Bhatia advirtió que insistirá en que la medida se apruebe.
Bhatia advirtió que insistirá en que la medida se apruebe para permitir que los ciudadanos que interesen llevar un pleito de clase en contra de compañías de telefonía o cable puedan hacerlo sin que les impongan un máximo de $5 millones en la compensación. (jose.reyes@gfrmedia.com)
La pugna en torno al proyecto de ley que eliminaría la jurisdicción de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) para ver pleitos de clase subió de tono este miércoles, cuando el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, se refirió a la representante novoprogresista Jenniffer González como una "cabildera de las compañías de telecomunicaciones", y la comparó con el convicto exlegislador Jorge de Castro Font.
Bhatia ha sido censurado por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes por haber intervenido en el hemiciclo cameral durante la sesión del lunes cuando se discutía la medida, pero este miércoles el líder senatorial reiteró que su presencia allí no respondía al debate sobre ese proyecto.
La Cámara dejó el proyecto de ley como un asunto pendiente, al menos, hasta la próxima sesión ordinaria que inicia en agosto, pero Bhatia advirtió que insistirá en que la medida se apruebe para permitir que los ciudadanos que interesen llevar un pleito de clase en contra de compañías de telefonía o cable puedan hacerlo sin que les impongan un máximo de $5 millones en la compensación, como ocurre ante la JRT.
"Es lamentable, creo que es horrible para la Asamblea Legislativa que no haya unanimidad para revocar lo que fueron aquellas noches terribles donde en Puerto Rico se compraba quién podía llegar a los tribunales y quién no podía llegar", manifestó Bhatia, coautor de la medida junto al senador popular Ramón Luis Nieves.
Se refirió a alegados actos de corrupción que involucraron en el 2005, al ahora convicto de Castro Font durante el trámite legislativo que transfirió de los tribunales a la JRT la facultad de atender los pleitos de clase.
Según argumentan Nieves y Bhatia, al momento de aprobarse esa legislación se incluyó en la disposición sobre la vigencia lenguaje que no fue discutido ante el pleno para que aplicara de manera retroactiva y beneficiara a la única compañía de telecomunicaciones que entonces tenía un pleito de clase en su contra.
La intención, según han expresado ambos los legisladores populares, era que le aplicara el máximo de $5 millones, y no le resultara tan oneroso un fallo en su contra.
Bhatia afirmó que, al oponerse al proyecto de ley de su autoría, la portavoz del PNP en la Cámara se convirtió en "cabildera" de las compañías de telecomunicaciones, aunque reconoció que no posee evidencia alguna que vincule a la expresidenta cameral con esas empresas.
"La nueva Jorge De Castro Font es Jenniffer González. La que va a cabildear a favor de las compañías para evitar que el pueblo pueda llevar sus casos", sostuvo Bhatia.
El rechazo de los novoprogresistas, tanto en Cámara como en Senado, es que, de convertirse en ley la medida, los abogados José Andreu Fuentes y José Andreu García, ambos identificados con el Partido Popular Democrático y representantes legales de los ciudadanos en dos pleitos ante la consideración de la JRT, aumentarían significativamente sus ganancias si resultan favorecidos, pues los honorarios de abogados se fijan a base de un porcentaje de la compensación.
En la mayoría de los casos de este tipo, el pago es de hasta un 33% del total de la demanda, y el proyecto de Bhatia y Nieves establece que la compensación de los letrados no debía ser menor de un 25%. La Cámara intentó enmendar esa disposición para llevarlo a un 15%.
Bhatia restó importancia a la posibilidad de que finalmente se modifique el texto relacionado con el pago de honorarios.
González, por su parte, también respondió con una ofensiva contra la figura del líder senatorial.
"El presidente del Senado tiene por costumbre atacar cuando se ve en problemas, se ha quedado corto en su desempeño e incapaz de cumplir lo que prometieron. Es tan cobarde que no acepta que mientras el pueblo dormía, él fue a interferir con las funciones de la Cámara, cual cabildero en funciones para proteger a sus amigos. Una cosa es defender a los ciudadanos y otra es utilizar a los ciudadanos para hacer millonario a sus amigos y donantes de campaña con medidas a la medida", dijo en declaraciones escritas González
En tanto, Nieves lamentó que el debate se concentrara en el asunto de los honorarios de abogados, y no en lo que, a su juicio, es la intención de la medida de beneficiar a los consumidores al eliminar el tope de las compensaciones.
Nieves señaló que la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones, que preside, comenzó una investigación sobre los incidentes del 2005, para conocer de qué manera se alteró entonces el proceso legislativo al aprobar la ley, quién promovió los cambios y quién se benefició de ellos.
Actualmente, la pesquisa se encuentra en la etapa de recopilar documentos, y aunque no quiso precisar los detalles, Nieves anticipó que posteriormente buscará testomonios sobre los hechos.
La saturación de los suelos provocará un número mayor de inundaciones que las reportadas en la tarde. (tonito.zayas@gfrmedia.com)
Mañana en la tarde se espera lluvia fuerte en los pueblos de la Cordillera Central y la mitad Norte de Puerto Rico.
Aunque se pronostica que este jueves amanezca soleado, no deje el paraguas en casa pues en horas de la tarde se espera lluvia fuerte en los pueblos de la Cordillera Central y la mitad Norte de Puerto Rico, incluyendo los del área metro de San Juan, advirtió el meteorólogo Ernesto Morales.
