El disparo entró por el muslo derecho y salió por la rodilla.
Pablo Berríos Robles, adscrito a la División de Operaciones Tácticas de la Policía en Arecibo, se disparó accidentalmente en el muslo a las 6:30 p.m. de este lunes.
Según los datos preliminares, el agente sacaba el arma de reglamento del bolsillo frontal derecho de su pantalón y el gatillo se pinchó con sus llaves.
El disparo entró por el muslo derecho y salió por la rodilla. Tras el incidente, Berríos Robles fue llevado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Arecibo.
Se informó de que será referido al Centro Médico en Río Piedras.
29 agentes del orden público ascenderán de rango. (Archivo)
29 agentes del orden público ascenderán de rango.
La Policía de Puerto Rico anunció el ascenso de rango de 29 agentes del orden público, entre ellos, 18 sargentos, siete teniente II, tres teniente I y un capitán.
“Hoy reafirmamos nuestro compromiso y objetivo de fortalecer la estructura de la Policía de Puerto Rico mediante ascensos por examen y adiestramiento, así garantizamos una mejor y más efectiva supervisión. Los miembros de la Uniformada que hoy ascienden conocen a fondo las leyes, órdenes generales y temas fundamentales de administración y supervisión”, indicó por escrito el superintendente Héctor Pesquera.
Según el jefe policiaco, como parte de los pasos requeridos para el ascenso todos los oficiales aprobaron el examen de su rango y tomaron un curso intensivo durante una semana en el Colegio Universitario de Justicia Criminal.
El curso comprende temas en las áreas de supervisión, administración, desarrollo de planes estratégicos, liderazgo, derecho laboral, ética policial, tácticas de manejo y mediación de conflictos, uso de la fuerza, motivación de los subalternos y aspectos legales y procesales.
En el informe escrito distribuido este lunes, se destaca que los requisitos para otorgar los ascensos es la educación y la experiencia.
“Más supervisores redunda en mayor eficiencia en la Policía y mejores beneficios para la sociedad. Con más y mejores supervisores garantizamos mejores servicios, mayor prevención de delito, rápida acción policiaca en cuanto a investigación y seguimiento al desenlace de los casos en los tribunales, entre otros beneficios”, dijo el Superintendente.
Según los datos de la Policía, desde diciembre de 2011 hasta el presente, se han ofrecido cinco exámenes de ascensos, dos para el rango de sargento, y uno para los rangos de teniente I, teniente II y capitán.
Los representantes retomarán sus trabajos legislativos este viernes al mediodía.
Luis Vega Ramos defendió el proceso al argumentar que es el trámite ordinario que se da al tema presupuestario. (gerald.lopez@gfrmedia.com)
En medio de críticas por la secretividad que ha rodeado el proceso, la Cámara de Representantes considerará este viernes en sesión las medidas de nuevos recaudos que buscan atajar el déficit del presupuesto del próximo año fiscal.
Los representantes retomarán sus trabajos legislativos este viernes al mediodía, cuando se espera comience la discusión de las medidas impositivas con las que el Ejecutivo confía allegar cerca de $1,400 millones adicionales al fisco.
Mientras la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) se ha referido a las medidas en todo momento como los "impuestos secretos", el representante popular Luis Vega Ramos defendió el proceso al argumentar que es el trámite ordinario que se da al tema presupuestario.
"Cada disposición que se analice tiene que ser estudiada con cuidado, ver cuáles son los números que produce. Antes de uno decirle al país que aquí está la versión final que se vaya a aprobar, hay un proceso de modelaje y de recibo de información que es esencial para tomar esas decisiones. Esto no es nada distinto que otros cuadres presupuestarios y fiscales", sostuvo Vega Ramos.
El representante Rafael "Tatito" Hernández, presidente de la Comisión cameral de Hacienda y Presupuesto, ha reiterado que desde hace días está listo para presentar los informes sobre las medidas de recaudo, pero aún así la versión final de las piezas legislativas no ha sido discutida públicamente ni sometida en la Cámara de Representantes.
"Este es un proceso delicado por la situación fiscal y económica del país, y creo que es un acto de responsabilidad estar hasta el último momento analizando toda la situación", insistió Vega Ramos.
Minutos antes de que concluyera la sesión de este jueves, la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) anunció la radicación de los proyectos de la Cámara 1276 y 1277, que corresponden a las medidas anunciadas horas antes por la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, para atender la crisis fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación.
Las piezas incluyen, entre otras cosas, un aumento en el arbitrio a los derivados del petróleo, lo que provocaría un alza en el precio de la gasolina.
Tras recibir copia del título de los proyectos, mas no del texto completo, el representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló criticó que la mayoría parlamentaria se disponga a considerar las piezas sin celebrar vistas públicas, ni discutirlas, y sin conceder tiempo suficiente para presentar enmiendas.
