Páginas

jueves, 9 de mayo de 2013

Alcalde de Arecibo llama mala fe a la AAA

05/09/2013 | 08:00 p.m.


Cuestionó por qué Acueductos no le ha cortado el servicio a otros municipios de la isla.
Carlos Molina Rodríguez, alcalde de Arecibo (Archivo)  

Sin una gota de agua en el Municipio, el alcalde de Arecibo, Carlos Molina Rodríguez, calificó esta tarde como un acto de mala fe la suspensión del servicio de agua en el ayuntamiento por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), luego de que no se pudiera concretar un acuerdo de pago a la deuda millonaria que mantiene con esta corporación pública.
El primer mandatario municipal se refirió a esta acción como un “movimiento político” y cuestionó por qué Acueductos no ha hecho lo mismo en otros municipios de la isla, que de igual forma mantienen deudas millonarias con la AAA.
“Esto es un movimiento político. ¿A que no le cortan el agua a ningún municipio popular? Porque yo sé de muchos municipios rojos que deben miles de millones de dólares y otras agencias gubernamentales y siguen con agua”, manifestó.
“Saben que si le hacen esto mismo a un municipio popular, rapidito van a venir a llamar al Gobernador para pedirle la renuncia del director ejecutivo (de la AAA)”, agregó.
La suspensión del servicio se dio esta tarde, luego de que las partes no pudieran llegar a un acuerdo que garantizara el repago de la deuda, que asciende a $1.5 millones.
El director de servicio al cliente de la AAA, Gustavo Marín Ramos, había advertido al alcalde que si no llegaban a un acuerdo de pago, procederían a cortar el servicio de agua en la casa alcaldía.
Marín indicó que se le presentaron varias alternativas de repago al alcalde: una que liquidaría la deuda en 36 meses, abonando $49 mil mensuales; y la otra, de $41 mil recurrentes por 30 meses, garantizando ambos planes de pago a través del CRIM.
Sin embargo, el alcalde no aceptó ninguna es estas opciones.
“Los otros municipios lograron acuerdos para satisfacer los planes de pagos pero en el caso de Arecibo no se pudo lograr”, sostuvo Marín Ramos, en referencia a los pueblos de
Toa Baja, Cataño y Yauco, quienes también mantienen deudas millonarias.

Gobierno felicita a Directora Turismo por nuevo nombramiento en EE.UU.

05/09/2013 | 07:49 p.m.



Ingrid Rivera Rocafort (Archivo)  
Ingrid Rivera pertenecerá a la junta asesora de la Oficina de Industrias de Viaje y Turismo de los Estados Unidos.
La secretaria de la gobernación, Ingrid Vila Biaggi, destacó la importancia del nombramiento de la directora de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort, a la junta asesora de la Oficina de Industrias de Viaje y Turismo de los Estados Unidos.
“Es un orgullo para esta administración que la directora de Turismo haya sido reconocida entre sus pares para ser parte de de tan importante organismo, que asesora a la Oficina del Secretario de Comercio de los Estados Unidos”, expresó Vila Biaggi al felicitarla.
“La industria de turismo es parte importante de la economía de Puerto Rico y tener a un representante a ese nivel en el gobierno federal es importante para abogar por los intereses de la Isla”, añadió este jueves Vila Biaggi.
Rivera Rocafort es la primera mujer puertorriqueña en ocupar una posición en ese organismo federal.
La Oficina de Industrias de Viaje y Turismo de los Estados Unidos asesora al secretario de Comercio y le aconseja sobre las políticas y programas gubernamentales que inciden en ambas industrias.
Además, ofrece recomendaciones sobre asuntos de actualidad y emergentes, y provee un foro para discutir y proponer soluciones a problemas relacionados con ese sector.

Gremios policiales demandarían al Gobierno por ley de retiro

05/09/2013 | 07:35 p.m.