“Mañana (jueves) es un día de transcición. El sol saldrá en la mañana, pero en la tarde habrá mucha humedad. Que la mañana amanezca soleada es lo que generará el desarrollo de fuertes aguaceros durante la tarde, en las áreas mencionadas”, señaló el perito del Servicio de Meteorología de los Estados Unidos en Puerto Rico.
Morales anticipó que la saturación de los suelos, debido a la lluvia de los pasados días tras el paso de una onda tropical que estaba en el Pasaje de la Mona moviéndose hacia el Oeste, provocará un número mayor de inundaciones que las reportadas en la tarde.
En cuanto a las condiciones marítimas, indicó que debe observarse el oleaje entre los 4 y 6 pies, y que en el océano Atlánticó se desarrollarán fuerte lluvia y tronadas. Además, exhortó a los operadores de embarcaciones pequeñas a tener precaución porque “el mar estará picado”.
“Para el viernes, esperamos un mejor tiempo. El sábado estará seco, pero ya el domigo estaríamos observando un patrón similar de lluvias al de esta semana”, sostuvo Morales.
Más temprano, el director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), Miguel A. Ríos Torres, informó que varias carreteras se inundaron, sobre todo en la zona Este de la Isla.
Entre las vías perjudicadas, mencionó en Río Grande, la carretera PR-966, kilómetro 0.5 del barrio Zarzal; la PR-191, frente al hotel Windham Río Mar, la PR-191 del barrio Palmer, donde una charca se salió de su cauce; y la calle 74 frente al negocio Ureca.
En Naguabo, indicó que están inundadas las carreteras PR-31, PR-191 y PR-192; en Fajardo, la calle Unión; y en Ceiba, una de las calles de la urbanización Las Vegas.
En Toa Baja, se inundó la calle 6 del barrio Candelaria, al lado del supermercado Selectos; y en San Juan se reportó de una residencia inundada en la calle 9 #60 de las parcelas Hills Brothers.
Ríos Torres exhortó a los ciudadanos a adoptar las precauciones necesarias, debido a que se espera más lluvia durante las próximas horas.
Según Sonia Ivette Vélez, el protocolo de seguridad de los alguaciles se concentra en garantizar la seguridad de las personas en el área. (andre.kang@gfrmedia.com)
Según Sonia Ivette Vélez, el protocolo de seguridad de los alguaciles se concentra en garantizar la seguridad de las personas en el área.
La jueza administradora de Tribunales, Sonia Ivette Vélez, defendió el protocolo activado por oficiales de seguridad para responder a la balacera que cobró la vida de un hombre este miércoles en la mañana en el estacionamiento del Centro Judicial de Carolina.
Adalberto García, de 24 años, fue ultimado a balazos después de salir de una vista judicial y caminaba hacia su vehículo de motor situado en la segunda planta del estacionamiento.
Parte de la pesquisa de los investigadores iba dirigida a revisar cómo pudieron salir los presuntos asesinos del estacionamiento antes de que los guardias de seguridad cerraran los accesos.
Según Vélez, el protocolo de seguridad de los alguaciles propone todo lo contrario y se concentra en garantizar la seguridad de las personas en el área.
"La idea jamás es hacer una encerrona ni bajar portones para que un carro con sicarios queden encerrados porque eso lo que ocasionaría es mayor peligro por el uso de sus armas, en este caso, automáticas y causar, quizás, una masacre allí", sostuvo Vélez.
Según la información que ha conseguido Vélez, después de la balacera, los sospechosos "se movieron muy rápido y nadie los iba a detener. Ningún guardia dándole el alto los iba a detener. Sin lugar a dudas, conocían el área. Ya habían visitado, porque conocían el manejo, de cómo salir del área".
"No es viable en un protocolo de seguridad bajar o cerrar portones en un incidente como ese, porque uno lo que quiere, en esta etapa, es proteger la vida de la gente que está allí, que no haya otros heridos", agregó. "En una etapa posterior se harán las identificaciones para arrestarlos oportunamente".
La funcionaria señaló que comenzaron a revisar las medidas de seguridad para las instalaciones de la Administración de Tribunales, especialmente los que tienen acceso a estacionamientos como el de Carolina.
En ese sentido, Vélez admitió que esa área no tiene cámaras de seguridad, las cuales están concentradas en vigilar el interior del edificio.
"El lugar donde ocurrió no hay cámaras...sí es un asunto que hemos estado hablando durante el día de hoy, no solo para Carolina. Son 13 regiones judiciales y se tiene que considerar la inversión", dijo Vélez.
Entre otras medidas que consideran, señaló que buscarán una mayor vigilancia en el área por parte de oficiales de la Policía estatal en Carolina y de la Policía Municipal de ese municipio.
"Es un riesgo que nos estamos corriendo todos los días en los tribunales, tanto los ciudadanos, como el personal", afirmó Vélez. "Parte de la gente que acude a nuestros tribunales son personas que están atendiendo situaciones de naturaleza criminal grave".
En Naguabo, están inundadas las carreteras PR-31, PR-191 y PR-192. (Archivo)
En Naguabo, están inundadas las carreteras PR-31, PR-191 y PR-192.
El director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), Miguel A. Ríos Torres, informó que varias carreteras se inundaron, sobre todo en la zona Este de la Isla, debido a la lluvia registrada en las pasadas horas como consecuencia del paso de una onda tropical que estaba en el Pasaje de la Mona y moviéndose hacia el Oeste.
Entre las vías perjudicadas, Ríos Torres mencionó en Río Grande, la carretera PR-966, kilómetro 0.5 del barrio Zarzal; la PR-191, frente al hotel Windham Río Mar, la PR-191 del barrio Palmer, donde una charca se salió de su cauce; y la calle 74 frente al negocio Ureca.
