La creación de más plazas de peaje en tramos de carreteras como la PR-30, en el Este, figura entre las medidas consideradas para allegar más capital a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), admitió la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi.
"Estamos en un proceso de evaluación de medidas necesarias para allegar fondos a la ACT que tiene una deuda con el Banco Gubernamental de Fomento de más de $2,200 millones", sostuvo la funcionaria.
"Entre las posibilidades que se están considerando está la reestructuración de algunas vías donde no existen plazas de peaje actualmente", sostuvo Vila al explicar que así se lograrían aportaciones "para su mantenimiento y uso".
Aclaró que lo que se ha explorado no implica un alza a los peajes existentes operados bajo la ACT, sino de crear plazas de peajes nuevas, como por ejemplo en la PR-30.
"Si usted viaja de Humacao a San Juan o Caguas por un tramo considerable del expreso no pasa por plazas de peaje", aunque se desplaza por un trayecto extenso, comentó este martes la funcionaria al reconocer que es una medida explorada como potencial legislación.
En el pasado cuatrienio, además de agudizarse las deudas en la ACT, el gobierno privatizó el expreso de Diego o ruta PR-22, que discurre desde San Juan hasta Hatillo. Al quedar bajo la jurisdicción de la empresa Metropistas esa importante vía, el Gobierno dejó de recibir millones de dólares por concepto de los peajes que operan en esa ruta.
Vila Biaggi, sin embargo, recalcó que la decisión de la creación de más plazas de peaje no está determinada todavía.
"No estamos diciendo que eso es lo que vamos a hacer sino que está dentro de las posibilidades", argumentó.
Confirma despidos tras dopajes
La funcionaria reconoció a preguntas de periodistas que cuatro empleados de La Fortaleza que arrojaron resultados positivos en pruebas de dopaje administradas hace unas semanas fueron despedidos definitivamente de sus puestos.
Al principio Vila Biaggi dijo que cuatro empleados cuyos nombres no se han revelado fueron "separados de sus puestos", pero luego, a preguntas reiteradas de la prensa, aclaró que quedaron "despedidos", tras cursarle cartas firmadas por Harold González, administrador de La Fortaleza.
La acción, según Vila Biaggi, se tomó de acuerdo a disposiciones del Reglamento de Personal de Confianza de La Fortaleza y tras ofrecerles a esas personas la opción de referirlos a un programa de ayuda contra la adicción a drogas. Dejó entrever las cuatro personas que no se interesaron en esa alternativa y ya cesaron en sus cargos.
Explicó que las pruebas de dopaje se le hicieron a 317 empleados de la mansión ejecutiva y repudió rumores circulados por redes sociales en el sentido de que Arturo Ríos Escribano, asesor laboral del Gobernador, tuvo resultados positivos en el dopaje.
"Eso es falso", sentenció al condenar que se pretenda mancillar y dañar la reputación de un recurso "sumamente valioso y responsable".
Explicó que hace tales manifestaciones porque fue autorizada personalmente por el abogado, quien se desempeña como asesor de asuntos laborales, a raíz de mensajes anónimos transmitidos por una cuenta de Twitter.
Explicó que no requerirá a los empleados cuyos nombres se han especulado en redes sociales que divulguen el resultado de sus pruebas de dopaje porque eso es un asunto confidencial y quedan a discreción de cada individuo hacer público ese tipo de información.
Aclaró también que en un momento se habló de cinco empleados con resultados positivos al dopaje, pero esa persona adicional fue un potencial empleado, una persona que estaba en proceso de ser reclutada para laborar en La Fortaleza, pero cuando se conoció el resultado positivo no fue contratada.
