Indicó que el 25 de octubre de 2011 abrió como de costumbre en la mañana la tienda Candela Urban Wear, propiedad de la joven desaparecida.
Israel Serrano Colón (jose.reyes@gfrmedia.com)
Israel Serrano Colón, quien fuera padrastro de Yexeira Torres Pacheco, retomó su testimonio este lunes y detalló, durante la vista evidenciaria del caso contra el exagente Roberto Quiñones Rivera, las múltiples gestiones que supuestamente realizó para intentar localizar a la joven bailarina.
Según relató ante la jueza Berthaida Seijo, el 25 de octubre de 2011 abrió como de costumbre en la mañana la tienda Candela Urban Wear, propiedad de la joven desaparecida. Sin embargo, en esa ocasión Yexeira no se presentó.
Durante el día, afirmó, hizo varias llamadas telefónicas a la joven, sin obtener respuesta. Luego llamó al hoy acusado y le preguntó dónde se encontraba Yexeira, a lo que el sujeto respondió que esta se había marchado a una práctica de baile con una amiga.
Serrano Colón dijo que, al no tener éxito en sus llamadas a la bailarina, intentó contactar nuevamente a Quiñones Rivera a su celular, pero no respondió. Agregó que esa noche decidió pasar por la casa de Villa Carolina en la que convivía la pareja, pero no encontró a nadie. Tampoco vio allí la guagua del hoy acusado de asesinato.
Las gestiones se repitieron, según dijo, el 26 y 27 de octubre. Ya para el 28 de ese mes, relató el testigo, visitó varios lugares del municipio de Carolina, incluyendo el aeropuerto Luis Muñoz Marín y centros comerciales, en un intento de ubicar la guagua de Quiñones Rivera. No obstante, tampoco tuvo éxito.
De acuerdo con Serrano Colón, cuya voz se tornaba temblorosa en ocasiones, el 29 de octubre, visitó junto a su entonces pareja y madre de Yexeira, Iris Pacheco, la residencia de Villa Carolina y habló con los vecinos para ver si habían visto o hablado con Yexeira.
A preguntas de la fiscal Alma Méndez Ríos, quien junto a Sonia Polanco Viera representan al Ministerio Público en este caso, el testigo indicó que ese día decidió entrar a la residencia.
Explicó que él y un vecino cerrajero se treparon al techo y llegaron hasta la parte posterior de la vivienda. Allí, el vecino, con una herramienta “forzó” la cerradura, lograron entrar a la marquesina y, de ahí, al interior de la casa.
“Logramos abrir la puerta, entramos. Abrí la puerta del frente y entonces Iris entró”, sostuvo.
Serrano Colón explicó que, una vez en el interior, se percató de que los “santos” de Quiñones Rivera, quien presuntamente practica la santería, no estaban en la sala, donde les veía usualmente. Tampoco observó el conjunto de lavadora y secadora, propiedad del acusado.
Asimismo, señaló que vio en la marquesina la guagua de Yexeira “desmantelada”.
Cuando la fiscal Méndez Viera le cuestionó por qué habían decidido entrar a la casa, Serrano Colón expresó que “esa es la casa de la nena. Como preocupación de padres, entramos”.
Reconoció, sin embargo, que nadie les dio autorización para entrar.
El 29 de octubre, relató el testigo, Pacheco recibió finalmente una llamada de Quiñones Rivera. Serrano Colón aseguró que escuchó decir a Pacheco: “Robert, pero no me faltes el respeto. Yo lo que quiero saber es dónde está la nena”.
Posteriormente, el padrastro de Yexeira tomó el teléfono. “Roberto me dijo un montón de cosas… que qué yo haría si alguien me falta el respeto. Yo le preguntaba que dónde estaba la nena. Me dijo que no sabía dónde estaba”, relató.
Sostuvo que el hombre le indicó que se encontraba en Bayamón realizando un trabajo de tapicería y que saldría de viaje para Chicago esa misma tarde.
“Yo le dije que no se podía ir hasta que apareciera la nena”, expresó el testigo, quien indicó que ese momento el acusado se escuchaba “enfogona’o, con coraje”.
Según el declarante, Pacheco le contó que, durante la conversación, Quiñones Rivera le había dicho que “si algo le había pasado a Yexeira, merecido se lo tiene por no respetar”.
Esa tarde, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., acudió junto a Pacheco, la hermana de Yexeira, Jeanderish Torres Pacheco, y la pareja de esta última a la comandancia de Carolina, donde hicieron una querella.
Durante el contrainterrogatorio a cargo del abogado Orlando Cameron Gordon, el testigo reconoció que no incluyó en su declaración jurada que había entrado a la residencia de Villa Carolina, ni los detalles de esa gestión.