En Naguabo, indicó que están inundadas las carreteras PR-31, PR-191 y PR-192; en Fajardo, la calle Unión; y en Ceiba, una de las calles de la urbanización Las Vegas.
En Toa Baja, se inundó la calle 6 del barrio Candelaria, al lado del supermercado Selectos; y en San Juan se reportó de una residencia inundada en la calle 9 #60 de las parcelas Hills Brothers.
Ríos Torres exhortó a los ciudadanos a adoptar las precauciones necesarias, debido a que se espera más lluvia durante las próximas horas.
El proyecto fue aprobado hoy en la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes.
Un proyecto de ley que prohíbe el empleo de menores de 16 años en cualquier establecimiento que se dedique como actividad principal a la venta o alquiler de material de contenido sexual o considerado para adulto, fue aprobado este martes en la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes.
La medida dispone que en aquellos establecimientos en los que se venda en forma accesoria o accidental algún tipo de mercancía de contenido sexual o considerado para adulto, el patrono deberá adoptar las medidas necesarias para que los menores no estén expuestos en el manejo y venta de los mismos.
La prohibición se une a las que ya dispone la ley vigente y que incluyen que ningún menor trabajará durante las horas comprendidas de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana, ni en algún establecimiento en el que se detallen bebidas alcohólicas.
La Cámara también aprobó un proyecto para establecer el derecho del cónyuge viudo a heredar si no hay descendientes y ascendientes en la línea sucesorial.
“El propósito de la presente medida es invertir el orden sucesoral para que el cónyuge supérstite tenga derecho a heredar si no hay descendientes y ascendientes en la línea de sucesión, antes que los hermanos y sobrinos”, indica la exposición de motivos.
“A falta de descendientes y ascendientes, sucederá en todos los bienes del difunto, el cónyuge sobreviviente. En su defecto, le sucederán sus hermanos y sobrinos, hijos de éstos”, lee la enmienda aprobada a viva voz en la sesión del martes.
También a viva voz, los legisladores aprobaron un proyecto que impone un cargo de 50 centavos a los servicios telefónicos inalámbricos pre-pagados por cada tarjeta o servicio pre-pagado adquirido.
Dicho cargo iría al Servicio 9-1-1 y se comenzará a cobrar "una vez se aprueben los reglamentos necesarios y cuando dicho sistema "haya estado plenamente operacional por los menos 60 días en cada área".
El disparo entró por el muslo derecho y salió por la rodilla.
Pablo Berríos Robles, adscrito a la División de Operaciones Tácticas de la Policía en Arecibo, se disparó accidentalmente en el muslo a las 6:30 p.m. de este lunes.
Según los datos preliminares, el agente sacaba el arma de reglamento del bolsillo frontal derecho de su pantalón y el gatillo se pinchó con sus llaves.
El disparo entró por el muslo derecho y salió por la rodilla. Tras el incidente, Berríos Robles fue llevado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Arecibo.
Se informó de que será referido al Centro Médico en Río Piedras.
29 agentes del orden público ascenderán de rango. (Archivo)
29 agentes del orden público ascenderán de rango.
La Policía de Puerto Rico anunció el ascenso de rango de 29 agentes del orden público, entre ellos, 18 sargentos, siete teniente II, tres teniente I y un capitán.
“Hoy reafirmamos nuestro compromiso y objetivo de fortalecer la estructura de la Policía de Puerto Rico mediante ascensos por examen y adiestramiento, así garantizamos una mejor y más efectiva supervisión. Los miembros de la Uniformada que hoy ascienden conocen a fondo las leyes, órdenes generales y temas fundamentales de administración y supervisión”, indicó por escrito el superintendente Héctor Pesquera.
Según el jefe policiaco, como parte de los pasos requeridos para el ascenso todos los oficiales aprobaron el examen de su rango y tomaron un curso intensivo durante una semana en el Colegio Universitario de Justicia Criminal.
El curso comprende temas en las áreas de supervisión, administración, desarrollo de planes estratégicos, liderazgo, derecho laboral, ética policial, tácticas de manejo y mediación de conflictos, uso de la fuerza, motivación de los subalternos y aspectos legales y procesales.
En el informe escrito distribuido este lunes, se destaca que los requisitos para otorgar los ascensos es la educación y la experiencia.
“Más supervisores redunda en mayor eficiencia en la Policía y mejores beneficios para la sociedad. Con más y mejores supervisores garantizamos mejores servicios, mayor prevención de delito, rápida acción policiaca en cuanto a investigación y seguimiento al desenlace de los casos en los tribunales, entre otros beneficios”, dijo el Superintendente.
Según los datos de la Policía, desde diciembre de 2011 hasta el presente, se han ofrecido cinco exámenes de ascensos, dos para el rango de sargento, y uno para los rangos de teniente I, teniente II y capitán.
Los representantes retomarán sus trabajos legislativos este viernes al mediodía.
Luis Vega Ramos defendió el proceso al argumentar que es el trámite ordinario que se da al tema presupuestario. (gerald.lopez@gfrmedia.com)
En medio de críticas por la secretividad que ha rodeado el proceso, la Cámara de Representantes considerará este viernes en sesión las medidas de nuevos recaudos que buscan atajar el déficit del presupuesto del próximo año fiscal.
Los representantes retomarán sus trabajos legislativos este viernes al mediodía, cuando se espera comience la discusión de las medidas impositivas con las que el Ejecutivo confía allegar cerca de $1,400 millones adicionales al fisco.
