No obstante, afirmó que no sabía qué situación se había suscitado antes de salir de la habitación, que habría conducido al asesinato. (Archivo)
La testigo declaró que bailó “reguetón” con López Carrasquillo y no sintió que llevara una pistola.
La defensa de Jean Carlos López Carrasquillo trató de establecer que la joven que llevó al acusado a la fiesta en la que fue asesinado el “disc jockey” Jan Carlos Alvarado Martínez, ocurrida en la madrugada del pasado 29 de junio en la urbanización Hacienda Sabanera en Cidra, nunca lo vio apuntar y/o dispararle a la víctima.
Durante el contrainterrogatorio que se produjo frente a familiares del occiso y el acusado, el abogado Carlos Rodríguez Cruz, le cuestionó a la testigo de 17 años si en algún momento desde que estuvo en el carro con López Carrasquillo hasta la fiesta en la casa de la víctima se percató de que él portaba un arma de fuego.
La testigo declaró que bailó “reguetón” con López Carrasquillo, y a preguntas del abogado sobre su postura frente al acusado, ella respondió que quedaba de espaldas de él y no sintió que llevara una pistola.
López Carrasquillo, conocido como Jeanpeca está acusado de un cargo de asesinato en primer grado y cinco cargos de violación a la Ley de Armas por los hechos ocurridos durante una fiesta a la que supuestamente no estaba invitado por los organizadores, pero que llegó en compañía de Heriberto Martínez León, su vecino en el residencial Brisas de Cayey, y quien fue coacusado en el caso.
Rodríguez Cruz le insistió a la adolescente sobre el interrogatorio del fiscal Ángel García la semana pasada, en el que ella describió su postura física frente al acusado y que se dio cuenta de que él estaba armado. El abogado intentaba establecer que desde donde ella se encontraba y en la posición en la que ambos estaban no era posible que ella pudiera distinguir ese detalle.
Sin embargo, no fue hasta que la fiscal Yaritza Carrasquillo le preguntó cómo si ella estaba parada de frente, y el del lado contrario al que supuestamente él llevaba el arma, ella le explicó que pudo notarlo porque él esta “parado, recostado hacia atrás en una silla”.
La testigo, quien admitió nuevamente que había consumido bastante alcohol para la hora de los asesinato, reiteró a preguntas del abogado que mientras estuvo disfrutando de la fiesta Jeanpeca nunca amenazó o intervino con el DJ, a pesar de que los ánimos entre ella y el occiso, con quien había tenido una relación sentimental un año antes, llegaron a exacerbarse en un punto.
De la misma forma, afirmó que a Alvarado Martínez, conocido como Yankee, nunca lo vio con un arma o amenazando al acusado, aunque tras rechazar un acercamiento de su parte, él le habría dicho de forma retante “¿guapita conmigo?”.
La estudiante expuso que poco antes de que Yankee fuera asesinado fue a uno de los cuartos en la residencia, donde se habían almacenado bebidas alcohólicas, a buscar unas cervezas junto a dos amigos y la amiga con quien asistió a la fiesta. Relató que una vez allí, consumió una bebida color marrón de una caneca, y se sentó en un sofá que había en la habitación. Fue entonces cuando escuchó el disparó.
Pocos segundos después de la detonación dijo que salió del cuarto y vio a Yankee tirado en el suelo, herido, y el acusado parado cerca apuntando hacia arriba.
No obstante, afirmó que no sabía qué situación se había suscitado antes de salir de la habitación, que habría conducido al asesinato.
Cuando se le preguntó el por qué no llamó a la Policía o trató de ayudar a su expareja, ella indicó que “de los mismos nervios; estaba asustada y no sabía qué hacer”.
Alvarado Martínez, de 18 años, fue asesinado de un balazo en el pecho en medio de la fiesta. Según la teoría presentada por fiscalía, López Carrasquillo fue quien le disparó y fue ayudado para huir de la escena por Martínez León, quien se declaró culpable y fue sentenciado a seis meses y un día de cárcel por un cargo de encubrimiento.
Martínez León está libre desde diciembre pasado, tras cumplir su condena.
La Resolución Concurrente de la Cámara 35 reclama que el asunto se atienda con urgencia para garantizar el bienestar de los viequenses, así como el desarrollo económico de la isla municipio. (Archivo)
La resolución, redactada en español, sería traducida para ser enviada al presidente Barack Obama y a los presidentes de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos.
La Cámara de Representantes aprobó hoy, lunes, una resolución para pedir al gobierno estadounidense que asigne los fondos necesarios para lograr la limpieza y descontaminación de terrenos contaminados por las prácticas de la Marina de los Estados Unidos en Vieques.
La Resolución Concurrente de la Cámara 35 reclama que el asunto se atienda con urgencia para garantizar el bienestar de los viequenses, así como el desarrollo económico de la isla municipio.
