Asesinan a dos frente al Cantinflas en Caguas

09/13/2013 | 07:41 p.m.

Se esperaba por los peritos de Homicidios y Ciencias Forenses, y el fiscal de turno. (Archivo) 

Los dos individuos se encontraban dentro del negocio Yokohama cuando varios hombres portando armas de fuego les dispararon.

Dos hombres, cuya identidad no estaba disponible, fueron asesinados este viernes en la noche cuando fueron tiroteados en el interior de un establecimiento comercial localizado en la intersección de las carreteras PR-1 con la PR-798 en dirección de Caguas a Río Piedras.

La agente Yovanna Aponte Rivera, de la oficina de prensa de la Policía en el cuartel general, informó de que el incidente ocurrió a las 5:45 p.m. en el negocio Yokohama, situado en el lado opuesto del restaurante El Cantinelas en Caguas.            

Según el preliminar informe de novedades, dos personas se encontraban dentro del establecimiento comercial cuando varios hombres portando armas de fuego les dispararon e impactaron en diferentes partes del cuerpo.

Los dos heridos de balas fueron atendidos por paramédicos de emergencias médicas y transportados al Centro Médico en Río Piedras, pero murieron mientras eran atendidos en la sala de emergencia.

La agente Guevara, de la División de Homicidios del área de Caguas, y la fiscal Jeanette Collazo investigan este crimen.

Testigo cuenta lo que pasó cuando mataron a "Yankee"

09/13/2013 | 07:24 p.m.

Según el testigo, el joven de la camisa azul estaba parado entre la barra y la mesa del comedor, como a 7 pies de distancia suya, y el lugar ya estaba iluminado, pues prendieron las luces luego de escucharse la "explosión". (Archivo) 

El testigo fue quien llamó al Servicio de Emergencias 9-1-1.

Un testigo declaró haber visto a un "muchacho trigueño" apuntar con un arma de fuego y amenazar a los participantes en una fiesta en la urbanización Hacienda Sabanera en Cidra, la madrugada del 29 de junio de 2012, mientras Jan Carlos "Yankee" Alvarado Martínez yacía en el suelo con una herida de bala en el pecho.

Ese muchacho trigueño había llegado a la fiesta junto a un amigo de tez blanca, señaló el testigo durante el juicio por jurado que se ventila en el tribunal de Caguas, contra Jean Carlos López Carrasquillo por asesinato en primer grado y cinco violaciones a la Ley de armas.

Aunque la mayoría de los jóvenes que se encontraban en la fiesta eran "del barrio", a esos dos chicos el testigo no los conocía. El declarante, quien durante la fiesta compartió con Yankee la tarea de poner la música, dijo que en un momento dado ambos se le acercaron para pedirle que pusiera reguetón.

A preguntas del fiscal Angel García Rodríguez, el testigo relató hoy que pasadas las 12:30 a.m. de aquel día se encontraba instalando unas luces en el equipo de sonido, ubicado en la terraza de la residencia, cuando "escuchó un tipo de explosión dentro de la casa".

"Yo corro y entro a la casa por el 'family'. Veo al muchacho trigueño de camisa azul con una pistola y diciendo 'pa’que sigas jodiendo'", indicó el testigo de la fiscalía.

Durante el juicio ha desfilado prueba que coloca a López Carrasquillo vestido con una camisa azul esa noche y en compañía de su amigo Heriberto Martínez León, quien en un caso aparte se declaró culpable de encubrimiento por estos hechos y cumplió una sentencia de seis meses en prisión.

Según el testigo, el joven de la camisa azul estaba parado entre la barra y la mesa del comedor, como a 7 pies de distancia suya, y el lugar ya estaba iluminado, pues prendieron las luces luego de escucharse la "explosión". En el suelo de esa misma área se encontraba Yankee con una herida de bala en el lado izquierdo del pecho.

"Me apunta a mí y a varias personas más y dice que se vayan de la casa", dijo el testigo, quien citó verbalmente la aseveración del varón con el arma de fuego antes de huir junto a su acompañante. "Yo estaba en "shock'", agregó.

El testigo fue quien llamó al Servicio de Emergencias 9-1-1 y aseguró que no se despegó de Yankee hasta que varios participantes de la fiesta lo montaron en un vehículo Acura para llevarlo al hospital.

La próxima vez que vio a su amigo fue sobre el pavimento de la carretera de la urbanización, donde lo colocaron luego de que el conductor del Acura se accidentara.