Admitió, además, que entró a la vivienda una segunda vez, el 7 de noviembre de 2011, y que en esa ocasión no necesitó ayuda de un cerrajero, pues la cerradura no estaba funcionando. Dijo desconocer si la cerradura estuvo así desde la primera vez que accedió al hogar y tampoco si alguien logró acceder a la misma durante ese período.
Ese día, cuando se presentó un grupo de agentes a la vivienda, el testigo reconoció que no le mostraron una orden de allanamiento antes de entrar a la estructura y tampoco él ni Pacheco firmaron alguna autorización escrita.
La defensa, integrada por Cameron Gordon y Jorge Gordon Menéndez, impugna cierta evidencia ocupada por las autoridades, sin orden judicial, en la referida vivienda y en la guagua de Quiñones Rivera.
La Fiscalía, por su parte, admitió que no se expidió una orden con anterioridad, pero que en ese momento se cumplieron con unos requisitos jurisprudenciales que sustentan la validez de la prueba ocupada.
Antes de la vista de supresión de hoy, se realizó una audiencia ante el juez Francisco Borelli Irizarry, quien señaló el inicio del juicio para el 29 de agosto a la 1:30 p.m.
A su salida de sala tras la vista ante Borelli Irizarry, la madre de Yexeira expresó que “como madre le pido a Dios para encontrar a mi hija, aunque sean unos huesitos”.
“Pero pasar por todas estas pruebas… las pasaré. Al final, Dios nos va a dar la victoria porque solamente puede haber una sola verdad, no pueden haber dos verdades y la verdad la tenemos nosotros. Él (Quiñones Rivera) desapareció a mi hija”, agregó.
Ileana Colón Carlo y el ingeniero Javier Quintana fueron nombrados a la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica por el gobernador Alejandro García Padilla.
Ileana Colón Carlo (Archivo)
La contadora pública autorizada Ileana Colón Carlo y el ingeniero Javier Quintana fueron nombrados a la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica por el gobernador Alejandro García Padilla, pero tendrán que pasar por la evaluación del Senado.
“Con estos dos reconocidos profesionales, la AEE consolida un cuerpo rector fortalecido y comprometido con el mejor interés de los ciudadanos”, expresó por escrito este viernes en la noche García Padilla.
Estos nombramientos responden a la Ley 29 del 25 de junio de 2013, que reestructuró y creó una nueva junta de gobierno en la AEE, con el fin de garantizar que sus integrantes sean representativos de sus abonados y cuya preparación académica y experiencias profesionales aseguren que esa corporación cumpla cabalmente con sus responsabilidades públicas y legales, dijo el Gobernador.
Ambos designados se incorporan a sus puestos de inmediato y sus nombramientos serán remitidos al Senado para su consentimiento durante la sesión que comienza el lunes.
Con estos dos nombramientos quedan dos sillas vacantes en la junta, una de las cuales corresponderá a un representante de los consumidores, que será elegido por los consumidores mediante una votación liderada por el Departamento de Asuntos del Consumidor. El otro puesto vacante será seleccionado de las recomendaciones que sometan entidades profesionales y sin fines de lucro a las que les fueron solicitadas.
Colón Carlo fue Contralora de Puerto Rico durante la década de 1987 a 1997, más ha sido profesora universitaria, principal Oficial Administrativa y Financiera de la firma legal McConnell Valdés, columnista, e integrante de la Comisión de Ciudadanos Independientes para Evaluar las Transacciones del Gobierno.
Quintana es ingeniero eléctrico, con experiencia en asuntos de gobierno, industria, administración, investigación y desarrollo. Es decano de la escuela de Ingeniería de la Universidad Interamericana en Bayamón, fue director ejecutivo de la Administración de Desperdicios Sólidos, administrador de la Administración de Asuntos Energéticos e integrantes de varias juntas y comités relacionadas a su área de especialidad.
No se encontró causa para juicio contra el profesor de la UPR, José Molinelli Freytes, por supuesta apropiación de servicios públicos para su uso personal.
José Molinelli Freytes (Archivo)
El juez Enrique Silva Avilés, del Tribunal de San Juan, no encontró causa para juicio contra el profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Molinelli Freytes, por supuesta apropiación de servicios públicos para su uso personal y una violación a la Ley de Ética Gubernamental que impide a un empleado público utilizar sus deberes y facultades para obtener beneficios y privilegios prohibidos por Ley.
Los cargos estaban relacionados a la contratación de la firma Geosistemas, de Molinelli Freytes, para realizar un trabajo relacionado al programa de las Comunidades Especiales y al supuesto uso de un empleado suyo en la UPR para realizar trabajos para su compañía en el horario de trabajo de la institución.
Ante la determinación del magistrado, el fiscal Martín Ramos Junquera, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, informó que acudirá en alzada.
