatario establezca un negocio similar a cierta distancia de ese establecimiento.
La medida de la autoría del senador popular Ángel Rosa enmendaría la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio para eliminar "cualquier restricción" en los contratos de alquiler que impida al arrendatario operar negocios con fines similares si tal limitación afecta un local a dos millas de distancia o menos de la propiedad objeto del arrendamiento o si no se excluyen de la prohibición aquellos establecimientos que se ubican en los centros urbanos.
El proyecto busca erradicar la práctica de algunos centros comerciales que incluyen en sus contratos de alquiler cláusulas que prohíben a los arrendatarios mantener negocios "bajo el mismo nombre comercial o razón social, dentro de un perímetro determinado" en el acuerdo contractual.
Esta situación, según la exposición de motivos de la medida, ha provocado que algunos comerciantes opten por cerrar sus tiendas en los cascos urbanos y mantener únicamente aquellas localizadas en los centros comerciales a las afueras del pueblo.
Sin embargo, tanto el Departamento de Justicia como la organización Space Mart Retail and Real Estate Solutions, que brinda servicios a centros comerciales, advirtieron en vistas públicas que el empobrecimiento de los centros urbanos no responde exclusivamente a esas cláusulas contractuales, sino que inciden otros factores como la seguridad, la disponibilidad de estacionamientos, la transportación, los cambios en el gusto de los consumidores y la limpieza y ornato de los espacios.
El Departamento de Justicia, por voz de Betsy Asencio, secretaria auxiliar de asesoramiento de la agencia, cuestionó si la pieza legislativa atiende el verdadero problema.
"Resulta loable la intención del legislador que persigue rescatar el comercio en los centros urbanos tradicionales en estos tiempos de crisis económica. No obstante, entendemos que no surge de la exposición de motivos un análisis empírico que sustente la enmienda propuesta", afirmó el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, en su ponencia escrita.
El Departamento de Justicia rechazó la medida ante la Comisión senatorial de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica, que dirige Rosa, al señalar que el estado de derecho ha reconocido la legalidad de las cláusulas de algunos contratos que limitan la competencia.
Sin embargo, el titular de Justicia reconoció que nada impide que la Asamblea Legislativa determine la ilegalidad de esas disposiciones contractuales.
"Aunque las restricciones incluidas en contratos de arrendamiento de bienes inmuebles sobre la operación de negocios por el mismo arrendatario en otros locales no signifiquen en balance un impedimento para el desarrollo de la competencia, el estado puede erradicar dichas conductas como asunto de orden público para conservar o revitalizar los centros urbanos tradicionales de los municipios", enfatizó el secretario.
A pesar de que advirtió sobre las otras variables que afectan el desarrollo económico de los centros urbanos, Arnaldo Oliveras, presidente de la organización que ofrece servicios de consultoría, arrendamiento, entre otros, a centros comerciales e inquilinos, respaldó el proyecto por entender que beneficia a los pequeños y medianos comerciantes que buscan expandir sus operaciones.
"Muchos de los arrendatarios más pequeños no cuentan con el poderío suficiente en la negociación para evitar que se les imponga una restricción de radio", como se denomina a la limitación en torno a la localización de dos comercios similares.
"Al no poder expandir sus operaciones, no pueden desarrollar el potencial de sus negocios ni desarrollarlo a capacidad óptima, eliminando así la creación de empleos adicionales, ingresos adicionales a otros centros comerciales dentro del radio de distancia, entre otras variables que en nada promueven la economía local", subrayó Oliveras, también director regional del Caribe para el Concilio Internacional de Centros Comerciales.
La Asociación de Alcaldes y la Asociación de Industriales también comparecieron a la vista para apoyar el proyecto de ley.