En sala se difundió la grabación de las llamadas que generó el testigo al 9-1-1. En la primera llamada se le escucha a él desesperado, hablando simultáneamente con el operador y con gente de la fiesta, informando sobre una emergencia y tratando de precisar la dirección de la casa. En otra llamada reclama "por favor, avancen, por favor", pues la ambulancia no llegaba, y le decía al operador que iban a mover a Yankee a un carro para sacarlo de la urbanización. Como el operador le pedía que esperaran, se oye gritar al testigo "no lo montes, que viene la ambulancia".

 Otro intercambio que se escuchó fue el del operador del 9-1-1 con un agente de la Policía al que le dio la querella de un herido de bala. Por último, se pasó la tercera llamada que hizo el testigo para verificar el estatus de la ambulancia, donde el operador le dice "tengo la guagua ‘aguantá’ porque hay detonaciones" y que no entraría hasta que llegara la Policía.

El testigo expresó que primero llegó la Policía y enseguida la ambulancia, y los paramédicos declararon muerto a Yankee. Entonces los agentes iniciaron la investigación y personal del Instituto de Ciencias Forenses levantó el cadáver.

Relató que esa madrugada le declaró "por encima" lo que había pasado al agente Jesús Torres Ramírez, que fue a las 7:00 a.m. al cuartel para dar su información básica y que lo citaron para el 30 de junio, a tomarle declaración.

El 5 de julio, compareció a una rueda de confrontación, en la que eligió al hombre #4 (de cinco) "porque ese fue el que identifiqué que estaba en la fiesta con el arma en la mano".

Al jurado se le mostró la foto de la rueda de confrontación y el documento preparado por el agente Torres estableciendo que López Carrasquillo fue la persona identificada.

El juicio continuará el próximo 19 de septiembre a las 2:00 p.m. en la sala 506 presidida por el juez Roberto Angleró Ortiz.

Operativo en residenciales en Bayamón deja, al menos, ocho arrestados -VÍDEO

09/12/2013 | 06:19 p.m.

Al momento se han arrestado varias personas, quienes serían trasladadas a la comandancia de Área en Bayamón, en espera de la presentación de los cargos correspondientes. (xavier.araujo@gfrmedia.com) 

Durante la operación en Virgilio Dávila, se detuvo a cinco personas y se ocuparon grandes cantidades de cocaína, heroína y marihuana.

Al menos ocho personas fueron arrestadas la tarde del jueves en intervenciones simultáneas en los residenciales Virgilio Dávila, Las Gardenias y Falin Torrech, de Bayamón.

Unidades de la Rama Investigativa de la Policía, en colaboración con el Servicio de Inmigración y el Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dirigieron el operativo, con el fin de desarticular puntos de droga en los caseríos y alejarlos de las armas de fuego.

Durante la operación en Virgilio Dávila, se detuvo a cinco personas y se ocuparon grandes cantidades de cocaína, heroína y marihuana, así como dos armas de fuego, informó el comandante Israel Vázquez Rivera, del área policíaca de Bayamón.

Se indicó, de forma preliminar, que en Falin Torrech se arrestó a otros tres individuos, pero al momento, el resultado de la intervención en Las Gardenias no ha sido informado.

“Lo que queremos es mejorar la calidad de vida de la gente que vive en nuestros residenciales públicos, y crear una sana convivencia entre ellos. Estamos haciendo esta operación en los lugares de alta incidencia, especialmente donde venden sustancias controladas y donde pueden tener armas de fuego”, señaló Vázquez Rivera, criado en un residencial.

 

OPERATIVO SIMULTÁNEO EN TRES RESIDENCIALES EN BAYAMÓN

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Varias agencias federales interveníeron simultáneamente en los residenciales Virgilio Dávila, Las Gardenias y Falin Torrech Bayamón, donde proyectan efectuar arrestos por varios delitos.

Los agentes en tierra recibieron el apoyo del helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).

Vázquez Rivera, al igual que el comandante Roberto Salvá, destacaron que las intervenciones se completaron sin incidentes mayores y con la cooperación de los residentes.

“En el día de hoy no ha habido ningún tipo de altercado. Hay personas observando curiosas, pero no ha ocurrido ningún tipo de altercado. Todo ha sido en perfecto orden. Han permitido que nosotros hagamos nuestro trabajo (porque saben) que es para beneficio de ellos”, agregó Vázquez Rivera.

Los arrestados fueron trasladados a la comandancia de Área en Bayamón, en espera de la presentación de los cargos correspondientes.

Gobierno y Cámara de Comercio logran acuerdos sobre la economía

09/12/2013 | 07:57 p.m.

El gobernador Alejandro García Padilla ofreció un mensaje a los participantes del foro. (teresa.canino@gfrmedia.com) 

Importantes acuerdos fueron adoptados durante el evento que organizó la entidad empresarial bajo el nombre Foro Económico con el Gobierno.