La medida fue aprobada a semanas de eventos en Vieques que conmemoraron el cese de las prácticas militares de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, después de un intenso periodo de desobediencia civil y protestas de miles de puertorriqueños que exigieron frenar el daño a las tierras viequenses y a su población afectada con diversas enfermedades asociadas a los bombardeos.
Desde la salida de la Marina se prometió la descontaminación de terrenos, su limpieza y devolución al pueblo viequense, pero al presente la mayoría de esas tierras son jurisdicción del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y no se avanza en la rehabilitación de las zonas de lanzamiento de bombas y tiros durante entrenamientos militares.
La resolución, redactada en español, sería traducida para ser enviada al presidente Barack Obama y a los presidentes de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos.
En su sesión ordinaria, la Cámara también aprobó una medida para establecer mayores garantías al emitir licencias de armas de fuego, así como un proyecto para aumentar el número de miembros de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas, de forma tal que la misma tendrá cinco representantes e igual número de senadores, de los cuales uno de cada cuerpo será integrante de cada partido minoritario.
Este caso fue divulgado a la prensa a las 7:50 p.m. La pesquisa la conducen agentes de Homicidios y de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores. (Archivo)
El padre de la menor informó de que se quedó dormido a eso de las 10:00 a.m. este lunes con la niña a su lado sobre la cama.
La Policía en el área de San Juan investigaba este lunes en la noche la muerte de Tamaira Rodríguez Pérez, de 13 meses de nacida, ocurrida en una casa situada en la calle Aponte en el Barrio Obrero, Santurce.
Según la Policía, el padre de la menor, identificado como Damián Rodríguez Fernández, de 18 años, informó de que se quedó dormido a eso de las 10:00 a.m. este lunes con la niña a su lado sobre la cama.
A eso de las 5:00 p.m. la madre de la niña, identificada con Minerva Pérez Ramos, de 23 años, llegó a la residencia y encontró a su pareja durmiendo y a la niña muerta, por lo que de inmediato llamaron a la Policía.
Este caso fue divulgado a la prensa a las 7:50 p.m. La pesquisa la conducen agentes de Homicidios y de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores.
Bryan Polanco Jiménez, de 24 años, fue detenido este viernes en la noche en una casa abandonada en Río Piedras, tras estar casi dos años fugitivo evadiendo las autoridades, luego de ser acusado en ausencia por el delito de asesinato.
El teniente Ferdinand Acosta, director de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones en la Policía, explicó que Polanco Jiménez fue acusado por un asesinato perpetrado el 11 de junio de 2011, en las inmediaciones de las avenidas Piñero y De Diego en Puerto Nuevo, San Juan.
Polanco Jiménez tiene una fianza de $750,000 y será ingresado en la cárcel de Bayamón, tan pronto sea fichado en el cuartel general de la Policía, indicó el jefe de Arrestos Especiales.
Sin una gota de agua en el Municipio, el alcalde de Arecibo, Carlos Molina Rodríguez, calificó esta tarde como un acto de mala fe la suspensión del servicio de agua en el ayuntamiento por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), luego de que no se pudiera concretar un acuerdo de pago a la deuda millonaria que mantiene con esta corporación pública.
El primer mandatario municipal se refirió a esta acción como un “movimiento político” y cuestionó por qué Acueductos no ha hecho lo mismo en otros municipios de la isla, que de igual forma mantienen deudas millonarias con la AAA.
“Esto es un movimiento político. ¿A que no le cortan el agua a ningún municipio popular? Porque yo sé de muchos municipios rojos que deben miles de millones de dólares y otras agencias gubernamentales y siguen con agua”, manifestó.
“Saben que si le hacen esto mismo a un municipio popular, rapidito van a venir a llamar al Gobernador para pedirle la renuncia del director ejecutivo (de la AAA)”, agregó.
La suspensión del servicio se dio esta tarde, luego de que las partes no pudieran llegar a un acuerdo que garantizara el repago de la deuda, que asciende a $1.5 millones.
El director de servicio al cliente de la AAA, Gustavo Marín Ramos, había advertido al alcalde que si no llegaban a un acuerdo de pago, procederían a cortar el servicio de agua en la casa alcaldía.
Marín indicó que se le presentaron varias alternativas de repago al alcalde: una que liquidaría la deuda en 36 meses, abonando $49 mil mensuales; y la otra, de $41 mil recurrentes por 30 meses, garantizando ambos planes de pago a través del CRIM.
Sin embargo, el alcalde no aceptó ninguna es estas opciones.
“Los otros municipios lograron acuerdos para satisfacer los planes de pagos pero en el caso de Arecibo no se pudo lograr”, sostuvo Marín Ramos, en referencia a los pueblos de
Toa Baja, Cataño y Yauco, quienes también mantienen deudas millonarias.
Ingrid Rivera pertenecerá a la junta asesora de la Oficina de Industrias de Viaje y Turismo de los Estados Unidos.
La secretaria de la gobernación, Ingrid Vila Biaggi, destacó la importancia del nombramiento de la directora de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort, a la junta asesora de la Oficina de Industrias de Viaje y Turismo de los Estados Unidos.
