Senado busca reactivar la economía de los centros urbanos

06/12/2013 | 07:33 p.m.

(Archivo) 

La medida es de la autoría del senador popular Ángel Rosa.

Un proyecto de ley bajo estudio en el Senado busca reactivar la economía de los centros urbanos al eliminar las restricciones de algunos contratos de alquiler de espacios comerciales que impiden que el mismo arrendatario establezca un negocio similar a cierta distancia de ese establecimiento.

La medida de la autoría del senador popular Ángel Rosa enmendaría la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio para eliminar "cualquier restricción" en los contratos de alquiler que impida al arrendatario operar negocios con fines similares si tal limitación afecta un local a dos millas de distancia o menos de la propiedad objeto del arrendamiento o si no se excluyen de la prohibición aquellos establecimientos que se ubican en los centros urbanos.

El proyecto busca erradicar la práctica de algunos centros comerciales que incluyen en sus contratos de alquiler cláusulas que prohíben a los arrendatarios mantener negocios "bajo el mismo nombre comercial o razón social, dentro de un perímetro determinado" en el acuerdo contractual.

Esta situación, según la exposición de motivos de la medida, ha provocado que algunos comerciantes opten por cerrar sus tiendas en los cascos urbanos y mantener únicamente aquellas localizadas en los centros comerciales a las afueras del pueblo.

Sin embargo, tanto el Departamento de Justicia como la organización Space Mart Retail and Real Estate Solutions, que brinda servicios a centros comerciales, advirtieron en vistas públicas que el empobrecimiento de los centros urbanos no responde exclusivamente a esas cláusulas contractuales, sino que inciden otros factores como la seguridad, la disponibilidad de estacionamientos, la transportación, los cambios en el gusto de los consumidores y la limpieza y ornato de los espacios.

El Departamento de Justicia, por voz de Betsy Asencio, secretaria auxiliar de asesoramiento de la agencia, cuestionó si la pieza legislativa atiende el verdadero problema.

"Resulta loable la intención del legislador que persigue rescatar el comercio en los centros urbanos tradicionales en estos tiempos de crisis económica. No obstante, entendemos que no surge de la exposición de motivos un análisis empírico que sustente la enmienda propuesta", afirmó el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, en su ponencia escrita.

El Departamento de Justicia rechazó la medida ante la Comisión senatorial de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica, que dirige Rosa, al señalar que el estado de derecho ha reconocido la legalidad de las cláusulas de algunos contratos que limitan la competencia.

Sin embargo, el titular de Justicia reconoció que nada impide que la Asamblea Legislativa determine la ilegalidad de esas disposiciones contractuales.

"Aunque las restricciones incluidas en contratos de arrendamiento de bienes inmuebles sobre la operación de negocios por el mismo arrendatario en otros locales no signifiquen en balance un impedimento para el desarrollo de la competencia, el estado puede erradicar dichas conductas como asunto de orden público para conservar o revitalizar los centros urbanos tradicionales de los municipios", enfatizó el secretario.

A pesar de que advirtió sobre las otras variables que afectan el desarrollo económico de los centros urbanos, Arnaldo Oliveras, presidente de la organización que ofrece servicios de consultoría, arrendamiento, entre otros, a centros comerciales e inquilinos, respaldó el proyecto por entender que beneficia a los pequeños y medianos comerciantes que buscan expandir sus operaciones.

"Muchos de los arrendatarios más pequeños no cuentan con el poderío suficiente en la negociación para evitar que se les imponga una restricción de radio", como se denomina a la limitación en torno a la localización de dos comercios similares.

"Al no poder expandir sus operaciones, no pueden desarrollar el potencial de sus negocios ni desarrollarlo a capacidad óptima, eliminando así la creación de empleos adicionales, ingresos adicionales a otros centros comerciales dentro del radio de distancia, entre otras variables que en nada promueven la economía local", subrayó Oliveras, también director regional del Caribe para el Concilio Internacional de Centros Comerciales.

La Asociación de Alcaldes y la Asociación de Industriales también comparecieron a la vista para apoyar el proyecto de ley.