Importantes acuerdos entre la Cámara de Comercio y el gobierno de Puerto Rico fueron adoptados durante el evento que organizó la entidad empresarial bajo el nombre Foro Económico con el Gobierno, y en el que participó una veintena de jefes y representantes de agencias públicas.

Jorge M. Cañellas, presidente de la Cámara de Comercio, dijo este jueves que hubo un programa abarcador en el que se presentaron asuntos de relevancia para la economía y para el fortalecimiento del sector de negocios.

“Encuentros como este nos permiten aunar esfuerzos y ser parte activa de los procesos de decisión y de implementación para el desarrollo de iniciativas que contribuyan al crecimiento empresarial”, sostuvo Cañellas.

Destacó que entre los acuerdos más importantes están la creación de un grupo de trabajo de apoyo al empresario, continuar los esfuerzos para obtener los beneficios de la Sección 933-A del Código de Rentas Internas Federal, el desarrollo de un currículo educativo con enfoque empresarial, enfocar el turismo de Puerto Rico como una industria de exportación, desarrollar nuevos métodos de promoción del turismo para los mercados de Suramérica y Europa, y uniformar los procesos de permisos.

Cañellas agregó que otros aspectos necesarios es crear un sistema de parámetros de calidad en la agricultura, evaluar el asunto de la patente nacional que resulta onerosa para el comercio, considerar la necesidad de crear una política pública de educación de largo plazo, crear alianzas colaborativas con las agencias de infraestructura y reducir costos operacionales, mejorar los accesos al aeropuerto de Aguadilla, reactivar el Puerto Rico World Trade Center y colocar a Puerto Rico como enlace entre Latinoamérica y los Estados Unidos.

Comentó que la CCPR establecerá un proceso de medición para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y asuntos tratados.

En un mensaje que ofreció el gobernador Alejandro García Padilla a los participantes del foro, elogió también el resultado del diálogo entre las agencias del gobierno y el sector empresarial.

“De eso es que se trata el éxito. Cuando trabajamos así, juntos, nos sentamos a la mesa, iniciamos un diálogo y nos ponemos a trabajar”, dijo el Gobernador. “Si queremos un orden social más justo y eficiente, que traiga mayor bienestar a más gente, tiene que haber coordinación y solidaridad entre los que componemos el país”, añadió.

Cámara no pasa revista a Resolución sobre adopción sucesiva

09/12/2013 | 07:49 p.m.

No fue considerada durante los trabajos del día.

A pesar de que figuraba en el calendario de la sesión de la Cámara de Representantes para el jueves, la Resolución de la Cámara 466, que contempla la viabilidad de incorporar la adopción sucesiva o el "second parent adoption" al ordenamiento jurídico del país y permitir la adopción a toda persona independientemente de su estado civil, no fue considerada durante los trabajos del día.

 La medida fue radicada por el representante popular Carlos J. Vargas Ferrer y persigue que la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza de la Cámara de Representantes realice un estudio con el que se pueda medir la viabilidad de la propuesta.

 "La intención de esta resolución es que se estudie exhaustivamente la alternativa de integrar a nuestro ordenamiento jurídico la adopción sucesiva y se evalúe qué ley o leyes aplicables se hace necesario enmendar de manera tal que garanticemos que en el proceso de adopción prevalezca el bienestar del menor a ser adoptado, independientemente de otras consideraciones y se le brinde protección jurídica como a cualquier otro niño", reza la medida.

 El autor destaca que el Código Civil de Puerto Rico fue aprobado hace más de 80 años "que definitivamente no recoge la realidad actual" del país y los tiempos que se viven.

La adopción sucesiva le da el derecho a la pareja de una madre o un padre adoptivo de adoptar también al hijo de su compañero de vida.

El Proyecto de la Cámara 1370, con el que se le añadiría un periodo adicional de 30 días a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) para liquidar el pago total del dividendo extraordinario aprobado bajo la Ley 60 de 2013, tampoco se vio.

 Lo que sí se aprobó fue la Resolución Conjunta de la Cámara 134 para disponer que la plaza pública de Loíza sea llamada don Ricardo Sanjurjo de Jesús.

 También pasó el cedazo legislativo la Resolución Conjunta 221 para ordenar un estudio de viabilidad de un sistema de canalización para la quebrada que pasa por la comunidad Betances de Cabo Rojo.

 Además se aprobaron las resoluciones 528 y 563. La primera ordena a la Comisión de Educación una investigación para ver si se está cumpliendo con la creación del puesto de psicólogo escolar en las escuelas públicas del país.

