Según el proyecto de ley aprobado con 43 votos a favor y cuatro en contra, muchas aseguradoras tienen pagos en retraso por servicios que les ha provisto la ASEM. (Archivo)
La medida revertiría una ley aprobada el pasado cuatrienio que puso en manos de Puertos ese proceso.
La Cámara de Representantes aprobó, en la sesión ordinaria de este lunes, un proyecto de ley mediante el cual cualquier aseguradora o proveedor de servicios de salud que desee contratar con el gobierno tendrá que certificar que no mantiene deudas con la Administración de Servicios Médicos (ASEM), que opera el Centro Médico en Río Piedras.
Durante las vistas públicas sobre el presupuesto, la administradora de ASEM, Ana Rius, recordó que esa agencia funciona con un déficit operacional desde el 2008, y que al presente arrastra deudas ascendentes a $124,5 millones con suplidores y agencias del gobierno.
Al mismo tiempo, según el proyecto de ley aprobado con 43 votos a favor y cuatro en contra, muchas aseguradoras tienen pagos en retraso por servicios que les ha provisto la ASEM.
"Es inaceptable que una entidad aseguradora aspire a acceder a la millonaria contratación gubernamental de la reforma de salud mientras se niega a pagar sus deudas al principal centro hospitalario del país", reza la exposición de motivos de la medida.
Según la pieza legislativa, con la certificación de que las compañías aseguradoras no mantienen deudas con la ASEM, "se asegura que las arcas del erario no se vean afectadas con deudas recurrentes sin saldar, y por otro lado, se da un incentivo adicional para que las mismas sean satisfechas so pena de no poder obtener contrato alguno" con el gobierno hasta que demuestre que cumplió con sus obligaciones.
Según el proyecto, la certificación negativa de deuda deberá expedirse, al menos, 60 días antes de la vigencia de cualquier contrato de la compañía de seguros con la Administración de los Servicios de Salud para la reforma de salud.
De otra parte, y con la oposición de la delegación del Partido Nuevo Progresista, la Cámara dio paso a un proyecto de ley que enmendaría la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria de Barcos Cruceros para que los incentivos dirigidos a ese sector sean administrados por la Compañía de Turismo y no por la Autoridad de los Puertos, que es la entidad que hasta ahora otorga los fondos para cumplir con las ayudas.
La medida revertiría una ley aprobada el pasado cuatrienio que puso en manos de Puertos ese proceso.
"La Compañía de Turismo ofrece un sinnúmero de incentivos a los diferentes sectores de la industria turística, por lo que cuenta con los recursos y experiencia para ofrecer, manejar y otorgar los incentivos a la industria de barcos cruceros", indica la exposición de motivos de la medida.