Rodríguez Aguiló reconoció que los útlimos días de sesión ordinaria los trabajos transcurren a un ritmo "atropellado" y con poca discusión, pero resaltó que las medidas que se considerarán a partir de este viernes tendrán un impacto significativo a varios niveles en el país.
"Estamos hablando aquí de un proyecto para imponer un nuevo arbitrio a los derivados del petróleo, sin discusión, sin dar oportunidad a vistas públicas a los sectores que se van a ver afectados. Esto sí es un atropello, un atropello en contra de Puerto Rico", subrayó el exvicepresidente cameral.
Tendrá el efecto de subir el precio de la gasolina en hasta 4 centavos por litro.
Nery Adames Soto participó en una rueda de prensa en La Fortaleza, donde se anunció la propuesta junto al presidente del Banco Gubernamental de Fomento, la secretaria de la Gobernación, la secretaria de Hacienda y el secretario de Transportación y Obras Públicas. (gerald.lopez@gfrmedia.com)
El aumento en el arbitrio de los derivados del petróleo de $3 a $9.25 anunciado este jueves como una de varias medidas para allegar fondos a la maltrecha Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tendrá el efecto de subir el precio de la gasolina en hasta 4 centavos por litro.
Ese fue el estimado del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames Soto, quien participó en una rueda de prensa en La Fortaleza, donde se anunció la propuesta junto al presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier Ferrer; la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila; la secretaria de Hacienda, Melba Acosta; y el secretario de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres.
“Debo advertir que nuestros economistas nos han dicho que (el aumento) no llegaría a cuatro centavos en la bomba. Ese sería el efecto”, dijo Adames Soto.
Al preguntarle cómo se evitará que los mayoristas saquen provecho desmedido de este ajuste en detrimento de los consumidores, el funcionario respondió: “DACO tiene todo el poder de entrar a regular el precio de la gasolina. Si los mayoristas llegan a superar los números (de ganancia), que nosotros tenemos los números, ellos saben y el pueblo de Puerto Rico debe saber que nosotros tenemos el poder y lo hemos ejercido, si fuera necesario, de congelar precios, de establecer un margen de ganancia”.
Puntualizó que no podía ser concluyente respecto al aumento que cada dueño de gasolinera podría establecer, pues están presentes otros factores como la competencia y las fuentes adicionales de ingresos que estos tienen en sus establecimientos, aparte del combustible. Agregó que creará un grupo de trabajo para monitorear este asunto.
Identifican $280 mil millones anuales
De acuerdo con Javier Ferrer, el ajuste en el arbitrio reductor ingresaría $189 millones de dinero recurrente nuevo a la ACT, que mantiene una deuda de más de $2,100 millones con el BGF.
Para conseguir $91 millones más que completen los recaudos de $280 millones anuales que se necesitan, se presentaron dos propuestas adicionales: transferir a la ACT $62 millones de la venta de los marbetes y $29 millones de la venta de cigarrillos.
Melba Acosta explicó que actualmente $25 de los $40 del costo del marbete van al Fondo General. Eso se cambiará para que la totalidad del dinero recaudado por este concepto vaya a la ACT. La funcionaria insistió en que no se aumentará el costo del marbete.
Por otro lado, el aumento en la caja de cigarrillos que ya estaba incluido en el próximo presupuesto para dirigirse al Fondo General, ahora irá a la ACT. Esa cantidad se estima en $29 millones.
Ferrer señaló que también se propuso reducir en un 50% el arbitrio de diesel con el propósito de reducir el costo de acarreo de alimentos y productos.
Estas medidas fueron concebidas en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. La secretaria de la gobernación, Ingrid Vila, dijo que los proyectos que contengan estas propuestas se radicarían este mismo jueves en la Legislatura, pero no estimó la fecha en que serían aprobados. Estas medidas formarán parte del presupuesto para el año fiscal 2013-2014.
“Con estas medidas, llegamos a los $280 millones que le permitirá a la Autoridad, de mano del BGF, acudir al mercado de bonos para levantar los $2,100 millones y este dinero a su vez le permitirá a la Autoridad saldar su deuda con el banco, eliminando así la amenaza que este préstamo supone para la liquidez del banco. Es algo crítico que tenemos que hacer para que el banco de Puerto Rico... continúe sirviendo, para crecer nuestra economía y crear los empleos que es nuestro norte”, expuso Ferrer.
Vila señaló que, de no haber tomado este paso, la ACT se hubiese visto obligada a cesar servicios.
“Si no se toman estas medidas, a julio primero de 2013 se tendría que detener el Tren Urbano, la Autoridad Metropolitana de Autobuses y las lanchas que opera la Autoridad de Transporte Martítimo”, manifestó.
