Furioso líder del FUPO por declaraciones de Bhatia

04/30/2013 | 08:16 p.m.

Dijo que Eduardo Bathia le declaró la "guerra" a la Policía de Puerto Rico por sus expresiones en una emisora de la cadena hispana de Estados Unidos,

Figueroa reaccionó a una entrevista con el noticiero Univisión de Miami, en la que Bhatia se expresó también en torno a la investigación que inició el Senado sobre la reciente avalancha de ausencias de policías. (Archivo) 

El líder del Frente Unido de Policías (FUPO), Diego Figueroa, dijo hoy que el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, le declaró la "guerra" a la Policía de Puerto Rico por sus expresiones en una emisora de la cadena hispana de Estados Unidos, Univisión, en la que recuerda que el cuerpo de seguridad estatal fue señalada por graves problemas de corrupción por el Departamento de Justicia Federal en el 2011.

Figueroa reaccionó a una entrevista con el noticiero Univisión de Miami, en la que Bhatia se expresó también en torno a la investigación que inició el Senado sobre la reciente avalancha de ausencias de policías, en protesta a la aprobación de la Ley de Retiro, entre otras cosas, y que se dio a conocer a través de las redes sociales como un movimiento de brazos caídos.

El líder de FUPO dijo que advino en conocimiento de las palabras del presidente del Senado luego que se le requiriera una reacción al reportaje que fue difundido hoy. Como parte de sus expresiones, Bhatia advirtió que, lo que llamó “cultura de corrupción”, no va a ser tolerada ni por las autoridades estatales, ni las federales.

“Yo tengo un problema bien serio con la Policía de Puerto Rico y ellos lo saben. La Policía de Puerto Rico fue encontrada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, (el secretario) Eric Holder, llegó a la conclusión de que la Policía de Puerto Rico, lamentablemente, es la Policía más corrupta de todo Estados Unidos y eso hay que cambiarlo. Esa cultura de corrupción tiene que cambiar”, declaró Bhatia en uno de los fragmentos de la entrevista.

 En otro momento de la entrevista, Bhatia menciona que: “ésto, (al referirse al movimiento de brazos caídos), es simplemente un síntoma adicional de esta cultura (de corrupción) y yo no lo voy a tolerar, el gobierno de Estados Unidos no lo va a tolerar y nadie lo va a tolerar. Si hay policías que quieren jugar este juego para tratar de apoderarse del país mediante estas artimañas, no lo vamos a tolerar y no lo vamos a permitir”.

 Figueroa sostuvo que con esas expresiones el senador popular difamó a 16,000 policías y emplazó al gobernador Alejandro García Padilla a que responda si su administración suscribe también esas afirmaciones, que a su juicio, trascienden cualquier conflicto económico surgido en los pasados meses.

“Le pregunto yo al gobernador de Puerto Rico si está de acuerdo con las expresiones de Bhatia y si los apoya. Esto no se trata de dinero, de la Ley de Retiro, del pago de las (horas en exceso por) enfermedad, ni del ajuste salarial, se trata de la dignidad de los policías de Puerto Rico que ha sido atacada. Este es un ataque visceral contra su administración, contra el superintendente de la Policía y contra los coroneles”, arremetió Figueroa.

 A su vez, Figueroa indicó que el Secretario de Justicia Federal nunca ha dicho que la Policía de Puerto Rico es la más corrupta de Estados Unidos, tras indicar que revisó todos los documentos concernientes a los señalamientos incluidos en el informe emitido en septiembre del 2011 y en ningún lugar pudo corroborar esa aseveración.

 Al mismo tiempo, emplazó al superintendente a que salga en defensa de los policías que dirige de los cuales ha dicho son ejemplo de dedicación y compromiso en el desempeño de sus labores. 

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia en Washington D.C. demandó a la Policía de Puerto Rico por un patrón de continua violación de derechos civiles por parte de los agentes del orden público, al entender que incurrió en patrones de uso de fuerza excesiva e irrazonable diseñada para suprimir el derecho de la libertad de expresión, registros y arrestos inconstitucionales, entre otros.

La demanda fue sometida el 21 de diciembre pasado, luego de una investigación que se extendió de 2008 a 2011.