Se dispuso, además, que “tendrá la responsabilidad de ejercer todas las funciones y responsabilidades de la Administración que le sean delegadas por la Junta de Gobierno”. (david.villafane@gfrmedia.com)
Esta legislación pasa ahora a la consideración del Senado.
La Cámara de Representantes aprobó una medida legislativa que le concede más poderes y facultades a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, y que se los quita al administrador, Miguel Hernández Vivoni. Esta legislación pasa ahora a la consideración del Senado.
Además, en la sesión cameral de este miércoles, también se aprobó el proyecto que autoriza la emisión de una licencia de conducir provisional a los extranjeros residentes en la Isla que no hayan legalizado su residencia legal y la legislación que elimina la Oficina del Inspector General (OIG).
El proyecto sobre la AVP enmienda las funciones del Administrador y dispone que él sea “el funcionario ejecutivo de la Administración que responderá directamente a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, y llevará a cabo cualquier gestión, directriz o encomienda que dicha Junta le asigne”.
Se dispuso, además, que “tendrá la responsabilidad de ejercer todas las funciones y responsabilidades de la Administración que le sean delegadas por la Junta de Gobierno”.
La controversia en torno a este proyecto gira porque la pasada administración nombró como administrador y por un periodo de siete años a Hernández Vivoni, quien fue el secretario de la Vivienda bajo el gobierno de Luis Fortuño. La confirmación del funcionario, luego de pasadas las elecciones, tuvo entonces la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado.
El proyecto no destituye a Hernández Vivoni, pero pasa a manos de la Junta los principales poderes que él ostentaba como administrador.
Por otra parte, el Proyecto de la Cámara 900 enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y deroga la Ley 79 de 2005, conocida como la Ley de Requisitos para obtener permiso (licencia) para conducir vehículos de motor en Puerto Rico, para crear una nueva licencia de conducir provisional.
Para obtener esta licencia será elegible “toda persona extranjera que haya residido en Puerto Rico, por un periodo mayor a un año; que no posea una tarjeta de seguro social ni un documento que verifique que no es elegible o no se le aplica asignarle un número de seguro social; y que no posea documentación que demuestre que es ciudadano de los Estados Unidos de América, o documentación expedida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de América (United States Citizenship and Immigration Services) que autorice su presencia en los Estados Unidos de América”.
Los requisitos para la expedición de dicha licencia, incluyen poseer una licencia de aprendizaje provisional expedida conforme a esta misma Ley y poseer un pasaporte vigente de su país de ciudadanía o una identificación consular vigente expedida por un consulado de su país de ciudadanía con el propósito de identificar a la persona.
Otro de los proyectos y resoluciones aprobados por la Cámara es el que deroga la Ley que creó la Oficina del Inspector General y transfiere esas funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
La Legislación, además de derogar la Ley 42-2010, que fue la que creó la OIG, añade un nuevo artículo a la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para asignarle nuevas funciones de auditoría operacional, gerencial o administrativa en las agencias del gobierno y en sus corporaciones públicas “para determinar el grado de éxito y eficiencia alcanzado por los programas, proyectos, o actividades gubernamentales y para evitar o combatir todo desperdicio, gastos excesivos y la duplicidad en el uso de fondos públicos”.
También le asigna coordinar y ampliar los esfuerzos gubernamentales para promover la integridad y eficiencia en el manejo de fondos públicos, estatales y federales y le confiere el poder de citar testigos, tomar juramentos o declaraciones, tomar testimonios y requerir la producción de libros, fotografías, expedientes y documentos para completar o desarrollar cualquier investigación que esté llevando a cabo.
Todas estas medidas pasan ahora a la consideración del Senado.
Hoy fue el cuarto día del juicio que se sigue contra Aida de los Santos Pineda, acusada de asesinar a Georgina Ortiz Ortiz, esposa del juez. (juan.martinez@gfrmedia.com)
Hoy fue el cuarto día del juicio que se sigue contra Aida de los Santos Pineda, acusada de asesinar a Georgina Ortiz Ortiz, esposa del juez.
El exjuez del Tribunal Supremo de Puerto rico, Carlos Irizarry Yunqué, nunca figuró como sospecho del asesinato de su esposa Georgina Ortiz Ortiz, pero el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) le tomó una muestra bucal para efectos de comparación a petición de la agente investigadora del caso, Ormarie Roque.