Mientras la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) se ha referido a las medidas en todo momento como los "impuestos secretos", el representante popular Luis Vega Ramos defendió el proceso al argumentar que es el trámite ordinario que se da al tema presupuestario.
"Cada disposición que se analice tiene que ser estudiada con cuidado, ver cuáles son los números que produce. Antes de uno decirle al país que aquí está la versión final que se vaya a aprobar, hay un proceso de modelaje y de recibo de información que es esencial para tomar esas decisiones. Esto no es nada distinto que otros cuadres presupuestarios y fiscales", sostuvo Vega Ramos.
El representante Rafael "Tatito" Hernández, presidente de la Comisión cameral de Hacienda y Presupuesto, ha reiterado que desde hace días está listo para presentar los informes sobre las medidas de recaudo, pero aún así la versión final de las piezas legislativas no ha sido discutida públicamente ni sometida en la Cámara de Representantes.
"Este es un proceso delicado por la situación fiscal y económica del país, y creo que es un acto de responsabilidad estar hasta el último momento analizando toda la situación", insistió Vega Ramos.
Minutos antes de que concluyera la sesión de este jueves, la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) anunció la radicación de los proyectos de la Cámara 1276 y 1277, que corresponden a las medidas anunciadas horas antes por la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, para atender la crisis fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación.
Las piezas incluyen, entre otras cosas, un aumento en el arbitrio a los derivados del petróleo, lo que provocaría un alza en el precio de la gasolina.
Tras recibir copia del título de los proyectos, mas no del texto completo, el representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló criticó que la mayoría parlamentaria se disponga a considerar las piezas sin celebrar vistas públicas, ni discutirlas, y sin conceder tiempo suficiente para presentar enmiendas.
Rodríguez Aguiló reconoció que los útlimos días de sesión ordinaria los trabajos transcurren a un ritmo "atropellado" y con poca discusión, pero resaltó que las medidas que se considerarán a partir de este viernes tendrán un impacto significativo a varios niveles en el país.
"Estamos hablando aquí de un proyecto para imponer un nuevo arbitrio a los derivados del petróleo, sin discusión, sin dar oportunidad a vistas públicas a los sectores que se van a ver afectados. Esto sí es un atropello, un atropello en contra de Puerto Rico", subrayó el exvicepresidente cameral.
Tendrá el efecto de subir el precio de la gasolina en hasta 4 centavos por litro.
Nery Adames Soto participó en una rueda de prensa en La Fortaleza, donde se anunció la propuesta junto al presidente del Banco Gubernamental de Fomento, la secretaria de la Gobernación, la secretaria de Hacienda y el secretario de Transportación y Obras Públicas. (gerald.lopez@gfrmedia.com)
El aumento en el arbitrio de los derivados del petróleo de $3 a $9.25 anunciado este jueves como una de varias medidas para allegar fondos a la maltrecha Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tendrá el efecto de subir el precio de la gasolina en hasta 4 centavos por litro.
Ese fue el estimado del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames Soto, quien participó en una rueda de prensa en La Fortaleza, donde se anunció la propuesta junto al presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier Ferrer; la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila; la secretaria de Hacienda, Melba Acosta; y el secretario de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres.
“Debo advertir que nuestros economistas nos han dicho que (el aumento) no llegaría a cuatro centavos en la bomba. Ese sería el efecto”, dijo Adames Soto.
Al preguntarle cómo se evitará que los mayoristas saquen provecho desmedido de este ajuste en detrimento de los consumidores, el funcionario respondió: “DACO tiene todo el poder de entrar a regular el precio de la gasolina. Si los mayoristas llegan a superar los números (de ganancia), que nosotros tenemos los números, ellos saben y el pueblo de Puerto Rico debe saber que nosotros tenemos el poder y lo hemos ejercido, si fuera necesario, de congelar precios, de establecer un margen de ganancia”.
Puntualizó que no podía ser concluyente respecto al aumento que cada dueño de gasolinera podría establecer, pues están presentes otros factores como la competencia y las fuentes adicionales de ingresos que estos tienen en sus establecimientos, aparte del combustible. Agregó que creará un grupo de trabajo para monitorear este asunto.
Identifican $280 mil millones anuales
De acuerdo con Javier Ferrer, el ajuste en el arbitrio reductor ingresaría $189 millones de dinero recurrente nuevo a la ACT, que mantiene una deuda de más de $2,100 millones con el BGF.
Para conseguir $91 millones más que completen los recaudos de $280 millones anuales que se necesitan, se presentaron dos propuestas adicionales: transferir a la ACT $62 millones de la venta de los marbetes y $29 millones de la venta de cigarrillos.
Melba Acosta explicó que actualmente $25 de los $40 del costo del marbete van al Fondo General. Eso se cambiará para que la totalidad del dinero recaudado por este concepto vaya a la ACT. La funcionaria insistió en que no se aumentará el costo del marbete.
Por otro lado, el aumento en la caja de cigarrillos que ya estaba incluido en el próximo presupuesto para dirigirse al Fondo General, ahora irá a la ACT. Esa cantidad se estima en $29 millones.
Ferrer señaló que también se propuso reducir en un 50% el arbitrio de diesel con el propósito de reducir el costo de acarreo de alimentos y productos.
Estas medidas fueron concebidas en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. La secretaria de la gobernación, Ingrid Vila, dijo que los proyectos que contengan estas propuestas se radicarían este mismo jueves en la Legislatura, pero no estimó la fecha en que serían aprobados. Estas medidas formarán parte del presupuesto para el año fiscal 2013-2014.