 Mientras que la resolución 563 ordena a la Comisión de la Asuntos de la Mujer y Equidad que investigue la "labor y las necesidades económicas, administrativas y operacionales de la Escuela Industrial de Mujeres de Vega Alta". Al mismo tiempo pide que se investigue la "operación y efectividad de las iniciativas de rehabilitación vigentes y disponibles para la población penal".

"Existen diversas denuncias en torno a la efectividad de los programas de rehabilitación y la manera en la que están estructurados dentro del Departamento de Corrección en relación a una aparente desconexión con las verdaderas realidades y necesidades de la población penal femenina", lee la medida presentada por la representante popular Brenda López de Arrarás. 

Arrestan presunto líder de ganga de asaltantes en Juana Díaz

09/09/2013 | 09:11 p.m.

(Archivo) 

Relacionados presuntamente a esta organización han sido arrestados sieteadultos y un menor de 16 años, quienes ya están ingresados en prisión, indicó la Policía.

Ramón Gabriel Martínez, dueño de una panadería y presunto líder de una pandilla que se dedicaba a robar a comerciantes en Juana Díaz, fue arrestado este lunes en la tarde en Ponce, informó la Policía.

Su arresto fue diligenciado en el tribunal de Ponce y en su contra pesaban 12 denuncias por diversos delitos: robo, violación a la Ley de Armas, actos lascivos, intimidación de testigos, violación a la ley de protección vehicular y maltrato a menores.

El acusado fue llevado ante el juez Rubén Serrano, quien ordenó su ingreso en la cárcel Las Cucharas en Ponce, al no poder prestar la fianza impuesta de $2,2 millones.

La vista preliminar quedó señalada para el próximo 16 de septiembre.

Relacionados presuntamente a esta organización han sido arrestados sieteadultos y un menor de 16 años, quienes ya están ingresados en prisión, indicó la Policía.

Este caso fue investigado por el agente Luis Dávila Barrios, de la División de Robos en Ponce.

La semana pasada, la Comandancia de la Policía en Ponce se atribuyó el desmantelamiento de la organización, que también cometía robos domiciliarios y asaltos a comerciantes.

 El juez Edgar Figueroa Vázquez, del tribunal de Ponce, expidió una docena de órdenes de arresto con un total de 78 denuncias y siete faltas contra esta pandilla, liderada presuntamente por Martínez, dueño de la panadería Gabitos Bakery, ubicada en el barrio Río Cañas en Juana Díaz.

Contra este grupo se impusieron $9,3 millones de fianza global.

Entre los detenidos figura Wilfredo “Omy” Santiago Torres, de 25 años y vecino de Coamo, quien se encontraba en una probatoria federal por trasiego de drogas.

 También se arrestó la semana pasada a Olnedavid "Delvo" Peña Casiano, de 30 años; Christian “Wingel” González Rodríguez, de 25 años; y Justo L. "Tillo" Burgos Figueroa, de 24 años, todos residentes de Juana Díaz.

Otros detenidos fueron Zulma M. Cruz Santos, de 20 años; Gloribee "La Pony" Santos Vázquez, de 39 años, y su hijo de 16 años, todos residentes del barrio San Antón de Ponce.

Aún faltan por arrestar tres supuestos miembros de la ganga.

Entre los robos que se le imputan a la pandilla se encuentra el asalto a un transportista de la compañía de construcción H. Keller de San Germán, ocurrido el 27 de mayo pasado, en el estacionamiento del centro comercial Ponce Mall, ubicado en el sector Pámpanos de Ponce. A la víctima lo despojaron de dinero y del vehículo mediante "carjacking".

También fueron acusados por cometer dos robos domiciliarios: el primero, el 30 de junio pasado, en la residencia de un comerciante en el barrio Guayabal den Juana Díaz, donde se apropiaron de dos cajas fuertes, una con dinero en efectivo y la otra con cheques, entre otras propiedades; el segundo, el 15 de agosto pasado, en el hogar de un comerciante en el sector Margaritas en el barrio Guayabal, donde ataron y amordazaron a los residentes y se robaron dinero en efectivo y un vehículo de motor.

Este caso fue consultado con el fiscal Idelfonso Torres, quien ordenó la presentación de 12 denuncias por robo, dos cargos por encubrimiento y una falta; un cargo por amenaza a testigos sometido en ausencia contra el líder de grupo; ocho cargos por maltrato de menores porque en uno de los robos domiciliarios ataron y amordazaron a una niña; cuatro cargos de actos lascivos cometidos contra una fémina en otro de los robos; 48 cargos por violación a cuatro artículos de la Ley de Armas; y seis faltas y ocho denuncias por la Ley Vehicular.