En el cuarto día del juicio que se sigue contra Aida de los Santos Pineda, quien está acusada de asesinar a Ortiz Ortiz el 17 de agosto de 2010, el técnico de huellas, David Betancourt, y la técnico de control y custodia del ICF, Yamaira Falú Carrasquillo, también declararon que se hicieron pruebas bucales para identificar ADN a otras 11 personas, incluyendo a la acusada, por petición de Roque.
En testimonios separados, ambos señalaron que en la solicitud de análisis de Irizarry Yunqué y de otra persona identificada por su nombre de Ronaldo Pichardo, del 3 de septiembre de 2010, no se identificada a de los Santos como sospechosa del crimen.
Pero el nombre de la empleada doméstica apareció como sospechosa en la solicitud de análisis de su prueba bucal y de las muestras de cabello, realizadas el 10 de septiembre de 2010.
Ese documento, según Betancourt, establece que de los Santos se sometió a la prueba "voluntariamente".
Ante un jurado compuesto mayormente de mujeres, el técnico de huellas explicó que visitó el apartamento 5B del condominio Laguna Terrace en el Condado, San Juan, un día después de que el exjuez encontró el cuerpo ensangrentado de su esposa en el suelo de la residencia familiar.
Relató, a preguntas de la fiscal Elba Acevedo Pérez, que intentó levantar posibles huellas latentes utilizando polvo de grafito negro. Como parte de su trabajo trató de levantar huellas en las superficies lisas y en las áreas que normalmente tocan las personas como las puertas, las perillas y los interruptores de luz, pero que no identificó huellas en el apartamento donde ocurrió el crimen.
"En este caso, no fue positivo el levantamiento de huellas", afirmó el perito, quien también rindió un informe con sus hallazgos, que se admitió como prueba en el caso.
Entonces en el contrainterrogatorio del abogado Juan Nevárez García, quien representa a la acusada junto a los abogados Lucille Borges Capó, Aarón Fernández Flores y Jesús Peluyera Santiago, reconoció que no trató de levantar huellas en todas partes como en el marco de madera de la puerta del baño, donde había sangre, porque se trata de una superficie porosa donde el químico tiene dificultad para penetrar.
Aseguró que trató de levantar huellas con el polvo de grafito en timbre del apartamento y el tope de la cocina, pero que en su informe no documentó en detalle los lugares que trabajó para huellas.
El informe solo consigna, según leyó, que se trabajó el interior apartamento. Explicó que tampoco se tomaron fotos de los lugares donde intentó levantar huellas porque solo se toman fotografías de los puntos donde se identifica una huella.
A preguntas del abogado, el perito también pareció confundirse al indicar que tomó la muestra bucal de Irizarry Ortiz, pero que no lo vio físicamente en el ICF.
Nevárez García preguntó a Falú Carrasquillo si el nombre del exjuez había aparecido como sospechoso del crimen.
"No", respondió la mujer.
Fiscalía no sienta al hijo de la víctima
En la mañana, la fiscal Acevedo Pérez le informó a la jueza Eloína Torres Cancel que no sentará a José Palau Ortiz, hijo de la víctima, como testigo en el caso, pero que lo ponía a disposición de la defensa.
Luego de entrevistar al hombre, los abogados de la defensa determinaron sentar a Palau Ortiz como testigo de la defensa. El hombre quedó citado para el 24 de junio próximo.
Posterior a la renuncia de Palau Ortiz como testigo de cargo, el agente del Cuartel de Loíza, Carlos Pérez Rosado, declaró que al llegar al apartamento de la pareja la tarde del 17 de agosto de 2010, encontró al exjuez lloroso y sentado en una butaca cercana al lugar donde yacía el cuerpo de su esposa.
Además, indicó que la escena del crimen parecía alterada por la forma en que se encontraba el cadáver, el cuchillo y las chanclas de la víctima.
"Lo vi lloroso. Me entrevisto con el viejito, que estaba triste, destrozado y llorando", relató el décimo testigo del ministerio público.
Pérez Rosado relató que llegó al condominio alertado por una comunicación del Centro de Mando, que informó sobre un aparente suicidio.
Esta comunicación surgió en respuesta a la llamada que hizo el vecino Frank Funtane desde su celular informando sobre "una persona que aparentemente se había suicidado".
Esta afirmación del agente contradice el testimonio ofrecido en sala por Funtane la semana pasada, quien aseguró que "llamé a la Policía desde mi celular y digo que creo que había habido un asesinato".
Desde que inició el juicio, el jueves pasado, han surgido algunas contradicciones entre las declaraciones de los testigos.
