09/12/2013 | 07:49 p.m.
No fue considerada durante los trabajos del día.
A pesar de que figuraba en el calendario de la sesión de la Cámara de Representantes para el jueves, la Resolución de la Cámara 466, que contempla la viabilidad de incorporar la adopción sucesiva o el "second parent adoption" al ordenamiento jurídico del país y permitir la adopción a toda persona independientemente de su estado civil, no fue considerada durante los trabajos del día.
La medida fue radicada por el representante popular Carlos J. Vargas Ferrer y persigue que la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza de la Cámara de Representantes realice un estudio con el que se pueda medir la viabilidad de la propuesta.
"La intención de esta resolución es que se estudie exhaustivamente la alternativa de integrar a nuestro ordenamiento jurídico la adopción sucesiva y se evalúe qué ley o leyes aplicables se hace necesario enmendar de manera tal que garanticemos que en el proceso de adopción prevalezca el bienestar del menor a ser adoptado, independientemente de otras consideraciones y se le brinde protección jurídica como a cualquier otro niño", reza la medida.
El autor destaca que el Código Civil de Puerto Rico fue aprobado hace más de 80 años "que definitivamente no recoge la realidad actual" del país y los tiempos que se viven.
La adopción sucesiva le da el derecho a la pareja de una madre o un padre adoptivo de adoptar también al hijo de su compañero de vida.
El Proyecto de la Cámara 1370, con el que se le añadiría un periodo adicional de 30 días a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) para liquidar el pago total del dividendo extraordinario aprobado bajo la Ley 60 de 2013, tampoco se vio.
Lo que sí se aprobó fue la Resolución Conjunta de la Cámara 134 para disponer que la plaza pública de Loíza sea llamada don Ricardo Sanjurjo de Jesús.
También pasó el cedazo legislativo la Resolución Conjunta 221 para ordenar un estudio de viabilidad de un sistema de canalización para la quebrada que pasa por la comunidad Betances de Cabo Rojo.
Además se aprobaron las resoluciones 528 y 563. La primera ordena a la Comisión de Educación una investigación para ver si se está cumpliendo con la creación del puesto de psicólogo escolar en las escuelas públicas del país.
Mientras que la resolución 563 ordena a la Comisión de la Asuntos de la Mujer y Equidad que investigue la "labor y las necesidades económicas, administrativas y operacionales de la Escuela Industrial de Mujeres de Vega Alta". Al mismo tiempo pide que se investigue la "operación y efectividad de las iniciativas de rehabilitación vigentes y disponibles para la población penal".
"Existen diversas denuncias en torno a la efectividad de los programas de rehabilitación y la manera en la que están estructurados dentro del Departamento de Corrección en relación a una aparente desconexión con las verdaderas realidades y necesidades de la población penal femenina", lee la medida presentada por la representante popular Brenda López de Arrarás.
No hay comentarios:
Publicar un comentario