No se encontró causa para juicio contra el profesor de la UPR, José Molinelli Freytes, por supuesta apropiación de servicios públicos para su uso personal.
José Molinelli Freytes (Archivo)
El juez Enrique Silva Avilés, del Tribunal de San Juan, no encontró causa para juicio contra el profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Molinelli Freytes, por supuesta apropiación de servicios públicos para su uso personal y una violación a la Ley de Ética Gubernamental que impide a un empleado público utilizar sus deberes y facultades para obtener beneficios y privilegios prohibidos por Ley.
Los cargos estaban relacionados a la contratación de la firma Geosistemas, de Molinelli Freytes, para realizar un trabajo relacionado al programa de las Comunidades Especiales y al supuesto uso de un empleado suyo en la UPR para realizar trabajos para su compañía en el horario de trabajo de la institución.
Ante la determinación del magistrado, el fiscal Martín Ramos Junquera, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, informó que acudirá en alzada.
La vista preliminar en alzada se pautó para el 25 de septiembre.
Durante el proceso criminal en su contra, el profesor universitario estuvo representado por el abogado Harry Anduze Montaño.
Diversos sectores repudiaron las acusaciones contra Molinelli Freytes y otros empleados públicos que colaboraron con la administración de la entonces gobernadora Sila María Calderón, argumentando que estas acciones estaban motivados por presiones político-partidistas.
En octubre de 2012, la jueza Laura Lis López Roche no encontró causa para juicio contra Luz Nereida Laboy Santos, exayudante de la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales por tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Además, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) exoneró a la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales, Linda Colón, y al reelecto alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, acusados por alegadas irregularidades en el proyecto.
En su informe final el FEI, afirmó que “luego de haber examinado en forma objetiva la evidencia recopilada, entendemos que la redacción del informe del Departamento de Justicia puede tener el efecto de tratar de inducir a error al lector, al exponer conclusiones incorrectas”.
El informe en cuestión fue firmado por el fiscal Francisco Sánchez Rodríguez y validado por el secretario de Justicia, Guillermo Somoza.
Sánchez Rodríguez, quien originalmente formaba parte del caso contra Molinelli Freytes, fue suspendido de empleo y sueldo por el Departamento de Justicia después de que Colón radicó una querella en su contra.
Ayer, precisamente inició otro proceso criminal contra el alcalde de San Lorenzo, José Ramón Román Abreu, por supuestas irregularidades vinculadas a un proyecto de Comunidades Especiales.
La vista para encontrar causa para arresto contra el ejecutivo municipal, así como el administrador municipal Gilbert Hernández Orozco, el director de finanzas Pedro González Rodríguez y el contratista Iván Andújar González continúa el próximo lunes en el Tribunal de San Juan.
Los fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz y Manuel Núñez Corrada acusan a los tres funcionarios públicos de malversación de fondos públicos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsificados y una violación al artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
En el caso de Andújar González, lo acusan de apropiación ilegal agravada de $92,506.50, falsedad ideológica y de posesión y traspaso de documentos falsificados.
Los abogados de la defensa alegan que estos cargos responden a motivaciones político partidistas porque surgieron después de una querella que radicó el representante novoprogresista, José Aponte, en la antesala de las pasadas elecciones.
La construcción de la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta se remonta a 1957, pero fue concebida como una prisión para varones. (Archivo)
Corrección encaminó un proyecto para construir una nueva institución diseñada especialmente para confinadas.
Al reconocer que la cárcel de mujeres en Vega Alta "no provee para un verdadero ambiente de rehabilitación", el secretario de Corrección y Rehabilitación (DCR), José Negrón Fernández, dijo que su administración encaminó un proyecto para construir una nueva institución diseñada especialmente para confinadas.
La propuesta fue sometida a la Administración de Alianzas Público Privadas, y el pasado lunes se efectuó una primera reunión, como parte de la primera etapa de consulta sobre la viabilidad del proyecto, explicó Negrón Fernández.
A esos efectos, designó un comité para atender el proyecto que supone una segunda etapa de diseñar una estructura teniendo en cuenta las necesidades de la población penal femenina y eventualmente proceder con la licitación para construir la nueva institución.
Negrón Fernandez recordó que la construcción de la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta se remonta a 1957, pero fue concebida como una prisión para varones. La instalación, según admitió, no permite el adecuado manejo de las prisioneras, a base de su nivel de custodia.