Pérez Rosado también apuntó que el 17 de agosto, Irizarry Yunqué vestía una chaqueta gris, una camisa blanca y zapatos negros. Su ropa no tenía manchas de sangre.
El asunto de la vestimenta del exjuez, quien fue la persona que descubrió el cuerpo de su esposa y no se encuentra en la lista de testigos, surgió el lunes cuando Borges Capó cuestionó a la nieta de Irizarry Yunqué, Lida Isis Egele Irizarry, sobre una chaqueta que sobresalía de un armario. Esa pregunta parecía sugerir que el exjuez se pudo haber cambiado de ropa.
La defensa ha enfilado sus cañones hacia el exjuez desde el inicio del juicio en un intento por vincularlo al crimen de su esposa.
El agente aseguró que pese a que la llamada que recibió alertaba sobre un posible suicidio, al llegar a la escena le pareció "sospecho" la forma en que cayó el cuerpo, que se encontraba boca abajo.
"Alguien que intenta suicidarse no deja las chancletas al lado", indicó el agente sobre la base para sospechar que la escena se había alterado por la persona que cometió el crimen.
"El cuchillo básicamente estaba en sus manos, (cuando uno comete suicidio) no cae en las manos, cae retirado", agregó.
El agente también descartó el robo como móvil del crimen porque todo en el lugar estaba en orden y la víctima tenía sus prendas, incluyendo un reloj de oro marca Cartier.
La medida es de la autoría del senador popular Ángel Rosa.
Un proyecto de ley bajo estudio en el Senado busca reactivar la economía de los centros urbanos al eliminar las restricciones de algunos contratos de alquiler de espacios comerciales que impiden que el mismo arrendatario establezca un negocio similar a cierta distancia de ese establecimiento.
La medida de la autoría del senador popular Ángel Rosa enmendaría la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio para eliminar "cualquier restricción" en los contratos de alquiler que impida al arrendatario operar negocios con fines similares si tal limitación afecta un local a dos millas de distancia o menos de la propiedad objeto del arrendamiento o si no se excluyen de la prohibición aquellos establecimientos que se ubican en los centros urbanos.
El proyecto busca erradicar la práctica de algunos centros comerciales que incluyen en sus contratos de alquiler cláusulas que prohíben a los arrendatarios mantener negocios "bajo el mismo nombre comercial o razón social, dentro de un perímetro determinado" en el acuerdo contractual.
Esta situación, según la exposición de motivos de la medida, ha provocado que algunos comerciantes opten por cerrar sus tiendas en los cascos urbanos y mantener únicamente aquellas localizadas en los centros comerciales a las afueras del pueblo.
Sin embargo, tanto el Departamento de Justicia como la organización Space Mart Retail and Real Estate Solutions, que brinda servicios a centros comerciales, advirtieron en vistas públicas que el empobrecimiento de los centros urbanos no responde exclusivamente a esas cláusulas contractuales, sino que inciden otros factores como la seguridad, la disponibilidad de estacionamientos, la transportación, los cambios en el gusto de los consumidores y la limpieza y ornato de los espacios.
El Departamento de Justicia, por voz de Betsy Asencio, secretaria auxiliar de asesoramiento de la agencia, cuestionó si la pieza legislativa atiende el verdadero problema.
"Resulta loable la intención del legislador que persigue rescatar el comercio en los centros urbanos tradicionales en estos tiempos de crisis económica. No obstante, entendemos que no surge de la exposición de motivos un análisis empírico que sustente la enmienda propuesta", afirmó el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, en su ponencia escrita.
El Departamento de Justicia rechazó la medida ante la Comisión senatorial de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica, que dirige Rosa, al señalar que el estado de derecho ha reconocido la legalidad de las cláusulas de algunos contratos que limitan la competencia.
Sin embargo, el titular de Justicia reconoció que nada impide que la Asamblea Legislativa determine la ilegalidad de esas disposiciones contractuales.
"Aunque las restricciones incluidas en contratos de arrendamiento de bienes inmuebles sobre la operación de negocios por el mismo arrendatario en otros locales no signifiquen en balance un impedimento para el desarrollo de la competencia, el estado puede erradicar dichas conductas como asunto de orden público para conservar o revitalizar los centros urbanos tradicionales de los municipios", enfatizó el secretario.
A pesar de que advirtió sobre las otras variables que afectan el desarrollo económico de los centros urbanos, Arnaldo Oliveras, presidente de la organización que ofrece servicios de consultoría, arrendamiento, entre otros, a centros comerciales e inquilinos, respaldó el proyecto por entender que beneficia a los pequeños y medianos comerciantes que buscan expandir sus operaciones.