“Con estas medidas, llegamos a los $280 millones que le permitirá a la Autoridad, de mano del BGF, acudir al mercado de bonos para levantar los $2,100 millones y este dinero a su vez le permitirá a la Autoridad saldar su deuda con el banco, eliminando así la amenaza que este préstamo supone para la liquidez del banco. Es algo crítico que tenemos que hacer para que el banco de Puerto Rico... continúe sirviendo, para crecer nuestra economía y crear los empleos que es nuestro norte”, expuso Ferrer.
Vila señaló que, de no haber tomado este paso, la ACT se hubiese visto obligada a cesar servicios.
“Si no se toman estas medidas, a julio primero de 2013 se tendría que detener el Tren Urbano, la Autoridad Metropolitana de Autobuses y las lanchas que opera la Autoridad de Transporte Martítimo”, manifestó.
En cuanto a las medidas administrativas que está tomando la ACT para mejorar sus finanzas, Torres dijo que tiene un plan de austeridad y que se propone reducir de $10 a $15 millones el costo operacional del Tren Urbano.
Según Ferrer, la deuda de la ACT con el BGF era de $2,136 millones a diciembre de 2012 y en los últimos años aumentó para cubrir gastos operacionales mayormente. Los préstamos vigentes de la ACT representan el 24% de la totalidad de préstamos en la cartera del BGF.
“La deuda compromete severamente el capital del BGF, por lo que si la ACT no la paga, las agencias acreditadoras podrían degradar el crédito del BGF. La degradación del BGF a chatarra llevaría a chatarra igualmente a los bonos del ELA y a las corporaciones que están ligadas al crédito del ELA”, sostuvo Ferrer.
Este medio solicitó una reacción formal a La Fortaleza, la que no ha llegado. (Archivo)
En algún momento entre las 2:30 a.m. y las 8:30 a.m. alguien que puede ser identificado publicó en la cuenta del Gobernador el mensaje.
La Policía investigaba hoy una amenaza de muerte dirigida al gobernador Alejandro García Padilla difundida por la red social Twitter.
Según se informó, en algún momento entre las 2:30 a.m. y las 8:30 a.m. alguien que puede ser identificado publicó en la cuenta del Gobernador el siguiente mensaje:
"Gobernador lo peor que a hecho es (palabra obscena) con el dinero del pueblo no siga haciendo brutalidades que le puede costar la vida, usted anda en un 300C y yo (palabra obscena) no significa que sea a prueba de bala, no sea (palabra obscena) saco de aquí para meter acá, mañana a la 1 p.m. mi reintegro o secuestro al gobernador que venga quien quiera por lo dicho se va a morir atentamente yo.
García Padilla escogió como carro oficial un Chrysler 300C.
Este caso fue referido al teniente Roberto Ferreira, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
Yanira Hernández Cabiya, subdirectora de la oficina de prensa de La Fortaleza, indicó que no se emitirían comentarios sobre este asunto por el momento.
La exposición de motivos de la medida sostiene que la misma se fundamenta en los derechos que reconoce y garantiza la Constitución de Puerto Rico.
La exposición de motivos de la medida sostiene que la misma se fundamenta en los derechos que reconoce y garantiza la Constitución de Puerto Rico. (Archivo)
La Cámara de Representantes avaló hoy, sin enmiendas, el proyecto senatorial que abre los planes de salud de los empleados del Gobierno a las personas que cohabitan con el beneficiario, al igual que a sus dependientes.
La medida, el P del S 616, redefine el concepto de “miembro de la familia” para incluir “la o el cónyuge de un(a) empleado(a), así como personas cohabitantes, que están sujetas a convivencia sostenida y vínculo afectivo, lo cual se refiere a personas solteras, adultas, con plena capacidad legal, que cohabitan de manera voluntaria, estable y continua”.
Incluye además a “los dependientes legales de cualquiera de éstos, incluyendo hijos legalmente adoptados, así como las personas que dependan sustancialmente de los(as) empleados(as) o de sus cónyuges o cohabitantes para su sustento”.
El proyecto define además el concepto de cohabitantes, precisamente, como “personas solteras, adultas, con plena capacidad legal, sujetas a una convivencia sostenida y a un vínculo afectivo, que cohabitan voluntariamente, de manera estable y continua”.
La exposición de motivos de la medida sostiene que la misma se fundamenta en los derechos que reconoce y garantiza la Constitución de Puerto Rico.
“La Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece la igual protección de las leyes como uno de los principios fundamentales de nuestra democracia. A su vez, dicha Sección reconoce como derecho fundamental de los seres humanos el derecho a la vida, del cual la salud es parte cardinal. Si bien la Ley Núm. 95 reconoce como miembros de la familia del(la) empleado(a) al(la) cónyuge y a sus familiares, es preciso dejar claro, de forma expresa, el alcance amplio del estatuto, de manera que no quede duda que éste cobija a las personas cohabitantes y sus dependientes”, se indica.
“Ciertamente, negarle el beneficio de los planes de salud a los(as) cohabitantes de los(as) empleados(as) públicos(as) cubiertos por la Ley por razón de su estado civil resulta contrario a dichos principios constitucionales, los cuales esta Asamblea Legislativa está comprometida a hacer valer. Por tal razón, esta Asamblea Legislativa entiende necesario incluir expresamente, como parte de la definición de “miembro de la familia” de la Ley a las personas cohabitantes y sus dependientes”, añade.
