05/09/2013 | 07:35 p.m.
El Sindicato de Policías Puertorriqueños y el Concilio Nacional de Policías (Conapol) defendieron la estrategia legal que inicia la semana próxima. (Archivo)
El Sindicato de Policías Puertorriqueños y el Concilio Nacional de Policías (Conapol) defendieron la estrategia legal que inicia la semana próxima.
Dos organizaciones que agrupan a cientos de agentes del orden público se proponen someter la semana entrante, varias acciones legales dirigidas a retar la constitucionalidad de la recién aprobada reforma del sistema de retiro, mas intentar detener su vigencia a partir del 1 de julio próximo.
En una conferencia de prensa en San Juan, el Sindicato de Policías Puertorriqueños y el Concilio Nacional de Policías (Conapol), a través del abogado Iván Crespo, defendieron la estrategia legal que inicia la semana próxima con un interdicto en el tribunal y una solicitud de sentencia declaratoria.
Crespo explicó que la moción de sentencia estará dirigida a declarar inconstitucional la reforma de retiro impulsada por la administración de Alejandro García Padilla, mientras que el interdicto buscaría detener la puesta en vigor de esta ley que, aunque no ha iniciado su vigencia, opinó que la controversia está madura.
Un tercer recurso a ser presentado luego sería una demanda por daños y prejuicios en el que ambas organizaciones reclamarían daños económicos sufridos por sus afiliados policías.
Crespo fundamentó su argumento en que la nueva ley de retiro viola el lenguaje de la sección 7 del artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado, que indica que no se aprobarán leyes que menoscaben obligaciones contractuales.
A juicio del letrado, la abolición de la llamada pensión por mérito y la cancelación de este y otros beneficios, a los que llamó derechos adquiridos, como plan médico y bonos de Navidad, viola lo dispuesto por la Carta Magna.
"El por ciento que van a recibir es mucho menor, por lo tanto el daño es irreparable", agregó el sargento José Marín, del Sindicato. "Hacemos un llamado a todos los empleados públicos, especialmente a los policías, a que se unan a esta demanda. No se puede enviar un mensaje equivocado de que a los empleados públicos no les importa el daño recibido y que estamos de acuerdo con esta nefasta ley", agregó.
Marín, Crespo y Edwin Robles, quien representó a Conapol en la conferencia de prensa, recordaron que con la abolición de la pensión por mérito y la aplicación de unas tablas especiales, un policía que se retire a partir del 1 de julio con 55 años de edad y 30 años de servicio cualificaría para una pensión de un 37% a un 45% de su salario.
El 1 de julio, cuando inicia el nuevo año fiscal 2013-2014, comienza un sistema híbrido que operaría a modo de una cuenta de ahorro individual, cuyo monto acumulado al momento de la jubilación se combinaría con lo que le correspondería al policía por el tiempo trabajado hasta el 30 de junio de este año, cuando termina el actual año fiscal, explicaron.
Otro efecto de la legislación impulsada por el Gobierno, según los gremios, es que los policías verán aumentar de 8.2% a 10% la tasa que se saca de su salario para alimentar con cada cheque el sistema híbrido. Con la nueva ley, se elimina el plan médico para los empleados retirados, y los empleados públicos tendrán que sacar de su cheque $60 para pagar un seguro de incapacidad.
Según Crespo, el texto de la nueva ley de retiro también discrimina contra los policías y otros sectores porque aquel empleado público, que no sea agente y que a partir del 1 de julio lleva menos de cinco años y acumula menos de $10,000 en su nueva cuenta de retiro, podrá recibir el dinero acumulado en un solo pago al momento de jubilarse. Si se acumulan más de $10,000 y se trabaja hasta la edad de retiro dispuesta por la ley que aplique, el dinero se recibe en anualidades.
Crespo destacó que, en el caso de los policías, se dispone que si el oficial del orden público acumula más de $10,000 en la cuenta, pero decide retirarse antes de los 55 años de edad y los 30 años de servicio, perdería todo el dinero.
"El Estado estaría confiscando el dinero y eso va en contra de la ley de la Constitución", opinó el abogado.
