Inicia vista preliminar contra acusados en caso Comunidades Especiales

09/09/2013 | 08:22 p.m.

Del Monte Garrido también enfrenta cargos de malversación de dinero público. (Archivo) 

Cortés Rivera fue la primera testigo en declarar en el inicio de la vista preliminar contra el exsecretario auxiliar de Vivienda, Federico del Monte Garrido.

La exgerente general de la Oficina de Comunidades Especiales, Ivette Cortés Rivera, afirmó que una gran cantidad de planos confeccionados para la rehabilitación de viviendas no reflejaban las necesidades reales de esos hogares, al momento en que los contratistas acudían a evaluarlos.

Cortés Rivera fue la primera testigo en declarar en el inicio de la vista preliminar contra el exsecretario auxiliar de Vivienda, Federico del Monte Garrido, y su ayudante, Edwin Rodríguez Díaz, por cargos de supuesta violación a la Ley de Ética relacionados al programa de Comunidades Especiales. Del Monte Garrido también enfrenta cargos de malversación de dinero público.

En su comparecencia ante la jueza Laura Lis López Roche, en la sala 606 del tribunal de San Juan, Cortés Rivera señaló este lunes al arquitecto Ángel Cocero Cordero como el autor de los planos en entredicho.

 A preguntas de los fiscales Iris Martínez y Martín Ramos, y el abogado de la defensa José Andreu Fuentes, la testigo indicó que ninguno de los proyectos de rehabilitación, cuyos planos fueron hechos por Cocero Cordero, se pasó del presupuesto estipulado. No obstante, el número de viviendas impactadas fue menor a la estimada, según relató.

“Al haber cambios en muchas de esas fichas, cuando llegaba el contratista (a evaluar), el trabajo que resultaba en muchas casas catalogadas para una construcción menor terminaban siendo una construcción mayor o una construcción de nueva vivienda porque había que hacer más trabajos (de los señalados originalmente por los arquitectos)”, detalló.

“Lógicamente, esa casa no la iban a poder hacer si era una construcción nueva. Él estaba contratado para rehabilitar, no para hacer construcción nueva. Esa casa quedaba excluida y se tenía que incluir para construcción nueva. Ese es otro proyecto diferente”, agregó Cortés Rivera.

 La testigo definió como rehabilitación menor los trabajos conducentes a una suma menor de $15,000; una rehabilitación mayor las obras de entre $15,000 y $25,000; y una construcción nueva los que exceden los $25,000.

 “Por tanto, en esa casa no se podía hacer ningún trabajo porque el contrato de él era para rehabilitación”, sostuvo.

 Cortés Rivera admitió haber colaborado en la pesquisa sobre el programa de Comunidades Especiales, ordenada por la Cámara de Representantes, durante la pasada presidencia de Jenniffer González, y posteriormente haber sido el enlace con el Departamento de Justicia para propósitos de dicha investigación.

 Específicamente, dijo que buscaba documentos sobre proyectos de rehabilitación de viviendas como construcciones de casas nuevas y se los entregaba a Justicia y a la Cámara. Agregó que de los documentos solicitados, ella entregaba análisis e informes de números.

 El fiscal Ocasio Bravo, quien encabeza el grupo del ministerio público junto a Martínez y Ramos, anticipó la semana pasada que presentará a sobre 20 testigos.

Recientemente, la jueza Jazdel Ramos Colón, del Tribunal de San Juan, no encontró causa para arresto contra el alcalde de San Lorenzo, José Román Abreu, un contratista y dos funcionarios municipales, por supuestas irregularidades vinculadas a un proyecto de Comunidades Especiales.

Poco antes, el juez Enrique Silva Avilés no encontró causa para juicio contra el profesor de la Universidad de Puerto Rico, José Molinelli Freytes, por supuesta apropiación de servicios públicos para su uso personal y una violación a la Ley de Ética Gubernamental.

En octubre de 2012, la jueza Laura Lis López Roche no encontró causa para juicio contra Luz Nereida Laboy Santos, exayudante de la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales por tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Mientras, que Silva Avilés tampoco encontró causa para juicio contra José Contreras Santana, quien se desempeñó como chofer de Laboy, por cargos de supuesta apropiación ilegal y de violación a Ley de Ética.

Además, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) exoneró a la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales, Linda Colón, y al alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, acusados por alegadas irregularidades en el proyecto emblemático de la administración de la entonces gobernador Sila M. Calderón.

La jueza señaló para este próximo miércoles, la continuación de la vista preliminar contra Del Monte Garrido y Rodríguez Díaz, con la comparecencia de un nuevo testigo.