"Muchos de los arrendatarios más pequeños no cuentan con el poderío suficiente en la negociación para evitar que se les imponga una restricción de radio", como se denomina a la limitación en torno a la localización de dos comercios similares.
"Al no poder expandir sus operaciones, no pueden desarrollar el potencial de sus negocios ni desarrollarlo a capacidad óptima, eliminando así la creación de empleos adicionales, ingresos adicionales a otros centros comerciales dentro del radio de distancia, entre otras variables que en nada promueven la economía local", subrayó Oliveras, también director regional del Caribe para el Concilio Internacional de Centros Comerciales.
La Asociación de Alcaldes y la Asociación de Industriales también comparecieron a la vista para apoyar el proyecto de ley.
Los cursos se ofrecerán del 17 al 28 de junio próximo, en el balneario Punta Salinas en Toa Baja. (Archivo)
Los cursos se ofrecerán del 17 al 28 de junio próximo, en el balneario Punta Salinas en Toa Baja.
La Escuela de Salvavidas de la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico (CPNPR) ofrecerá por primera vez un curso de “Junior Lifeguards” o Salvavidas Juveniles, del 17 al 28 de junio próximo, en el balneario Punta Salinas en Toa Baja, en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Carlos Alberto del Valle Meléndez, subdirector Ejecutivo de la CPNPR, informó por escrito que el curso de “Junior Lifeguards” es un programa variado de dos semanas que combina actividades recreativas y educativas, mediante el cual se enseña a los niños y niñas, y a jóvenes a tener la experiencia de ser un Salvavidas Juvenil en un formato menos exigente, que permite más tiempo de diversión a la vez que aprenden destrezas de socorrismo.
Los “Junior Lifeguards” o Salvavidas Juveniles recibirán una formación introductoria en varias de las habilidades que se presentan en el programa de Rescatista Acuático, como la seguridad en el océano, condición física, salud y nutrición, conciencia ambiental, habilidades de natación y primeros auxilios.
Los participantes deben estar entre las edades de 10 a 16 años, poseer habilidades básicas de natación y sentirse cómodos en el medio ambiente acuático. La evaluación inicial de las capacidades de natación se llevará a cabo el primer día y se determinará el nivel de actividad acuática que será apropiado para el participante.
La Compañía de Parques Nacionales es una agencia capacitadora y adiestradora de salvavidas con más de doce años en esas funciones y cuyos instructores están certificados por la United States Lifesaving Association (USLA).
Para más información sobre costo y otros requisitos favor comunicarse con Olga Medina al 787-622-5200 ext.135,787-622-5240 ó al 939-249-5899.
Programa de actividades - junior lifeguards
Lunes 17 (Evaluación de capacidades de natación)
Salud y Condición física
• Ejercicios de estiramiento y aeróbicos
• Nutrición adecuada
• Prevención del consumo de alcohol y drogas
• Protección solar / Prevención del Cáncer de Piel
Martes 18, Miércoles 19 y Jueves 20
Primeros auxilios
• Entrenamiento de Soporte Vital Básico Asociación Americana del Corazón (AHA)
• Resucitación Cardio-Pulmonar (C.P.R.) (AHA)
• Primeros auxilios para lesiones y enfermedades repentinas (AHA)
• El tratamiento y la protección de la Columna Espinal (lesiones en cabeza, cuello y espalda) Cruz Roja Americana (ARC)
Viernes 21, Lunes 24 y Martes 25
Técnicas de rescate
• Habilidades para prevenir emergencias
• Identificación de las condiciones marítimas
• Enseñanza de uso de paddleboard o tabla surf para Rescate
• Rescates con dispositivos de flotación
• Simulacro de rescate marino
Miércoles 26, Jueves 27 y Viernes 28
Actividades Educativas
• Wipeout Project. Prevención de lesiones acuáticas
(USLA PR)
• Equipo de rescate Fire Rescue (FREEMS)
• Oceanografía y biología marina (Cari COOS)
• Impactos y problemas ambientales (Sea Grant)
Visitas diarias de colaboradores con nuestros instructores
Actividades Recreativas
• Surfing Básico y bodyboard
• Paddleboard (Federación de Surfing de PR)
• Clínicas de natación (Campeón Nacional de Natación y USLA Lifeguard Joel Matos Ortiz)
• Clínicas de Water Polo (Miembro del Equipo Nacional Joab Pérez)
Exhibición de buceo y rescate marino (USLA Surf Lifesaving Training Officer Jonathan Torres)
• Juegos de playa y concursos (Instructores CPNPR/USLA)
El accidente ocurrió en el barrio Coco, de Salinas.