Por esa razón, la logística operacional es compleja, porque por ejemplo, se supone que las de máxima custodia no interactúen con las de mínima. En tal sentido, dijo que segmentar el uso de la cancha, los servicios de capellanía y otros por niveles se convierte frecuentemente en "un quítate tu para ponerme yo".
El proyecto de la nueva institución es evaluado por Grace Santana, directiva de la Administración de Alianzas Público Privadas, y la expectativa es poder crear una estructura con los más altos parámetros correccionales, agregó el funcionario.
Las mujeres confinadas, según Negrón Fernández, también han estado limitadas por años en los servicios de educación superior, pero recientemente un programa de estudios en Bayamón, fue modificado para aceptar féminas.
También destacó que el área de visitas a las prisioneras en Vega Alta, fue modificado para disponer de un área con mobiliario para la niñez y juegos, de forma tal que las confinadas que tienen hijos o hijas pequeños puedan recibirlos en un lugar más acogedor para los menores.
Ese espacio fue creado gracias a donaciones de empleados del DCR e inaugurado en mayo pasado, cuando visitó la prisión la primera dama, Wilma Pastrana.
Negrón Fernández se mostró comprometido a impulsar opciones de rehabilitación centradas en un modelo salubrista para toda la población penal, en la que nueve de cada diez personas tiene problemas de adicción a sustancias controladas o alcohol.
También dijo, a preguntas de periodistas, que indagará si está en curso una investigación sobre irregularidades en la Corporación de Empresas, Adiestramiento y Empleo (CEAT) por presuntas prácticas fraudulentas ocurridas durante el pasado cuatrienio.
Aclaró que no tiene información oficial sobre supuestas irregularidades, pero dijo que comentarios han hecho referencia a venta de productos comprados a suplidores privados y vendidos como si fueran productos hechos por los confinados.
El caso fue asignado a la división de Robos de San Juan. (Archivo)
La magistrada resultó ilesa.
La jueza Mildred Surén Fuentes, del Tribunal de Apelaciones, fue víctima esta noche de un asalto frente al supermercado Econo, ubicado en la PR-1, jurisdicción de San Juan.
Según supo este medio un individuo la intimidó con un arma de fuego, le llevó un 'wallet' y huyó de la escena en un auto Mazda Rojo cuatro puertas. El inicidente ocurrió a las 7:30 p.m.
La magistrada resultó ilesa.
Surén Fuentes fue confirmada al cargo en octubre de 2010. Previo a ocupar su actual puesto, se desempeñó como jueza superior.
El caso fue asignado a la división de Robos de San Juan.
Se supo que los allanamientos fueron mayormente en oficinas médicas en los pueblos de Río Piedras, Carolina, Caguas y San Sebastián. (Archivo)
El trámite concluyó cerca de las 3:00 p.m.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Inspector General del Seguro Social diligenciaron este miércoles seis órdenes de allanamiento como parte de una investigación por posible fraude al Seguro Social.
El trámite concluyó cerca de las 3:00 p.m.
Se supo que los allanamientos fueron mayormente en oficinas médicas en los pueblos de Río Piedras, Carolina, Caguas y San Sebastián. En Guaynabo, la intervención ocurrió en una residencia de la urbanización Mansiones Reales, de la cual se llevaron tres carros y dos motoras.
Tras confirmar la información sobre las intervenciones, el portavoz de prensa del FBI en Puerto Rico, Moisés Quiñones, explicó que son parte de una investigación en conjunto entre las dos agencias, por lo que no ofreció mayores detalles de la pesquisa.
En la foto, los abogados Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo. (Archivo)
Esta es la segunda ocasión en que la jueza Llompart Zeno deniega la solicitud de recusación de los abogados Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo, quienes han cuestionado reiteradamente la imparcialidad del juez Pagán Ocasio.
La jueza administradora del Tribunal de San Juan, Isabel Llompart, reiteró que no existe impedimento para que el juez Ángel Pagán Ocasio atienda el caso en el que dos abogados impugnan el nombramiento como jueza superior de la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista, Liza Fernández.
Esta es la segunda ocasión en que la jueza Llompart Zeno deniega la solicitud de recusación de los abogados Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo, quienes han cuestionado reiteradamente la imparcialidad del juez Pagán Ocasio.
Huertas y Albaladejo fundamentan sus reservas en torno al juez en un pleito del 2009, en el que el magistrado resolvió en contra de ambos cuando entonces representaban a la parte demandada.