El proyecto pasa ahora a la firma del gobernador, Alejandro García Padilla.
Vila Biaggi, sin embargo, recalcó que la decisión de la creación de más plazas de peaje no está determinada todavía. (Archivo)
Aclaró que lo que se ha explorado no implica un alza a los peajes existentes operados bajo la ACT, sino de crear plazas de peajes nuevas, como por ejemplo en la PR-30.
La creación de más plazas de peaje en tramos de carreteras como la PR-30, en el Este, figura entre las medidas consideradas para allegar más capital a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), admitió la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi.
"Estamos en un proceso de evaluación de medidas necesarias para allegar fondos a la ACT que tiene una deuda con el Banco Gubernamental de Fomento de más de $2,200 millones", sostuvo la funcionaria.
"Entre las posibilidades que se están considerando está la reestructuración de algunas vías donde no existen plazas de peaje actualmente", sostuvo Vila al explicar que así se lograrían aportaciones "para su mantenimiento y uso".
Aclaró que lo que se ha explorado no implica un alza a los peajes existentes operados bajo la ACT, sino de crear plazas de peajes nuevas, como por ejemplo en la PR-30.
"Si usted viaja de Humacao a San Juan o Caguas por un tramo considerable del expreso no pasa por plazas de peaje", aunque se desplaza por un trayecto extenso, comentó este martes la funcionaria al reconocer que es una medida explorada como potencial legislación.
En el pasado cuatrienio, además de agudizarse las deudas en la ACT, el gobierno privatizó el expreso de Diego o ruta PR-22, que discurre desde San Juan hasta Hatillo. Al quedar bajo la jurisdicción de la empresa Metropistas esa importante vía, el Gobierno dejó de recibir millones de dólares por concepto de los peajes que operan en esa ruta.
Vila Biaggi, sin embargo, recalcó que la decisión de la creación de más plazas de peaje no está determinada todavía.
"No estamos diciendo que eso es lo que vamos a hacer sino que está dentro de las posibilidades", argumentó.
Confirma despidos tras dopajes
La funcionaria reconoció a preguntas de periodistas que cuatro empleados de La Fortaleza que arrojaron resultados positivos en pruebas de dopaje administradas hace unas semanas fueron despedidos definitivamente de sus puestos.
Al principio Vila Biaggi dijo que cuatro empleados cuyos nombres no se han revelado fueron "separados de sus puestos", pero luego, a preguntas reiteradas de la prensa, aclaró que quedaron "despedidos", tras cursarle cartas firmadas por Harold González, administrador de La Fortaleza.
La acción, según Vila Biaggi, se tomó de acuerdo a disposiciones del Reglamento de Personal de Confianza de La Fortaleza y tras ofrecerles a esas personas la opción de referirlos a un programa de ayuda contra la adicción a drogas. Dejó entrever las cuatro personas que no se interesaron en esa alternativa y ya cesaron en sus cargos.
Explicó que las pruebas de dopaje se le hicieron a 317 empleados de la mansión ejecutiva y repudió rumores circulados por redes sociales en el sentido de que Arturo Ríos Escribano, asesor laboral del Gobernador, tuvo resultados positivos en el dopaje.
"Eso es falso", sentenció al condenar que se pretenda mancillar y dañar la reputación de un recurso "sumamente valioso y responsable".
Explicó que hace tales manifestaciones porque fue autorizada personalmente por el abogado, quien se desempeña como asesor de asuntos laborales, a raíz de mensajes anónimos transmitidos por una cuenta de Twitter.
Explicó que no requerirá a los empleados cuyos nombres se han especulado en redes sociales que divulguen el resultado de sus pruebas de dopaje porque eso es un asunto confidencial y quedan a discreción de cada individuo hacer público ese tipo de información.
Aclaró también que en un momento se habló de cinco empleados con resultados positivos al dopaje, pero esa persona adicional fue un potencial empleado, una persona que estaba en proceso de ser reclutada para laborar en La Fortaleza, pero cuando se conoció el resultado positivo no fue contratada.
Según el proyecto de ley aprobado con 43 votos a favor y cuatro en contra, muchas aseguradoras tienen pagos en retraso por servicios que les ha provisto la ASEM. (Archivo)
La medida revertiría una ley aprobada el pasado cuatrienio que puso en manos de Puertos ese proceso.
La Cámara de Representantes aprobó, en la sesión ordinaria de este lunes, un proyecto de ley mediante el cual cualquier aseguradora o proveedor de servicios de salud que desee contratar con el gobierno tendrá que certificar que no mantiene deudas con la Administración de Servicios Médicos (ASEM), que opera el Centro Médico en Río Piedras.
Durante las vistas públicas sobre el presupuesto, la administradora de ASEM, Ana Rius, recordó que esa agencia funciona con un déficit operacional desde el 2008, y que al presente arrastra deudas ascendentes a $124,5 millones con suplidores y agencias del gobierno.
Al mismo tiempo, según el proyecto de ley aprobado con 43 votos a favor y cuatro en contra, muchas aseguradoras tienen pagos en retraso por servicios que les ha provisto la ASEM.
"Es inaceptable que una entidad aseguradora aspire a acceder a la millonaria contratación gubernamental de la reforma de salud mientras se niega a pagar sus deudas al principal centro hospitalario del país", reza la exposición de motivos de la medida.
Según la pieza legislativa, con la certificación de que las compañías aseguradoras no mantienen deudas con la ASEM, "se asegura que las arcas del erario no se vean afectadas con deudas recurrentes sin saldar, y por otro lado, se da un incentivo adicional para que las mismas sean satisfechas so pena de no poder obtener contrato alguno" con el gobierno hasta que demuestre que cumplió con sus obligaciones.