Un joven de 18 años perdió la vida esta tarde en medio de un accidente de tránsito en el barrio Coco, de Salinas.
Según la Policía, a eso de las 3:30 p.m. Jonathan Díaz Santiago manejaba una motora sin ningún tipo de protección y por el carril izquierdo. Al llegar a una intersección viró hacia la izquierda y chocó de frente con una guagua Mitsubishi Montero manejada por Aida L. Ortiz Cruz, de 47 años.
El joven murió en el lugar del accidente. La motora que manejaba no tenía marbete.
La conductora fue llevada a la división de Autopistas Salinas, donde arrojó .000% en la prueba de alcohol.
La abogada María Juarbe confirmó que el juez José A. Grajales González, de la Sala de Relaciones de Familia y Menores del Tribunal de Bayamón, archivó la solicitud de Ahmed Alí González que procuraba despojar a Ana Cacho de la patria potestad de sus dos hijas.
Sin embargo, la abogada rechazó que esta acción se deba a que incumplió con el debido proceso de ley al evitar que Sharon González Maldonado y Brenda Berríos Morales, abogadas de Cacho, tomaran una deposición a su cliente como parte del descubrimiento de prueba, como aseguró una fuente judicial a este medio.
"No obedece a una sanción de desestimación por incumplimiento a la asistencia a la deposición, habida cuenta que el caso estaba paralizado", afirmó la licenciada en leyes en entrevista telefónica con este medio.
Agregó que en una moción escrita que sometió posterior al periodo que el magistrado concedió a las partes para expresarse sobre la deseabilidad de continuar con el caso, ella pidió que el caso continuara paralizado o se archivara.
Aseguró también que esta determinación no supone un traspié para su cliente González en su empeño por evitar que Cacho se relacione con sus hijas, porque en el proceso el juez también archivó una petición de reivindicación de la patria potestad de Cacho.
Por esta razón, según la abogada, Cacho ya no recibirá las fotos y las actualizaciones sobre el estado de la salud de las menores.
Una fuente judicial reveló a este medio que el pasado viernes, el juez Grajales González archivó la solicitud de González. La fuente reiteró este lunes esa información.
Aclaró también que en la notificación que el magistrado envió no se informa la razón del archivo, pero que de la evaluación del expediente y el trámite del caso se desprende que la falta del descubrimiento de prueba pesó en la determinación del juez Grajales González.
La fuente precisó que el Departamento de Justicia también objetó el descubrimiento de prueba y que la notificación del juez Grajales González se limita al caso de González.
"Se archiva la solicitud de privación de patria potestad sin perjuicio", consigna la orden del juez Grajales González con fecha del 6 de junio.
Este medio intentó comunicarse con las abogadas de Cacho, pero ninguna respondió las llamadas de este medio.
Actualmente, González mantiene la custodia física y legal de sus hijas, mientras Cacho libra una batalla en los tribunales por recuperar la custodia de las menores, a quienes no ve desde hace tres años, tras el asesinato de su hijo Lorenzo cuando el entonces niño de 8 años estaba con ella en el hogar en Dorado.
Queda pendiente la determinación del Tribunal Supremo, que el 21 de diciembre pasado paralizó la efectividad de una sentencia del Tribunal de Apelaciones que permitía a Cacho visitas supervisadas con sus dos hijas y también ordenaba la celebración de un nuevo juicio en el caso civil de custodia.
En su determinación, el panel de juezas compuesto por Aleida Varona, Emalind García y María del Carmen Córdova citó jurisprudencia que confirma que un padre o una madre tienen derecho a relacionarse con sus hijos.
El panel de juezas del Tribunal de Apelaciones también subrayó que el Departamento de la Familia no podía usar como perito a la sicóloga clínica Elsa Cardalda, quien antes de sentarse en el banquillo de los testigos había atendido a la menores a través del Programa Biosicosocial del Centro Médico en Río Piedras.
Pese a que no se ha sometido una acusación en su contra, el Departamento de Justicia identificó a Cacho como sospechosa de la muerte de su hijo Lorenzo González Cacho, de 8 años.
