Con sobre 450 piezas de evidencia e instrucciones que contemplan la figura del cooperador, el coautor y de la mera presencia del acusado, este miércoles podría retirarse a deliberar el jurado en el juicio que se sigue contra la empleada doméstica Aida de los Santos Pineda, acusada por la muerte de su jefa Georgina Ortiz Ortiz.
De los Santos Pineda enfrenta un cargo de asesinato y otro de violación a la Ley de Armas por asesinar supuestamente a Ortiz Ortiz, esposa del exjuez asociado del Tribunal Supremo, Carlos Irizarry Yunqué, el 17 de agosto de 2010, en concierto y común acuerdo con otra persona quien no ha sido identificada por las autoridades.
Durante una audiencia este lunes ante la jueza Eloína Torres Cancel, del Tribunal de San Juan, los abogados Aarón Fernández Flores, Lucille Borges Capó, Juan Nevárez García y Jesús Peluyera Santiago, y las fiscales Elba Acevedo Pérez e Ítala Rivera Buonono, identificaron los cientos de documentos y de fotografías que se entregarán a las nueve mujeres y tres hombres que juzgarán a de los Santos Pineda, de 58 años.
La defensa entregará al jurado 28 piezas de evidencia, que incluyen copias de varios correos electrónicos, que pertenecen a los alegados amigos o amantes de la víctima y el informe que preparó el Federal Buró de Investigaciones (FBI), agencia que no logró identificar el segundo fragmento de huella que había en la presunta arma homicida.
En el cuchillo había varios fragmentos de huellas, pero la Policía identificó dos con posible valor de identificación. Uno de los fragmentos pertenece al dedo del medio de la mano derecha de la acusada; el segundo no tenía suficientes características para una identificación. El FBI tampoco identificó ese fragmento.
El ministerio público, por su parte, presentará al jurado 90 piezas de evidencia que incluyen el cuchillo, que el patólogo Carlos Chávez indicó es compatible con la herida en el cuello de la víctima, y los cartones con las huellas dactilares de Irizarry Yunqué, de los Santos Pineda y de Lida Irizarry, hija del exjuez, entre otras.
También entregará dos entrevistas hechas a la acusada y que consignan algunos cambios en la versión que ofreció a las autoridades sobre lo que ocurrió la tarde del 17 de agosto, en el apartamento 5B del condominio Laguna Terrace en el Condado, San Juan, donde apareció el cuerpo de Ortiz Ortiz.
Como prueba estipulada entre las partes se identificaron 361 piezas, que incluyeron decenas de fotografías de la escena del crimen y documentos de la Policía, del Instituto de Ciencias Forenses y el registro de llamadas del celular de la acusada.
Instrucciones al jurado
Después de desglosar la evidencia, las partes discutieron las instrucciones al jurado.
La jueza Torres Cancel indicó que instruirá al jurado sobre lo que constituye prueba directa y circunstancial y las inconsistencias en los testimonios de los testigos, así como los actos del acusado después del crimen. También ofrecerá instrucciones para evaluar la prueba presentada por la defensa y en torno al derecho del acusado a permanecer en silencio.
Específicamente en lo que se refiere a la autoría de un delito, la jueza ofrecerá instrucciones al jurado sobre la figura del coautor, que se le imputa a la empleada doméstica y que contempla 99 años de cárcel, y del cooperador.
El cooperador es un delito menor que conlleva una pena de hasta de 10 años de cárcel y que se refiere a quien "sin ser autor, con conocimiento, coopera en la comisión de un delito".
Además, Fernández Flores pidió que se instruya al jurado sobre el concepto de la mera presencia. Citando jurisprudencia, apuntó que la mera presencia de una persona en el sitio donde se comete un delito y su conocimiento de que tal delito se va a realizar, no es por si´ solo suficiente en derecho para sostener la convicción de esa persona como coautora de ese delito.
Argumentó en que para que una persona pueda ser convicta como coautora de un delito debe probarse más allá´ de toda duda razonable su participación en la comisión de ese delito y una unidad de propósito, y un acuerdo de las mentes de los coautores en producir un resultado especifico, en este caso la muerte.
Al concluir los trabajos del lunes, la jueza Torres Cancel informó a las partes un posible cambio en la agenda. Inicialmente, se había establecido que el jurado se retiraría a deliberar el jueves, pero la magistrada señaló en la tarde su intención de dar las instrucciones al jurado el mismo miércoles, luego que culminen las argumentaciones finales.
Ante este escenario, las 12 mujeres y hombres podrían retirarse a deliberar la tarde del miércoles o solicitar como cuerpo recesar hasta al día siguiente.