Según el proyecto, la certificación negativa de deuda deberá expedirse, al menos, 60 días antes de la vigencia de cualquier contrato de la compañía de seguros con la Administración de los Servicios de Salud para la reforma de salud.
De otra parte, y con la oposición de la delegación del Partido Nuevo Progresista, la Cámara dio paso a un proyecto de ley que enmendaría la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria de Barcos Cruceros para que los incentivos dirigidos a ese sector sean administrados por la Compañía de Turismo y no por la Autoridad de los Puertos, que es la entidad que hasta ahora otorga los fondos para cumplir con las ayudas.
La medida revertiría una ley aprobada el pasado cuatrienio que puso en manos de Puertos ese proceso.
"La Compañía de Turismo ofrece un sinnúmero de incentivos a los diferentes sectores de la industria turística, por lo que cuenta con los recursos y experiencia para ofrecer, manejar y otorgar los incentivos a la industria de barcos cruceros", indica la exposición de motivos de la medida.
El proyecto, sin embargo, permite que la JRT intervenga en un caso y emita una opinión sobre aspectos técnicos que requieran su pericia sobre el tema de las telecomunicaciones. (angel.rivera@gfrmedia.com)
La medida, aprobada con 18 votos a favor y seis en contra, revierte las disposiciones de una ley aprobada en el 2005.
El Senado aprobó hoy un proyecto de ley que elimina la jurisdicción exclusiva que actualmente tiene la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) para atender pleitos de clase incoados por consumidores en contra de compañías de telecomunicaciones o de televisión por cable.
La medida, aprobada con 18 votos a favor y seis en contra, revierte las disposiciones de una ley aprobada en el 2005 al restituirle al Tribunal de Primera Instancia la facultad primaria para adjudicar ese tipo de controversias y, además, elimina el tope de $5 millones que el mismo estatuto estableció como límite de las compensaciones a las que tendrían derecho los miembros de una clase que prevalezcan en un caso.
"Esta Asamblea Legislativa entiende que certificar un pleito de clase es un asunto de derecho sustantivo, y el foro con la pericia e infraestructura necesaria para atender dichos pleitos es el Tribunal General de Justicia. Ello también reconoce que la rigurosidad del foro judicial salvaguarda el derecho al debido proceso que les asiste a las compañías de telecomunicaciones y cable televisión que se exponen a perder un interés propietario", reza la medida de los senadores populares Eduardo Bhatia, Ramón Luis Nieves y Ramón Ruiz.
El proyecto, sin embargo, permite que la JRT intervenga en un caso y emita una opinión sobre aspectos técnicos que requieran su pericia sobre el tema de las telecomunicaciones.
Al defender la pieza legislativa, el senador Nieves afirmó que cuando se le confirió la jurisdicción exclusiva a la JRT en el 2005, a la ley se le incluyeron presuntamente de manera inadvertida algunas enmiendas, entre ellas el que tuviera vigencia retroactiva. Ello, según el legislador, para favorecer a una compañía de telefonía que entonces enfrentaba un pleito de clase en el tribunal y que al trasladar el pleito al foro administrativo se exponía solo a pagar compensaciones más bajas.
Aunque lo criticó enérgicamente, el proyecto de ley aprobado este jueves también incluye una cláusula retroactiva al establecer que su vigencia será inmediata y, además, "surtirá efecto sobre cualquier procedimiento pendiente a esta fecha o que se radique con posterioridad a la misma".
La senadora novoprogresista Margarita Nolasco presentó infructuosamente una enmienda para establecer que la pieza tendría vigencia prospectiva.
"Esta enmienda en la parte de retroactividad no afecta los derechos sustantivos de las partes... La Junta (Reglamentadora de Telecomunicaciones) no ha tomado determinaciones sobre los efectos sustantivos de las partes en los cinco pleitos de clase que tiene", señaló Nieves.
Nolasco también rechazó la medida por entender que beneficiaría a los abogados José Andreu García y José Andreu Fuentes, vinculados con figuras del Partido Popular Democrático y quienes representan legalmente a las clases en dos casos actualmente ante la consideración de la JRT.
"No cabe duda de que esta ley ha sido hecha a la medida para beneficiar al bufete de abogados que actualmente tiene importantes pleitos de clase pendientes ante la Junta Reglamentadora, y pretenden que este Senado los beneficie, no solo eliminando la jurisdicción de la Junta Reglamentadora, sino engrosando sus arcas personales con la eliminación de los topes establecidos, abriendo la puerta a honorarios millonarios", sostuvo la legisladora del Partido Nuevo Progresista.
De otra parte, el Alto Cuerpo dio paso de manera unánime a un proyecto de ley que establecería un programa de retiro temprano voluntario en la Autoridad de los Puertos.
Según la pieza legislativa, podrían acogerse al beneficio aquellos empleados que hayan comenzado a cotizar bajo las disposiciones de la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno antes del 1 de abril de 1990, y que al 30 de junio de este año tengan, al menos, 20 años de servicio.
De igual forma, el Senado aprobó con 21 votos a favor y tres en contra un proyecto que enmendaría el Código de Rentas Internas para imponer un arbitrio a la venta del tabaco para mascar.
Los recaudos por ese gravamen estarían destinados en partes iguales a la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música, la Corporación de las Artes Musicales, el Fondo Especial de Control de Tabaco del Departamento de Salud y el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.
