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viernes, 26 de abril de 2013

Gobernador deroga la ley Tito Kayak

04/26/2013 | 06:51 p.m.






Los artículos del Código Penal tipificaban como delito protestar en obras de construcción, en instituciones educativas y de salud, y en el Capitolio.
 

El gobernador Alejandro García Padilla firmó este viernes la derogación de los artículos del Código Penal que tipificaban como delito protestar en obras de construcción, en instituciones educativas y de salud, y en el Capitolio.
La Oficina de Comunicaciones del Senado informó mediante comunicado de prensa que García Padilla convirtió en ley el sustitutivo a los proyectos de la Cámara 230, 658 y 659, aprobado en la Legislatura en marzo pasado.
La medida eliminaba los artículos 200, popularmente conocido como la ley Tito Kayak, 247 y 297 del Código Penal. Estas tres leyes se habían aprobado durante la administración de Luis Fortuño, y diversos sectores denunciaron desde entonces que las mismas criminalizaban la protesta en detrimento de la libertad de expresión de los puertorriqueños.
El artículo 200 establecía que ninguna persona podía impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción, pública o privada o movimiento de terreno que contara con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas. El artículo 297 calificaba como delito la resistencia y obstrucción de las funciones legislativas; y el artículo 247 penalizaba la obstrucción al acceso o las labores en las instituciones de enseñanza, de salud o donde se ofrecen servicios gubernamentales.
La ley Tito Kayak había sido declarada inconstitucional por el juez Eduardo Busquets Pesquera, del Centro Judicial de Ponce, en marzo pasado. El juez también desestimó los cargos contra las únicas seis personas acusadas de violar esta disposición: Robinson Rodríguez, Raúl Mari Fernández, Luis Omar García Mercado, Rose Marie Vázquez Cruz, Edwin Velázquez González y Javier Smith Torres.
El grupo fue arrestado en diciembre del 2011 por protestar la instalación de aerogeneradores sobre tierras agrícolas en Santa Isabel y posteriormente fueron acusados de violar el Artículo 208-A, como se llamaba la ley en el viejo Código Penal.
Busquets Pesquera resolvió de esta manera un planteamiento de derecho de la defensa del grupo de que la ley era inconstitucional debido a que violentaba el derecho a la libertad de expresión y además tenía el 'chilling effect' (efecto paralizador) que inhibe a las personas manifestarse para ejercer su derecho constitucional y exigirle al gobierno la reparación de agravios.

Confinados de cárcel federal siguen sin poder recibir visita de sus allegados

04/26/2013 | 06:33 p.m.






Se espera que próximamente se permita a los presos salir de sus celdas, tener acceso nuevamente a la comisaría y a recibir la visita de sus allegados. (Archivo) 
El Centro de Detención Metropolitano ha adoptado medidas de seguridad extraordinarias.
El asesinato del teniente Osvaldo Albarati Casaña, adscrito al Centro de Detención Metropolitano, conocido como la cárcel federal en Guaynabo, provocó que se adoptaran medidas de encierro a los confinados entre 20 y 24 horas, más que se prohíban las visitas de familiares.
Albarati Casaña fue asesinado el pasado 26 de febrero en la noche, en el expreso De Diego o PR-22, a la altura del centro comercial Río Hondo en Bayamón, luego de terminar su jornada de trabajo en el CDM.
A raíz de este crimen, se adoptaron medidas de seguridad extraordinarias en la cárcel federal, lo que ha provocado situaciones internas que no han permitido levantar el "lock down".
Sin embargo, se espera que próximamente se permita a los presos salir de sus celdas, tener acceso nuevamente a la comisaría y a recibir la visita de sus allegados.
"Que es incómodo, es cierto. Que no puede ser indefinido, cierto. Que está en vías de corregirse, cierto también. Que actualmente existe hacinamiento, falso", manifestó la juez administradora del tribunal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, Aida Delgado, sobre la situación en la cárcel federal de Guaynabo.
La jueza indicó que le consta que en dicha institución penal se ha intentado restablecer la visita de familiares, "pero disturbios subsiguientes han impedido que estas visitas se restablezcan", pero espera que se restauren pronto de forma "escalonada".
Detalló que surgieron "incidentes" como daños a la propiedad porque hubo confinados, no identificados, que taparon duchas y lavamanos, inundando las celdas "y la institución tomó medidas más severas".
De hecho, cuando en un momento dado se les dio dos horas para salir de sus celdas, fue que confinados mataron al también preso Glaston Smith, de 51 años, y quien tenía un caso pendiente de inmigración.
Smith fue apuñalado el 6 de marzo pasado, y dos días después, agentes federales hicieron un operativo en el CMD y ocuparon armas blancas, sustancias controladas, teléfonos celulares y cargadores.
Días después, el 9 de marzo, arrestaron a la guardia correccional Magaly González Montijo por contrabando, sostener actos sexuales con un confinado e intentar destruir evidencia.
Además, el 18 de marzo y el 10 de abril pasado, se registraron tiroteos desde el exterior hacia algunas de las paredes del inmueble que alberga el CMD, en las inmediaciones de la PR-22 o expreso de Diego en Guaynabo.
"(Estos incidentes) Requieren investigación y aunque puedan atribuir represalias, es para asegurar la seguridad de los confinados y poder hacer la investigación correspondiente", indicó la jueza.
"Yo no puedo negar que el Negociado Federal de Prisiones ha estado confrontando unos problemas internos que corresponde a la Administración de Corrección federal resolver. Lo que sí puedo decir es que aquellas materias que conciernen al tribunal y a los confinados con casos pendientes en el Tribunal, la corte ha hecho gestiones y ha sostenido múltiples reuniones con el director de alguaciles, la jefa de fiscalía federal, el custodio de la cárcel, el director del FBI y el superintendente de la Policía para lidiar con asuntos internos y de seguridad", aseguró Delgado.
La jurista agregó que tiene comunicación con el director del NFP, Charles Samuels, "quien se ha comprometido a ayudar a resolver la situación que se confronta en el MDC, incluyendo la asignación de personal adicional y equipo y revisar las normas internas de seguridad".
Delgado recalcó que al momento no hay problema de hacinamiento en la institución, la que tiene capacidad para 1,600 confinados; al momento alberga a 1,404 reos federales.
Explicó que hay disponibilidad de espacio para 200 confinados ya sentenciados que rinden servicios en la cocina, laundry, patio y mantenimiento, y ahora mismo hay 176.
Además, hay 1,205 confinados con casos pendientes en el tribunal, nueve detenidos por el Servicio de Inmigración, 38 están en proceso de ser transferidos a una institución estatal porque tienen casos previos pendientes en esa jurisdicción, y 95 están pendientes para ir en el próximo viaje a prisiones en las ciudades estadounidenses de Atlanta y Miami.
En Miami, hay 199 confinados de la Isla en Atlanta, 203, indicó la jueza federal, quien recordó que las agencias están en conversaciones para ver la posibilidad de alquilar una institución estatal para tener más espacio.
"Sí, bien es cierto que en un momento dado hubo problema de hacinamiento temporero, que fue cuando hubo redadas grandes con muchos acusados, pero el problema se solucionó mediante un arreglo con los alguaciles federales y BOP (Negociado de Prisiones) mediante el cual se procedió a la remoción inmediata del MDC de todos los que ya habían sido sentenciados y que están en espera por la designación de la institución a la que irán a cumplir", manifestó Delgado.