Inicia vista preliminar contra acusados en caso Comunidades Especiales

09/09/2013 | 08:22 p.m.

Del Monte Garrido también enfrenta cargos de malversación de dinero público. (Archivo) 

Cortés Rivera fue la primera testigo en declarar en el inicio de la vista preliminar contra el exsecretario auxiliar de Vivienda, Federico del Monte Garrido.

La exgerente general de la Oficina de Comunidades Especiales, Ivette Cortés Rivera, afirmó que una gran cantidad de planos confeccionados para la rehabilitación de viviendas no reflejaban las necesidades reales de esos hogares, al momento en que los contratistas acudían a evaluarlos.

Cortés Rivera fue la primera testigo en declarar en el inicio de la vista preliminar contra el exsecretario auxiliar de Vivienda, Federico del Monte Garrido, y su ayudante, Edwin Rodríguez Díaz, por cargos de supuesta violación a la Ley de Ética relacionados al programa de Comunidades Especiales. Del Monte Garrido también enfrenta cargos de malversación de dinero público.

En su comparecencia ante la jueza Laura Lis López Roche, en la sala 606 del tribunal de San Juan, Cortés Rivera señaló este lunes al arquitecto Ángel Cocero Cordero como el autor de los planos en entredicho.

 A preguntas de los fiscales Iris Martínez y Martín Ramos, y el abogado de la defensa José Andreu Fuentes, la testigo indicó que ninguno de los proyectos de rehabilitación, cuyos planos fueron hechos por Cocero Cordero, se pasó del presupuesto estipulado. No obstante, el número de viviendas impactadas fue menor a la estimada, según relató.

“Al haber cambios en muchas de esas fichas, cuando llegaba el contratista (a evaluar), el trabajo que resultaba en muchas casas catalogadas para una construcción menor terminaban siendo una construcción mayor o una construcción de nueva vivienda porque había que hacer más trabajos (de los señalados originalmente por los arquitectos)”, detalló.

“Lógicamente, esa casa no la iban a poder hacer si era una construcción nueva. Él estaba contratado para rehabilitar, no para hacer construcción nueva. Esa casa quedaba excluida y se tenía que incluir para construcción nueva. Ese es otro proyecto diferente”, agregó Cortés Rivera.

 La testigo definió como rehabilitación menor los trabajos conducentes a una suma menor de $15,000; una rehabilitación mayor las obras de entre $15,000 y $25,000; y una construcción nueva los que exceden los $25,000.

 “Por tanto, en esa casa no se podía hacer ningún trabajo porque el contrato de él era para rehabilitación”, sostuvo.

 Cortés Rivera admitió haber colaborado en la pesquisa sobre el programa de Comunidades Especiales, ordenada por la Cámara de Representantes, durante la pasada presidencia de Jenniffer González, y posteriormente haber sido el enlace con el Departamento de Justicia para propósitos de dicha investigación.

 Específicamente, dijo que buscaba documentos sobre proyectos de rehabilitación de viviendas como construcciones de casas nuevas y se los entregaba a Justicia y a la Cámara. Agregó que de los documentos solicitados, ella entregaba análisis e informes de números.

 El fiscal Ocasio Bravo, quien encabeza el grupo del ministerio público junto a Martínez y Ramos, anticipó la semana pasada que presentará a sobre 20 testigos.

Recientemente, la jueza Jazdel Ramos Colón, del Tribunal de San Juan, no encontró causa para arresto contra el alcalde de San Lorenzo, José Román Abreu, un contratista y dos funcionarios municipales, por supuestas irregularidades vinculadas a un proyecto de Comunidades Especiales.

Poco antes, el juez Enrique Silva Avilés no encontró causa para juicio contra el profesor de la Universidad de Puerto Rico, José Molinelli Freytes, por supuesta apropiación de servicios públicos para su uso personal y una violación a la Ley de Ética Gubernamental.

En octubre de 2012, la jueza Laura Lis López Roche no encontró causa para juicio contra Luz Nereida Laboy Santos, exayudante de la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales por tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Mientras, que Silva Avilés tampoco encontró causa para juicio contra José Contreras Santana, quien se desempeñó como chofer de Laboy, por cargos de supuesta apropiación ilegal y de violación a Ley de Ética.

Además, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) exoneró a la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales, Linda Colón, y al alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, acusados por alegadas irregularidades en el proyecto emblemático de la administración de la entonces gobernador Sila M. Calderón.

La jueza señaló para este próximo miércoles, la continuación de la vista preliminar contra Del Monte Garrido y Rodríguez Díaz, con la comparecencia de un nuevo testigo.