La medida, aprobada por unanimidad, enmienda la Ley de la Policía de Puerto Rico, para equiparar la situación de los dependientes de agentes muertos fuera de servicio con la de aquellos que mueren en servicio. (Archivo)
La medida enmienda la Ley de la Policía de Puerto Rico para equiparar la situación de los dependientes de agentes muertos fuera de servicio con la de aquellos que mueren en servicio.
La Cámara de Representantes aprobó este jueves legislación para extender a 12 meses el pago de mensualidades a las viudas, viudos o dependientes de policías que mueran por causas naturales o accidentes no relacionados con su trabajo.
La medida, aprobada por unanimidad, enmienda la Ley de la Policía de Puerto Rico, para equiparar la situación de los dependientes de agentes muertos fuera de servicio con la de aquellos que mueren en servicio.
“Esta ley es una de justicia para todos los policías, ya que, aunque el o la agente del orden público falleciera en circunstancias que no fueran en el cumplimiento del deber, siempre y cuando mantuviera una conducta regida por la probidad moral en su sus funciones, su familia no quedará desprovista de un beneficio tan importante como resulta ser el pago de 12 mensualidades de lo que era su salario bruto como miembro de la uniformada”, dice la exposición de motivos de la medida.
La Cámara también aprobó legislación para conceder al Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico la autonomía para establecer y administrar su propio sistema de admisiones.
La medida, que enfrentó la oposición del grueso de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), remueve de la Policía de Puerto Rico la administración del sistema de admisiones y reclutamiento para el Colegio.
En el informe positivo que recomienda la aprobación de este proyecto, se consigna la oposición del superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, quién le indicó a la comisión de Seguridad Pública, que evaluó la misma, que la selección de candidatos a la Policía tiene que recaer en primera instancia en la figura del Superintendente.
También avaló la Cámara una resolución para evaluar la posibilidad de crear en Puerto Rico un Negociado contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y las Armas Ilegales.
Se dispuso, además, que “tendrá la responsabilidad de ejercer todas las funciones y responsabilidades de la Administración que le sean delegadas por la Junta de Gobierno”. (david.villafane@gfrmedia.com)
Esta legislación pasa ahora a la consideración del Senado.
La Cámara de Representantes aprobó una medida legislativa que le concede más poderes y facultades a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, y que se los quita al administrador, Miguel Hernández Vivoni. Esta legislación pasa ahora a la consideración del Senado.
Además, en la sesión cameral de este miércoles, también se aprobó el proyecto que autoriza la emisión de una licencia de conducir provisional a los extranjeros residentes en la Isla que no hayan legalizado su residencia legal y la legislación que elimina la Oficina del Inspector General (OIG).
El proyecto sobre la AVP enmienda las funciones del Administrador y dispone que él sea “el funcionario ejecutivo de la Administración que responderá directamente a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, y llevará a cabo cualquier gestión, directriz o encomienda que dicha Junta le asigne”.
Se dispuso, además, que “tendrá la responsabilidad de ejercer todas las funciones y responsabilidades de la Administración que le sean delegadas por la Junta de Gobierno”.
La controversia en torno a este proyecto gira porque la pasada administración nombró como administrador y por un periodo de siete años a Hernández Vivoni, quien fue el secretario de la Vivienda bajo el gobierno de Luis Fortuño. La confirmación del funcionario, luego de pasadas las elecciones, tuvo entonces la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado.
El proyecto no destituye a Hernández Vivoni, pero pasa a manos de la Junta los principales poderes que él ostentaba como administrador.
Por otra parte, el Proyecto de la Cámara 900 enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y deroga la Ley 79 de 2005, conocida como la Ley de Requisitos para obtener permiso (licencia) para conducir vehículos de motor en Puerto Rico, para crear una nueva licencia de conducir provisional.
Para obtener esta licencia será elegible “toda persona extranjera que haya residido en Puerto Rico, por un periodo mayor a un año; que no posea una tarjeta de seguro social ni un documento que verifique que no es elegible o no se le aplica asignarle un número de seguro social; y que no posea documentación que demuestre que es ciudadano de los Estados Unidos de América, o documentación expedida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de América (United States Citizenship and Immigration Services) que autorice su presencia en los Estados Unidos de América”.
Los requisitos para la expedición de dicha licencia, incluyen poseer una licencia de aprendizaje provisional expedida conforme a esta misma Ley y poseer un pasaporte vigente de su país de ciudadanía o una identificación consular vigente expedida por un consulado de su país de ciudadanía con el propósito de identificar a la persona.
Otro de los proyectos y resoluciones aprobados por la Cámara es el que deroga la Ley que creó la Oficina del Inspector General y transfiere esas funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
La Legislación, además de derogar la Ley 42-2010, que fue la que creó la OIG, añade un nuevo artículo a la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para asignarle nuevas funciones de auditoría operacional, gerencial o administrativa en las agencias del gobierno y en sus corporaciones públicas “para determinar el grado de éxito y eficiencia alcanzado por los programas, proyectos, o actividades gubernamentales y para evitar o combatir todo desperdicio, gastos excesivos y la duplicidad en el uso de fondos públicos”.
También le asigna coordinar y ampliar los esfuerzos gubernamentales para promover la integridad y eficiencia en el manejo de fondos públicos, estatales y federales y le confiere el poder de citar testigos, tomar juramentos o declaraciones, tomar testimonios y requerir la producción de libros, fotografías, expedientes y documentos para completar o desarrollar cualquier investigación que esté llevando a cabo.
Todas estas medidas pasan ahora a la consideración del Senado.