“Es un orgullo para esta administración que la directora de Turismo haya sido reconocida entre sus pares para ser parte de de tan importante organismo, que asesora a la Oficina del Secretario de Comercio de los Estados Unidos”, expresó Vila Biaggi al felicitarla.
“La industria de turismo es parte importante de la economía de Puerto Rico y tener a un representante a ese nivel en el gobierno federal es importante para abogar por los intereses de la Isla”, añadió este jueves Vila Biaggi.
Rivera Rocafort es la primera mujer puertorriqueña en ocupar una posición en ese organismo federal.
La Oficina de Industrias de Viaje y Turismo de los Estados Unidos asesora al secretario de Comercio y le aconseja sobre las políticas y programas gubernamentales que inciden en ambas industrias.
Además, ofrece recomendaciones sobre asuntos de actualidad y emergentes, y provee un foro para discutir y proponer soluciones a problemas relacionados con ese sector.
El Sindicato de Policías Puertorriqueños y el Concilio Nacional de Policías (Conapol) defendieron la estrategia legal que inicia la semana próxima. (Archivo)
El Sindicato de Policías Puertorriqueños y el Concilio Nacional de Policías (Conapol) defendieron la estrategia legal que inicia la semana próxima.
Dos organizaciones que agrupan a cientos de agentes del orden público se proponen someter la semana entrante, varias acciones legales dirigidas a retar la constitucionalidad de la recién aprobada reforma del sistema de retiro, mas intentar detener su vigencia a partir del 1 de julio próximo.
En una conferencia de prensa en San Juan, el Sindicato de Policías Puertorriqueños y el Concilio Nacional de Policías (Conapol), a través del abogado Iván Crespo, defendieron la estrategia legal que inicia la semana próxima con un interdicto en el tribunal y una solicitud de sentencia declaratoria.
Crespo explicó que la moción de sentencia estará dirigida a declarar inconstitucional la reforma de retiro impulsada por la administración de Alejandro García Padilla, mientras que el interdicto buscaría detener la puesta en vigor de esta ley que, aunque no ha iniciado su vigencia, opinó que la controversia está madura.
Un tercer recurso a ser presentado luego sería una demanda por daños y prejuicios en el que ambas organizaciones reclamarían daños económicos sufridos por sus afiliados policías.
Crespo fundamentó su argumento en que la nueva ley de retiro viola el lenguaje de la sección 7 del artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado, que indica que no se aprobarán leyes que menoscaben obligaciones contractuales.
A juicio del letrado, la abolición de la llamada pensión por mérito y la cancelación de este y otros beneficios, a los que llamó derechos adquiridos, como plan médico y bonos de Navidad, viola lo dispuesto por la Carta Magna.
"El por ciento que van a recibir es mucho menor, por lo tanto el daño es irreparable", agregó el sargento José Marín, del Sindicato. "Hacemos un llamado a todos los empleados públicos, especialmente a los policías, a que se unan a esta demanda. No se puede enviar un mensaje equivocado de que a los empleados públicos no les importa el daño recibido y que estamos de acuerdo con esta nefasta ley", agregó.
Marín, Crespo y Edwin Robles, quien representó a Conapol en la conferencia de prensa, recordaron que con la abolición de la pensión por mérito y la aplicación de unas tablas especiales, un policía que se retire a partir del 1 de julio con 55 años de edad y 30 años de servicio cualificaría para una pensión de un 37% a un 45% de su salario.
El 1 de julio, cuando inicia el nuevo año fiscal 2013-2014, comienza un sistema híbrido que operaría a modo de una cuenta de ahorro individual, cuyo monto acumulado al momento de la jubilación se combinaría con lo que le correspondería al policía por el tiempo trabajado hasta el 30 de junio de este año, cuando termina el actual año fiscal, explicaron.
Otro efecto de la legislación impulsada por el Gobierno, según los gremios, es que los policías verán aumentar de 8.2% a 10% la tasa que se saca de su salario para alimentar con cada cheque el sistema híbrido. Con la nueva ley, se elimina el plan médico para los empleados retirados, y los empleados públicos tendrán que sacar de su cheque $60 para pagar un seguro de incapacidad.
Según Crespo, el texto de la nueva ley de retiro también discrimina contra los policías y otros sectores porque aquel empleado público, que no sea agente y que a partir del 1 de julio lleva menos de cinco años y acumula menos de $10,000 en su nueva cuenta de retiro, podrá recibir el dinero acumulado en un solo pago al momento de jubilarse. Si se acumulan más de $10,000 y se trabaja hasta la edad de retiro dispuesta por la ley que aplique, el dinero se recibe en anualidades.
Crespo destacó que, en el caso de los policías, se dispone que si el oficial del orden público acumula más de $10,000 en la cuenta, pero decide retirarse antes de los 55 años de edad y los 30 años de servicio, perdería todo el dinero.
"El Estado estaría confiscando el dinero y eso va en contra de la ley de la Constitución", opinó el abogado.