“Concluimos, al igual que lo hicimos anteriormente, que las alegaciones contra el juez Pagán son infundadas, por lo que se deniega la solicitud de recusación”, señaló la jueza administradora en una resolución emitida el jueves pasado, pero divulgada este lunes.
En el caso presentado el 10 de julio pasado, Huertas y Albaladejo argumentaron que la designación de Fernández como jueza superior durante los últimos días de la administración de Luis Fortuño el año pasado, no cumplió requisitos constitucionales, y reclaman que se ordene a la exlegisladora PNP que desista de ejercer el puesto judicial.
El gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, figuran como la parte demandada.
Pagán Ocasio desestimó un pleito similar presentado por los dos abogados en diciembre pasado. En ese pleito, los demandantes también sometieron una moción de recusación contra el juez, y esa controversia se encuentra actualmente ante la consideración del Tribunal Supremo.
“Como correctamente expresaron los demandantes, esta es la segunda vez que solicitan la recusación del juez Pagán en el mismo 'caso', ya que en el caso KPE2012-4117 lo habían solicitado, y esta servidora lo denegó mediante resolcuión del 14 de diciembre de 2012, determinación que no ha sido revocada”, subrayó la jueza administradora en su decisión.
La nueva resolución de la jueza Llompart Zeno menciona otro caso ocurrido en el 2009, en el que Huertas y Albaladejo cuestionaron también la imparcialidad del juez Pagán Ocasio, y argumentaron que el magistrado se inhibió entonces, pero posteriormente falló en su contra.
En la impugnación de ese dictamen, el Tribunal de Apelaciones no validó que el juez Pagán Ocasio se hubiera inhibido.
La Policía identificó a los hombres como Christopher Maysonet y Larry Michael Ferrer, ambos de 20 años.
Agentes federales tomaron custodia este lunes en la tarde, de dos arrestados en la madrugada luego de enfrascarse en una persecución con la Policía en San Juan manejando un auto robado mediante "carjacking".
La Policía identificó a los hombres como Christopher Maysonet y Larry Michael Ferrer, ambos de 20 años. Maysonet es residente en el caserío Vista Hermosa y Ferrer en la urbanización Reparto Metropolitano en San Juan.
La persecución con agentes del cuartel Hato Rey Oeste se originó, según el informe de la Policía, a las 2:20 a.m. cuando los ahora detenidos, viajando a bordo de un auto Toyota Corolla gris de 2010, por la calle San Germán, frente al Coliseo de Puerto Rico, ignoraron la señal de alto que le dieron los agentes Ricardo Rosario y José García.
La persecución se extendió por la carretera PR-21 hasta la altura de la estación del Tren Urbano en Cupey, donde los ocupantes del Corolla impactaron un muro de concreto, perdiendo el control del vehículo.
Una vez fuera del auto, los hombres se internaron en los jardines de la estación del tren, donde fueron arrestados. En el interior del auto se ocuparon un revólver Taurus y una pistola, más una cartera de hombre con 43 balas calibre nueve milímetros.
En el auto viajaba un menor de edad residente en el caserío Villa España. Su edad no fue precisada.
No se brindaron detalles sobre el "carjacking", como la fecha, hora y el lugar.
El policía Harry Muñiz y el fiscal Iván Morales tienen a su cargo la pesquisa de este crimen.
La calle Felipe N. Colón en el barrio Mora de Isabela, fue escenario hoy a las 5:30 p.m. del asesinato de Nelson M. Colón Ugarte, quien recibió un impacto de bala en el pecho.
La policía Yolanda Hernández, del precinto de Aguadilla, informó que se detuvo a una persona sospechosa por este asesinato, pero que no se identificará hasta que se corrobore su posible vínculo con el occiso.
El policía Harry Muñiz y el fiscal Iván Morales tienen a su cargo la pesquisa de este crimen.
Mientras, el cadáver de Orlando Hernández Figueroa fue encontrado al filo de la medianoche del jueves por agentes de la Policía en la carretera PR-113, sector Borges, del barrio Cotto en Isabela.
El cuerpo de Hernández Figueroa, de 37 años, presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
El agente Israel Colón, de la División de Homicidios y la fiscal Belinda Brignoni, investigan estos hechos.
La muerte de Hernández Figueroa fue la tercera reportada en Isabela. Más tempano en el día la Policía investigó las muertes de Carlos Alberto Ramírez Texidor, de 30 años, y la de Luis N. Mercado. Con estas muertes suman cuatro asesinatos en cinco días en Isabela.