La vista preliminar en alzada se pautó para el 25 de septiembre.
Durante el proceso criminal en su contra, el profesor universitario estuvo representado por el abogado Harry Anduze Montaño.
Diversos sectores repudiaron las acusaciones contra Molinelli Freytes y otros empleados públicos que colaboraron con la administración de la entonces gobernadora Sila María Calderón, argumentando que estas acciones estaban motivados por presiones político-partidistas.
En octubre de 2012, la jueza Laura Lis López Roche no encontró causa para juicio contra Luz Nereida Laboy Santos, exayudante de la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales por tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Además, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) exoneró a la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales, Linda Colón, y al reelecto alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, acusados por alegadas irregularidades en el proyecto.
En su informe final el FEI, afirmó que “luego de haber examinado en forma objetiva la evidencia recopilada, entendemos que la redacción del informe del Departamento de Justicia puede tener el efecto de tratar de inducir a error al lector, al exponer conclusiones incorrectas”.
El informe en cuestión fue firmado por el fiscal Francisco Sánchez Rodríguez y validado por el secretario de Justicia, Guillermo Somoza.
Sánchez Rodríguez, quien originalmente formaba parte del caso contra Molinelli Freytes, fue suspendido de empleo y sueldo por el Departamento de Justicia después de que Colón radicó una querella en su contra.
Ayer, precisamente inició otro proceso criminal contra el alcalde de San Lorenzo, José Ramón Román Abreu, por supuestas irregularidades vinculadas a un proyecto de Comunidades Especiales.
La vista para encontrar causa para arresto contra el ejecutivo municipal, así como el administrador municipal Gilbert Hernández Orozco, el director de finanzas Pedro González Rodríguez y el contratista Iván Andújar González continúa el próximo lunes en el Tribunal de San Juan.
Los fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz y Manuel Núñez Corrada acusan a los tres funcionarios públicos de malversación de fondos públicos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsificados y una violación al artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
En el caso de Andújar González, lo acusan de apropiación ilegal agravada de $92,506.50, falsedad ideológica y de posesión y traspaso de documentos falsificados.
Los abogados de la defensa alegan que estos cargos responden a motivaciones político partidistas porque surgieron después de una querella que radicó el representante novoprogresista, José Aponte, en la antesala de las pasadas elecciones.
La construcción de la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta se remonta a 1957, pero fue concebida como una prisión para varones. (Archivo)
Corrección encaminó un proyecto para construir una nueva institución diseñada especialmente para confinadas.
Al reconocer que la cárcel de mujeres en Vega Alta "no provee para un verdadero ambiente de rehabilitación", el secretario de Corrección y Rehabilitación (DCR), José Negrón Fernández, dijo que su administración encaminó un proyecto para construir una nueva institución diseñada especialmente para confinadas.
La propuesta fue sometida a la Administración de Alianzas Público Privadas, y el pasado lunes se efectuó una primera reunión, como parte de la primera etapa de consulta sobre la viabilidad del proyecto, explicó Negrón Fernández.
A esos efectos, designó un comité para atender el proyecto que supone una segunda etapa de diseñar una estructura teniendo en cuenta las necesidades de la población penal femenina y eventualmente proceder con la licitación para construir la nueva institución.
Negrón Fernandez recordó que la construcción de la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta se remonta a 1957, pero fue concebida como una prisión para varones. La instalación, según admitió, no permite el adecuado manejo de las prisioneras, a base de su nivel de custodia.
Por esa razón, la logística operacional es compleja, porque por ejemplo, se supone que las de máxima custodia no interactúen con las de mínima. En tal sentido, dijo que segmentar el uso de la cancha, los servicios de capellanía y otros por niveles se convierte frecuentemente en "un quítate tu para ponerme yo".
El proyecto de la nueva institución es evaluado por Grace Santana, directiva de la Administración de Alianzas Público Privadas, y la expectativa es poder crear una estructura con los más altos parámetros correccionales, agregó el funcionario.
Las mujeres confinadas, según Negrón Fernández, también han estado limitadas por años en los servicios de educación superior, pero recientemente un programa de estudios en Bayamón, fue modificado para aceptar féminas.
También destacó que el área de visitas a las prisioneras en Vega Alta, fue modificado para disponer de un área con mobiliario para la niñez y juegos, de forma tal que las confinadas que tienen hijos o hijas pequeños puedan recibirlos en un lugar más acogedor para los menores.
Ese espacio fue creado gracias a donaciones de empleados del DCR e inaugurado en mayo pasado, cuando visitó la prisión la primera dama, Wilma Pastrana.
Negrón Fernández se mostró comprometido a impulsar opciones de rehabilitación centradas en un modelo salubrista para toda la población penal, en la que nueve de cada diez personas tiene problemas de adicción a sustancias controladas o alcohol.