El niño murió el 9 de marzo de 2010, en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento en Dorado, luego que su mamá descubrió al menor ensangrentado en la cama donde dormía con su otra hermana de 6 años. La otra menor tenía, en ese momento, 13 años.
El patólogo Carlos Chávez, del Instituto de Ciencias Forenses, determinó que no se trató de una muerte accidental, sino que el menor recibió un golpe fuerte en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo del niño también presentaba heridas de arma blanca en el rostro.
González demandó recientemente a su exesposa para exigirle el pago de pensión alimentaria por las dos hijas, quienes residen bajo su techo. Este caso no sido resuelto.
La temporada de huracanes inició el pasado 1 de junio y concluye el 30 de noviembre próximo. (Archivo)
El nominado secretario de Salud, Francisco Joglar Pesquera, resaltó la importancia de inscribirse en el Registro de Poblaciones con Necesidades Funcionales y de Acceso.
Como inicio a la temporada de huracanes, el nominado secretario de Salud, Francisco Joglar Pesquera, exhortó a la población que padece de condiciones de salud crónicas, a prepararse con los suministros necesarios para atender sus padecimientos antes, durante y después de un evento atmosférico.
De hecho, ya inició la temporada de huracanes el pasado 1 de junio, la que concluye el 30 de noviembre próximo.
Joglar Pesquera destacó que algunas condiciones médicas requieren provisiones especiales y para evitar complicaciones con el paso de un fenómeno atmosférico se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
• Pacientes dependientes de oxígeno: se recomienda un recurso alterno que provea electricidad para mantener una reserva de cilindros de oxígeno.
• Pacientes dependientes de insulina: se recomienda un generador eléctrico de reserva para mantener refrigerada la insulina.
• Mujeres embarazadas: de alto riesgo o de 36 semanas o más, deben consultar a su médico si consideran necesario refugiarse en una facilidad de salud.
• Pacientes inmóviles o postrados en cama: deben asegurarse de que su cuidador estará con ellos durante la tormenta.
• Pacientes que utilicen medicamentos de rutina: deben guardar un suministro de por lo menos dos semanas.
• Pacientes de diálisis: necesitarán recibir diálisis justo antes de la tormenta. Deben hablar con su proveedor para establecer qué hacer luego de la tormenta.
• Pacientes con condiciones cardiacas: que requieren el monitoreo de la presión arterial deberán mantener el equipo con ellos de ser traslado a un refugio.
• Pacientes asmáticos: tener suministros de los medicamentos y deben llevar sus máquinas de terapia respiratoria consigo a los refugios para garantizar el tratamiento necesario.
Registro de Poblaciones Especiales
Además, el funcionario resaltó la importancia de inscribirse en el Registro de Poblaciones con Necesidades Funcionales y de Acceso.
“Este registro lo hemos hecho con el propósito de ayudar a esta población antes, durante y después de una emergencia, ya que al inscribirse, se facilitan los recursos y medidas preventivas para esta población. Esto incluye la coordinación de servicios médicos especializados y hospitalarios, una planificación temprana para el desalojo de ese ciudadano en particular, entre otros”, destacó Joglar Pesquera.
La inscripción al Registro de Poblaciones con Necesidades se puede hacer a través de la Línea PAS llamando al número telefónico gratuito 1-800-981-0023.
La directora interina de la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública, Jessica Cabrera Márquez, mencionó algunos de los suministros que se deben tener a la mano durante una emergencia en caso de huracán:
• Un (1) galón de agua potable por día
• Alimentos no perecederos
• Equipo de primeros auxilios
• Linterna operada por batería y reemplazo
• Herramientas (abre latas manual, bolsa de basura, llave inglesa, alicate, entre otras)
• Silbato (este sirve para la personas que no se puedan comunicar)
• Artículos de higiene personal
• Teléfono celular con batería cargada
• Copias de documentos importantes
• Recetas médicas
• Registro de vacunación
• Fotos actuales del grupo familiar
• Tarjeta de crédito o ATH
• Ropa, zapatos, guantes, frisas
• Libreta y bolígrafo (para apuntar información importante)
• Equipos de acuerdo a la necesidad especial (oxígeno, aparato para la audición, máquina de terapia para el asma, espejuelos, equipos auxiliares de movilidad)
• Listado de teléfonos de emergencia
“Es de suma importancia tener una tarjeta de información de salud actualizada para casos de emergencia. La misma debe incluir: información personal, nombre y teléfono del médico, condiciones médicas, alergias y lista de medicamentos”, concluyó Cabrera Márquez.
