Debaten pago de $236,532 tras destitución de teniente de Corrección

07/17/2013 | 07:21 p.m.

El teniente Ángel Toro Hernández conversa con su abogado, Marcos Marcucci. (jose.rodriguez@gfrmedia.com) 

El juez ordenó a las partes efectuar una reunión para determinar la cantidad neta que corresponde al demandante.

La representación legal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) reconoció este miércoles que tendrán que pagar el salario y otros beneficios que dejó de recibir un teniente que estuvo fuera de la agencia durante seis años, tras una destitución que impugnó el demandante y logró ser reinstalado en su cargo en 2010.

Durante una vista encabezada por el juez superior Ángel R. Pagán Ocasio, en la Sala 904 del Centro Judicial de San Juan, la licenciada Maricely Aponte, en representación del DCR, reconoció que lo adeudado al teniente Ángel Toro Hernández se ha estimado en $236,532, según el mandamus de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).

"Aceptamos y reconocemos que le debemos", dijo Aponte, pero explicó que "no contamos con el dinero ahora para poder emitir el pago".

El licenciado Marcos Marcucci, abogado del teniente Toro Hernández, por su parte, reconoció en la audiencia que debido a cambios en la Ley del Retiro y la del Seguro Social la cantidad que recibiría su cliente puede cambiar.

Aunque el DCR acoge la orden de la CIPA y se allana a la determinación en el caso, faltaría determinar la suma total que se pagaría a Toro Hernández, quien labora al presente en la región de Guayama.

Por esa razón, el juez ordenó a las partes efectuar una reunión para determinar la cantidad neta que corresponde al demandante. Aponte y Marcucci acordaron llevar a cabo la misma el próximo 2 de agosto en la sede del DCR.

El magistrado, previamente, recordó que el mandamus estipula emitir "sin mayor dilación" el salario, así como los beneficios marginales dejados de recibir mientras estuvo fuera de su puesto el demandante y comentó que las partes deberían determinar que suma adelantarle, si no se produce un pago total a corto plazo.

En tal sentido, también advirtió que el tribunal se reserva el derecho de imponer intereses y penalidades, si se incumple con la orden a favor del teniente para que reciba "lo que corresponda en ley".

Agregó que si las partes llegan a un acuerdo extrajudicial sobre el pago, no necesariamente tendrían que presentarse a una vista señalada para el 8 de agosto en la Sala 904, a la que ayer acudieron también, además del demandante, Eileen Rivera, encargada de nóminas en la Administración de Corrección.

Fuera de sala, el demandante comentó de forma escueta que su salida de Corrección obedeció a movidas administrativas para ubicar en su puesto a otra persona "por razones políticas".

Por su parte, la licenciada Aponte dijo a este medio que la Oficina de Gerencia y Presupuesto no asignó los fondos para atender esta deuda. Sin embargo, en sala, el juez mencionó que la suma pendiente de pago tiene que ser presupuestada.