También dijo, a preguntas de periodistas, que indagará si está en curso una investigación sobre irregularidades en la Corporación de Empresas, Adiestramiento y Empleo (CEAT) por presuntas prácticas fraudulentas ocurridas durante el pasado cuatrienio.
Aclaró que no tiene información oficial sobre supuestas irregularidades, pero dijo que comentarios han hecho referencia a venta de productos comprados a suplidores privados y vendidos como si fueran productos hechos por los confinados.
El caso fue asignado a la división de Robos de San Juan. (Archivo)
La magistrada resultó ilesa.
La jueza Mildred Surén Fuentes, del Tribunal de Apelaciones, fue víctima esta noche de un asalto frente al supermercado Econo, ubicado en la PR-1, jurisdicción de San Juan.
Según supo este medio un individuo la intimidó con un arma de fuego, le llevó un 'wallet' y huyó de la escena en un auto Mazda Rojo cuatro puertas. El inicidente ocurrió a las 7:30 p.m.
La magistrada resultó ilesa.
Surén Fuentes fue confirmada al cargo en octubre de 2010. Previo a ocupar su actual puesto, se desempeñó como jueza superior.
El caso fue asignado a la división de Robos de San Juan.
Se supo que los allanamientos fueron mayormente en oficinas médicas en los pueblos de Río Piedras, Carolina, Caguas y San Sebastián. (Archivo)
El trámite concluyó cerca de las 3:00 p.m.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Inspector General del Seguro Social diligenciaron este miércoles seis órdenes de allanamiento como parte de una investigación por posible fraude al Seguro Social.
El trámite concluyó cerca de las 3:00 p.m.
Se supo que los allanamientos fueron mayormente en oficinas médicas en los pueblos de Río Piedras, Carolina, Caguas y San Sebastián. En Guaynabo, la intervención ocurrió en una residencia de la urbanización Mansiones Reales, de la cual se llevaron tres carros y dos motoras.
Tras confirmar la información sobre las intervenciones, el portavoz de prensa del FBI en Puerto Rico, Moisés Quiñones, explicó que son parte de una investigación en conjunto entre las dos agencias, por lo que no ofreció mayores detalles de la pesquisa.
En la foto, los abogados Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo. (Archivo)
Esta es la segunda ocasión en que la jueza Llompart Zeno deniega la solicitud de recusación de los abogados Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo, quienes han cuestionado reiteradamente la imparcialidad del juez Pagán Ocasio.
La jueza administradora del Tribunal de San Juan, Isabel Llompart, reiteró que no existe impedimento para que el juez Ángel Pagán Ocasio atienda el caso en el que dos abogados impugnan el nombramiento como jueza superior de la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista, Liza Fernández.
Esta es la segunda ocasión en que la jueza Llompart Zeno deniega la solicitud de recusación de los abogados Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo, quienes han cuestionado reiteradamente la imparcialidad del juez Pagán Ocasio.
Huertas y Albaladejo fundamentan sus reservas en torno al juez en un pleito del 2009, en el que el magistrado resolvió en contra de ambos cuando entonces representaban a la parte demandada.
“Concluimos, al igual que lo hicimos anteriormente, que las alegaciones contra el juez Pagán son infundadas, por lo que se deniega la solicitud de recusación”, señaló la jueza administradora en una resolución emitida el jueves pasado, pero divulgada este lunes.
En el caso presentado el 10 de julio pasado, Huertas y Albaladejo argumentaron que la designación de Fernández como jueza superior durante los últimos días de la administración de Luis Fortuño el año pasado, no cumplió requisitos constitucionales, y reclaman que se ordene a la exlegisladora PNP que desista de ejercer el puesto judicial.
El gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, figuran como la parte demandada.
Pagán Ocasio desestimó un pleito similar presentado por los dos abogados en diciembre pasado. En ese pleito, los demandantes también sometieron una moción de recusación contra el juez, y esa controversia se encuentra actualmente ante la consideración del Tribunal Supremo.
“Como correctamente expresaron los demandantes, esta es la segunda vez que solicitan la recusación del juez Pagán en el mismo 'caso', ya que en el caso KPE2012-4117 lo habían solicitado, y esta servidora lo denegó mediante resolcuión del 14 de diciembre de 2012, determinación que no ha sido revocada”, subrayó la jueza administradora en su decisión.
La nueva resolución de la jueza Llompart Zeno menciona otro caso ocurrido en el 2009, en el que Huertas y Albaladejo cuestionaron también la imparcialidad del juez Pagán Ocasio, y argumentaron que el magistrado se inhibió entonces, pero posteriormente falló en su contra.
En la impugnación de ese dictamen, el Tribunal de Apelaciones no validó que el juez Pagán Ocasio se hubiera inhibido.