En cuanto a las medidas administrativas que está tomando la ACT para mejorar sus finanzas, Torres dijo que tiene un plan de austeridad y que se propone reducir de $10 a $15 millones el costo operacional del Tren Urbano.
Según Ferrer, la deuda de la ACT con el BGF era de $2,136 millones a diciembre de 2012 y en los últimos años aumentó para cubrir gastos operacionales mayormente. Los préstamos vigentes de la ACT representan el 24% de la totalidad de préstamos en la cartera del BGF.
“La deuda compromete severamente el capital del BGF, por lo que si la ACT no la paga, las agencias acreditadoras podrían degradar el crédito del BGF. La degradación del BGF a chatarra llevaría a chatarra igualmente a los bonos del ELA y a las corporaciones que están ligadas al crédito del ELA”, sostuvo Ferrer.
Este medio solicitó una reacción formal a La Fortaleza, la que no ha llegado. (Archivo)
En algún momento entre las 2:30 a.m. y las 8:30 a.m. alguien que puede ser identificado publicó en la cuenta del Gobernador el mensaje.
La Policía investigaba hoy una amenaza de muerte dirigida al gobernador Alejandro García Padilla difundida por la red social Twitter.
Según se informó, en algún momento entre las 2:30 a.m. y las 8:30 a.m. alguien que puede ser identificado publicó en la cuenta del Gobernador el siguiente mensaje:
"Gobernador lo peor que a hecho es (palabra obscena) con el dinero del pueblo no siga haciendo brutalidades que le puede costar la vida, usted anda en un 300C y yo (palabra obscena) no significa que sea a prueba de bala, no sea (palabra obscena) saco de aquí para meter acá, mañana a la 1 p.m. mi reintegro o secuestro al gobernador que venga quien quiera por lo dicho se va a morir atentamente yo.
García Padilla escogió como carro oficial un Chrysler 300C.
Este caso fue referido al teniente Roberto Ferreira, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
Yanira Hernández Cabiya, subdirectora de la oficina de prensa de La Fortaleza, indicó que no se emitirían comentarios sobre este asunto por el momento.
La exposición de motivos de la medida sostiene que la misma se fundamenta en los derechos que reconoce y garantiza la Constitución de Puerto Rico.
La exposición de motivos de la medida sostiene que la misma se fundamenta en los derechos que reconoce y garantiza la Constitución de Puerto Rico. (Archivo)
La Cámara de Representantes avaló hoy, sin enmiendas, el proyecto senatorial que abre los planes de salud de los empleados del Gobierno a las personas que cohabitan con el beneficiario, al igual que a sus dependientes.
La medida, el P del S 616, redefine el concepto de “miembro de la familia” para incluir “la o el cónyuge de un(a) empleado(a), así como personas cohabitantes, que están sujetas a convivencia sostenida y vínculo afectivo, lo cual se refiere a personas solteras, adultas, con plena capacidad legal, que cohabitan de manera voluntaria, estable y continua”.
Incluye además a “los dependientes legales de cualquiera de éstos, incluyendo hijos legalmente adoptados, así como las personas que dependan sustancialmente de los(as) empleados(as) o de sus cónyuges o cohabitantes para su sustento”.
El proyecto define además el concepto de cohabitantes, precisamente, como “personas solteras, adultas, con plena capacidad legal, sujetas a una convivencia sostenida y a un vínculo afectivo, que cohabitan voluntariamente, de manera estable y continua”.
La exposición de motivos de la medida sostiene que la misma se fundamenta en los derechos que reconoce y garantiza la Constitución de Puerto Rico.
“La Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece la igual protección de las leyes como uno de los principios fundamentales de nuestra democracia. A su vez, dicha Sección reconoce como derecho fundamental de los seres humanos el derecho a la vida, del cual la salud es parte cardinal. Si bien la Ley Núm. 95 reconoce como miembros de la familia del(la) empleado(a) al(la) cónyuge y a sus familiares, es preciso dejar claro, de forma expresa, el alcance amplio del estatuto, de manera que no quede duda que éste cobija a las personas cohabitantes y sus dependientes”, se indica.
“Ciertamente, negarle el beneficio de los planes de salud a los(as) cohabitantes de los(as) empleados(as) públicos(as) cubiertos por la Ley por razón de su estado civil resulta contrario a dichos principios constitucionales, los cuales esta Asamblea Legislativa está comprometida a hacer valer. Por tal razón, esta Asamblea Legislativa entiende necesario incluir expresamente, como parte de la definición de “miembro de la familia” de la Ley a las personas cohabitantes y sus dependientes”, añade.
El proyecto pasa ahora a la firma del gobernador, Alejandro García Padilla.