El Sindicato de Policías Puertorriqueños y el Concilio Nacional de Policías (Conapol) defendieron la estrategia legal que inicia la semana próxima. (Archivo)  
El Sindicato de Policías Puertorriqueños y el Concilio Nacional de Policías (Conapol) defendieron la estrategia legal que inicia la semana próxima.
Dos organizaciones que agrupan a cientos de agentes del orden público se proponen someter la semana entrante, varias acciones legales dirigidas a retar la constitucionalidad de la recién aprobada reforma del sistema de retiro, mas intentar detener su vigencia a partir del 1 de julio próximo.
En una conferencia de prensa en San Juan, el Sindicato de Policías Puertorriqueños y el Concilio Nacional de Policías (Conapol), a través del abogado Iván Crespo, defendieron la estrategia legal que inicia la semana próxima con un interdicto en el tribunal y una solicitud de sentencia declaratoria.
Crespo explicó que la moción de sentencia estará dirigida a declarar inconstitucional la reforma de retiro impulsada por la administración de Alejandro García Padilla, mientras que el interdicto buscaría detener la puesta en vigor de esta ley que, aunque no ha iniciado su vigencia, opinó que la controversia está madura.
Un tercer recurso a ser presentado luego sería una demanda por daños y prejuicios en el que ambas organizaciones reclamarían daños económicos sufridos por sus afiliados policías.
Crespo fundamentó su argumento en que la nueva ley de retiro viola el lenguaje de la sección 7 del artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado, que indica que no se aprobarán leyes que menoscaben obligaciones contractuales.
A juicio del letrado, la abolición de la llamada pensión por mérito y la cancelación de este y otros beneficios, a los que llamó derechos adquiridos, como plan médico y bonos de Navidad, viola lo dispuesto por la Carta Magna.
"El por ciento que van a recibir es mucho menor, por lo tanto el daño es irreparable", agregó el sargento José Marín, del Sindicato. "Hacemos un llamado a todos los empleados públicos, especialmente a los policías, a que se unan a esta demanda. No se puede enviar un mensaje equivocado de que a los empleados públicos no les importa el daño recibido y que estamos de acuerdo con esta nefasta ley", agregó.
Marín, Crespo y Edwin Robles, quien representó a Conapol en la conferencia de prensa, recordaron que con la abolición de la pensión por mérito y la aplicación de unas tablas especiales, un policía que se retire a partir del 1 de julio con 55 años de edad y 30 años de servicio cualificaría para una pensión de un 37% a un 45% de su salario.
El 1 de julio, cuando inicia el nuevo año fiscal 2013-2014, comienza un sistema híbrido que operaría a modo de una cuenta de ahorro individual, cuyo monto acumulado al momento de la jubilación se combinaría con lo que le correspondería al policía por el tiempo trabajado hasta el 30 de junio de este año, cuando termina el actual año fiscal, explicaron.
Otro efecto de la legislación impulsada por el Gobierno, según los gremios, es que los policías verán aumentar de 8.2% a 10% la tasa que se saca de su salario para alimentar con cada cheque el sistema híbrido. Con la nueva ley, se elimina el plan médico para los empleados retirados, y los empleados públicos tendrán que sacar de su cheque $60 para pagar un seguro de incapacidad.
Según Crespo, el texto de la nueva ley de retiro también discrimina contra los policías y otros sectores porque aquel empleado público, que no sea agente y que a partir del 1 de julio lleva menos de cinco años y acumula menos de $10,000 en su nueva cuenta de retiro, podrá recibir el dinero acumulado en un solo pago al momento de jubilarse. Si se acumulan más de $10,000 y se trabaja hasta la edad de retiro dispuesta por la ley que aplique, el dinero se recibe en anualidades.
Crespo destacó que, en el caso de los policías, se dispone que si el oficial del orden público acumula más de $10,000 en la cuenta, pero decide retirarse antes de los 55 años de edad y los 30 años de servicio, perdería todo el dinero.
"El Estado estaría confiscando el dinero y eso va en contra de la ley de la Constitución", opinó el abogado.